MADRID.- La decisión del fiscal Fernando Sequeros Sazatornil de pedir a la magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Ana María Ferrer que cierre la causa contra la senadora por la Región de Murcia, Pilar Barreiro, pone
en tela de juicio al menos cuatro piezas separadas de la trama
'Púnica', en las que se investiga la mejora del posicionamiento en
'internet' con dinero público de otros políticos, según explican a Vozpópuli fuentes
del caso, que alertan de las diferencias radicales entre las
conclusiones de la Fiscalía del Supremo y de Anticorrupción.
Consciente de este posible efecto dominó, el propio
fiscal del Supremo ya anunciaba en su escrito en el que pedía el archivo
de la causa contra Barreiro la posibilidad de que la decisión de la
magistrada Ana María Ferrer no tuviera que influir en las demás investigaciones seguidas en el marco de la denominada "Operación Púnica".
Un
deseo que no es compartido por las defensas de los imputados, que están
a la espera de que el Supremo, órgano judicial jerárquico de la
Audiencia Nacional, cierre la investigación contra Barreiro, algo que
les daría munición ya que los hechos por los que se le achacan a la
senadora murciana guardan amplias similitudes con otras piezas separadas
de la trama liderada por el ex secretario general del PP madrileño, Francisco Granados.
Cuatro piezas separadas
En la mencionada operación 'Púnica' se siguen cuatro
procedimientos en los que políticos de otras tantas Comunidades
Autónomas están imputados por utilizar fondos públicos para mejorar su
reputación en internet.
Se trata de las piezas
separadas de Murcia, León, Valencia (Gandía) y Madrid, tal y como
explica la exposición razonada de la senadora Pilar Barreiro firmada por las fiscales de Anticorrupción, Carmen María García Cerdá y Teresa Gálvez Díez.
En
los otros tres casos, Anticorrupción ve un mismo patrón de actuación
que en Murcia de lo que denomina el "tándem Alejandro de Pedro y José
Antonio Alonso Conesa".
La Fiscalía Anticorrupción
basa sus análisis en las grabaciones telefónicas, que según las fiscales
permitieron conocer cómo Alejandro de Pedro y su socio José Antonio
Alonso Conesa, "se infiltraban en las administraciones autonómicas y
locales (Murcia, Madrid, Valencia, León) obteniendo indiciariamente, contratos menores en fraude de ley
para dar cobertura a la prestación de los servicios de reputación 'on
line' personales por la sociedad EICO en favor de los cargos públicos
situados al frente de las mismas".
Región de Murcia
De esta forma, los hechos detectados en el Ayuntamiento de Cartagena y en la Consejería de Educación de la Región de Murcia, explican las fiscales, se repitieron en otras administraciones locales y autonómicas que son objeto de investigación en otras piezas de la causa además de la murciana: León, Valencia (Gandía) y Madrid.
En estos otros casos, completan las fiscales, los
imputados De Pedro y Alonso Conesa también utilizaron sus influencias
políticas para acceder a los gestores de las mismas: "En todas ellas
Alejandro de Pedro se valió de la empresa Madiva con sus diarios y
'banners' (publicidades) de cobertura, pese a que los trabajos de
reputación ocultados los realizaba la sociedad EICO", concluyen.
Las fiscales Carmen María García Cerdá y Teresa Gálvez Díez
consideran, por tanto, que los trabajos de reputación personal de Pilar
Barreiro y Pedro Antonio Sánchez no debían ser soportados por los
caudales públicos, ya que no satisfacían "una necesidad pública".
Así,
las fiscales de Anticorrupción creen probado que Barreiro, "ante las
noticias negativas" de su presunta implicación en el caso de corrupción
denominado 'Novo Carthago', "se valió de su estrecha amistad con José Antonio Alonso Conesa
[...] para entrar en contacto con Alejandro de Pedro, con la finalidad
de que la empresa de dicho investigado le realizase trabajos dirigidos a
limpiar y cuidar su reputación en las redes sociales".
Y
estos trabajos se hicieron, siempre según las conclusiones de
Anticorrupción, gracias a los presupuestos del propio Ayuntamiento
dirigido por Barreiro, pero también con los de la Consejería de
Educación, que entonces encabezaba Pedro Antonio Sánchez,
que meses después consiguió ser presidente de la Región de Murcia,
cargo del que tuvo que dimitir tras ser imputado por el Tribunal
Superior de Justicia de Murcia por los mismos hechos por los que la
Fiscalía del Supremo quiere exonerar ahora a Barreiro.
El interés por parte de Barreiro, prosiguen las fiscales,
de que se difundiese una imagen positiva suya en internet, "fue
aprovechado por Alejandro de Pedro y por José Antonio Alonso Conesa para
elaborar concordadamente con la misma un plan criminal (concierto)
que permitiría que la mercantil EICO trabajase de manera confidencial
la reputación de Pilar Barreiro, costeando el erario público los
trabajos personales de la alcaldesa, a través de la contratación pública
de servicios" con otra de las empresas de la trama, además de la
creación de un diario digital.
Por todo ello, las fiscales de Anticorrupción concluyeron en su exposición razonada al Supremo que existían "indicios sólidos y datos objetivos" que
demostraban la existencia de dos conciertos en pro de la realización de
trabajos personales "confidenciales" a Pilar Barreiro, que perseguirían
posicionarla entre los primeros puestos en buscadores de internet,
"siempre reflejando una imagen que le fuese favorable, algo que
evidenciaba el carácter personal y no institucional del servicio".
Por el contrario, el fiscal del Supremo Fernando Sequeros Sazatornil consideró
en el escrito en el que pedía el archivo de la acusación contra
Barreiro, tras declarar la senadora murciana en enero en el Alto
Tribunal, que la creación de un periódico digital financiado por el
Ayuntamiento de Cartagena, con la senadora de alcaldesa, así como la
mejora de su imagen personal en internet a cargo del dinero público,
"podría ubicarse perfectamente, sin desbordarlo, en el ámbito de la
promoción, defensa y comunicación de las políticas públicas de interés
general".
Fernando Sequeros Sazatornil,
concluyó que de la actuación de Barreiro no se desprende que
participara en hechos objetivos penalmente relevantes: "No se detectan,
en contra del parecer del magistrado instructor del Juzgado Central de
Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, [Eloy Velasco],
la existencia de indicios de responsabilidad suficientes que conlleven
la necesidad de dirigir el procedimiento contra la aforada. Tampoco se
han consolidado los principios de prueba que deberían dar vigor a las
sospechas de corrupción contra ella", completó el fiscal del Supremo.
Además, el fiscal del Supremo asegura, también de forma
contraria a sus colegas de Anticorrupción, que no hay datos
incriminatorios que puedan revelar que Barreiro participó en la
elaboración de un "plan criminal", para que
el gasto personal de los trabajos de reputación anteriormente
referidos, a efectuar por la sociedad EICO, fuera asumido por la
Consejería de Educación de la Región de Murcia, a través de la
adjudicación de un contrato de coberdura con el objeto simulado de
formación.
Y como prueba de esta supuesta ausencia de
pruebas, el fiscal destacó que no existía "documento alguno" que
permitiera confirmar esa hipótesis. "Y en cualquier caso, porque la
asunción de los gastos debería haber corrido, contrariamente, a cargo
del Partido Popular de Cartagena, conforme a lo afirmado por la
investigada y confirmado por el presidente de aquel, Francisco Celdrán Vidal, en su declaración ante la magistrada", asegura Sequeros Sazatornil.
La petición de archivo de la Fiscalía del Supremo se conoció días antes de que la exjefa de prensa de Esperanza Aguirre, Isabel Gallego,
reconociera en una declaración que varios de los consejeros del
Gobierno de la Comunidad de Madrid se pagaban la mejora en internet de
su imagen con "chiringuitos" públicos.
Y por eso este
testimonio de Gallego, en el que explica cómo actuaban los cargos
públicos tras contratar al informático de la trama, ha sido enviado,
tras reclamarlo la Fiscalía Anticorrupción, por el juez de apoyo del
Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, a la causa contra la senadora murciana.
Barreiro, que como senadora está aforada en el Tribunal Supremo, fue objeto de una exposición razonada del magistrado Eloy Velasco,
que antes de abandonar su puesto de titular del Juzgado Central de
Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional pidió su imputación en el
Alto Tribunal.
Velasco tomó esa decisión, con el apoyo
de las fiscales de Anticorrupción, y después de que enviara a juicio a
la denominada pieza separada de la Púnica murciana, aunque la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al nuevo juez del caso, Manuel García-Castellón a reabrir el procedimiento, según adelantó el diario La Verdad.
Entre
los imputados en esta pieza murciana se encuentra el expresidente de
esta Comunidad Autónoma Pedro Antonio Sánchez, que al dejar de ser
diputado autonómico en la Asamblea de Cartagena ya no está aforado, por
lo que su caso se investiga junto al resto de investigados de la Región
de Murcia en la Audiencia Nacional.
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