MADRID.-El Ayuntamiento de Madrid gobernado por Ana Botella vendió 1.860
viviendas sociales a fondos buitre y esta operación ha sido muy rentable
para estos últimos. El valor de estas viviendas ha aumentado un 227%,
según los cálculos del propio fondo buitre que las compró. Además, los
alquileres que cobra a los inquilinos ese fondo han subido un 49%, según eldiario.es.
Blackstone (Fidere) pagó por promociones de viviendas de protección
oficial (VPO) con inquilinos en su interior casi 202 millones
(201.986.870 euros). De ese importe, 128 millones de euros corresponden a
las promociones. Según los cálculos que ha efectuado el fondo buitre
elevan el valor actual de mercado de esas casas por encima de los 660
millones (662.098.184 euros).
Se trata de un 227% de rentabilidad patrimonial. Pero el
beneficio no es solo ese. Hay que añadirle la rentabilidad que obtienen
por los arrendamientos de esas viviendas. En concreto, la rentabilidad
de la parte de su cuenta de explotación en el ámbito residencial fue del
14,56% de beneficio neto con respecto a los ingresos. Por los
alquileres se incrementaron con respecto a 2015 en 5,5 millones de euros
(49% más).
Los datos los facilitó
el concejal de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato durante el pleno
municipal de este miércoles que aprobará el dictamen de la comisión de
investigación que considera "ilegal" esta venta de viviendas sociales a
fondos buitre.
Sánchez Mato como portavoz de la comisión, defenderá el dictamen que ahora Ciudadanos rechaza. El partido naranja que votó a favor del primer dictamen, se abstuvo en la votación del 6 de abril.
Sánchez Mato como portavoz de la comisión, defenderá el dictamen que ahora Ciudadanos rechaza. El partido naranja que votó a favor del primer dictamen, se abstuvo en la votación del 6 de abril.
Ciudadanos justifica su cambio de criterio aludiendo a la causa
judicial abierta por esta venta de pisos sociales por parte el
Ayuntamiento de Ana Botella a fondos buitre. La judicialización del
caso, aseguraron en un escrito que el partido envió al resto de grupos,
"afecta de forma trascendental al desarrollo de la actividad de la
Comisión de Investigación".
La venta de 1.860 viviendas sociales a fondos buitre se produjo fuera
de la legalidad. El Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) y el
Gobierno de Ana Botella "actuaron con desprecio absoluto a los
arrendatarios".
Estas fueron las principales conclusiones a las que llegaron los grupos municipales de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos en la Comisión de investigación sobre la Deuda del Ayuntamiento de Madrid centrada en la venta de inmuebles sociales por parte de la EMVS a fondos de inversión en septiembre de 2016 y que ahora Ciudadanos rechaza. Este viernes el dictamen se ratificará con los votos de PSOE y Ahora Madrid.
Estas fueron las principales conclusiones a las que llegaron los grupos municipales de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos en la Comisión de investigación sobre la Deuda del Ayuntamiento de Madrid centrada en la venta de inmuebles sociales por parte de la EMVS a fondos de inversión en septiembre de 2016 y que ahora Ciudadanos rechaza. Este viernes el dictamen se ratificará con los votos de PSOE y Ahora Madrid.
El agujero patrimonial por la venta de
los inmuebles supuso para el Ayuntamiento de Madrid 31 millones de euros
en el mejor de los casos, según especificó la Cámara de Cuentas en su
informe. Sin embargo, desde el Consistorio lo cuantifican en alrededor
de 160 millones de euros.
Los fondos buitre pagaron 128,5 millones de euros, un precio "que fijaron ellas mismas", según se extrae de las conclusiones de la comisión. La encargada de tasar el precio de venta fue la consultora Price Water House Cooper (PwC).
Desde la comisión recuerdan que "no es una empresa tasadora" y que a la vez que trabajaba para el Ayuntamiento lo hacía también para los fondos de inversión.
Los fondos buitre pagaron 128,5 millones de euros, un precio "que fijaron ellas mismas", según se extrae de las conclusiones de la comisión. La encargada de tasar el precio de venta fue la consultora Price Water House Cooper (PwC).
Desde la comisión recuerdan que "no es una empresa tasadora" y que a la vez que trabajaba para el Ayuntamiento lo hacía también para los fondos de inversión.
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