En una entrevista reciente el profesor Juan Luis
Arsuaga, codirector de las excavaciones de Atapuerca, destacaba lo que
hubiéramos sido capaces de hacer si los 25.000 millones de euros inyectados a Bankia se hubieran dedicado a ciencia y tecnología
y el impacto que esto hubiera tenido sobre la hambruna
político-intelectual que vino después. No hay mucho que añadir a eso.
Hace unos días, con todo el país y el Gobierno volcado en la quimera
olímpica, fuimos muchos los que nos alegramos de que no dieran la sede
olímpica de 2020 a Madrid. Nuestro Gobierno estaba dispuesto a invertir
1500 millones de euros para garantizar el proyecto. En fin, un paso al
frente para consolidar el modelo que nos llevó al abismo, construcciones
y servicios. Poca imaginación, ¿no? De nuevo, sólo imaginar que ese
dinero se hubiera comprometido en un nuevo modelo de desarrollo basado
en ciencia y tecnología pondría la piel de gallina. Recordemos que el gasto real en I+D presupuestado para 2013 por el estado es de 2266,78 millones de euros.
Sin embargo lo que tenemos en este momento es penuria y lo que nos
hubiera gustado que ocurriese es sólo parte de nuestros sueños. El
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad,
impone un corsé absolutamente intratable para la ciencia nacional y
especialmente para la universidad pública, su motor más importante. Se
impone una tasa de reposición de puestos de las administraciones
públicas del 10 %, que se llevará a cabo de manera indiscriminada. De
nuevo una medida que claramente indica que la crisis es una excusa
ideológica para desmontar lo que se fue construyendo entre todos en los
pasados 30 años.
En las universidades se producen
situaciones dantescas. En algunos casos, en las más envejecidas, es una
descapitalización en toda regla. Universidades como la de Sevilla han
perdido más de 150 funcionarios en el último año. Con la tasa de
reposición sólo se pueden cubrir 15 plazas. Da lo mismo si las bajas se
producen en sitios científicamente productivos, en otros capaces de
generar recursos para la universidad o, sencillamente, en áreas o
departamentos con mucha carga docente. La medida es ciega; absurda, nos
atrevemos a decir.
En el otro extremo están las
universidades jóvenes. Por ejemplo la universidad Rey Juan Carlos, que
con una plantilla en consolidación sólo jubiló a 8 funcionarios docentes
en el 2012. La comunidad de Madrid, interpretando el decreto de la
forma más cicatera, indicó que no puede convocarse ninguna plaza en este
año al no alcanzar el valor cabalístico de 10 ¿Qué hacer? ¿Quizás
acabar con algún profesor para que sumen 10 las bajas y jubilaciones?
Perdón por la licencia.
Muchas universidades, al
amparo de su autonomía, hicieron caso omiso al decreto y convocaron
plazas de funcionarios docentes a pesar de todo. Plazas en muchos casos
urgentes, como las necesarias para consolidar contratos de Ramón y Cajal
a su término, tal y como se habían comprometido a hacer al incorporar a
dichos investigadores y convencidos de que, de no ser así, se perdería
ese capital tan valioso. Ante el asombro de toda la comunidad
universitaria, el ministerio de Economía y Competitividad puso sus
servicios jurídicos a pleitear para echar atrás todos esos concursos.
Para sorpresa de todos, dichos servicios solicitaron la suspensión
cautelar de las convocatorias.
Desgraciadamente, las 47 plazas de la Universidad de Valencia
recurridas por Hacienda no son el único ejemplo. Esta suspensión
implica, para los legos en temas jurídicos, que estos nuevos
funcionarios docentes e investigadores vuelven a su posición anterior al
concurso hasta que todo se resuelva, lo cual puede llevar años. Además,
demostrando una sensibilidad fuera de lo común (han obviado que) en la
mayoría de los casos esa vuelta es imposible; por ejemplo, los
contratados Ramón y Cajal por quedar extintos o, sencillamente porque
las plazas que dejaron ya están ocupadas.
Afortunadamente, algunos jueces no han admitido dicha suspensión aunque
el recurso ha sido elevado a instancias superiores. Pero nos da una idea
de los métodos que no duda en poner en juego el Ministerio de Economía y
Competitividad cuando alguna universidad se atreve a levantarle un poco
la voz. Y, una vez más, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Qué ahorro
representan estas poquísimas plazas que se han convocado? ¿Cómo se
compara este mínimo gasto con todo lo demás y cómo se compara su
retorno? No, no son recortes, son mandatos ideológicos sin ninguna
justificación económica real. Especialmente cuando los profesores no
estabilizados, si no emigran, se ven muchas veces abocados a buscar
trabajo en universidades privadas, obvias beneficiarias de los recortes
en la universidad pública.
Por supuesto que era
necesario una reforma de la carrera investigadora y docente, una reforma
que ajustase los recursos y las plazas en función de la competitividad,
eficacia, internacionalización y éxito, medido como se decida, para
ajustar las plantillas. Acabar con esos sumideros de profesionales
deshonestos que no hacen nada y desaparecen con las vacaciones de los
estudiantes, contratados sin méritos en procesos endogámicos y
arbitrarios. Esa lacra no merece un sitio en esas reformas.
Desafortunadamente no avanzamos en esa dirección, y lo que el Gobierno
pone sobre la mesa son recortes que estrangulan a las universidades y
centros de investigación de manera indiscriminada, impidiendo la entrada
de profesionales excelentes a la vez que dificulta la capacidad de
investigar y reduce la calidad de la docencia del personal estable.
Lejos de aprovechar la crisis para mejorar la universidad, la gestión
estatal se ceba de manera descorazonadora en la gente que ha trabajado
bien y ha conseguido sus habilitaciones externas.
Para los colegas a los que les han recurrido las plazas, el sueño de que
el dinero de Madrid 2020 pudiera ir a parar a ciencia y tecnología
sería una esperanza. Vana ilusión porque seguramente irá a cualquier
otro sitio, quizás para reajustar algún desequilibrio de alguna entidad
financiera un poco agobiada.
(*) Adrián Escudero
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Fernando Valladares
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Joaquín Hortal
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Jordi Moya
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Luis Santamaría
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Miguel Angel Rodriguez-Gironés
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