MADRID.- El Ayuntamiento de Madrid sigue esperando el 'sí' de la Comunidad a la
modificación de las normas urbanísticas que aprobó con la mayoría
absoluta del PP el pasado julio y que servirá para regular desde las
cocinas industriales a los pisos turísticos, además de otras realidades
en la ciudad como el 'cohousing', el 'coliving', la flexibilización de
usos, la agilización de los trámites administrativos, la simultaneidad
de las declaraciones de impacto, las tramitaciones de impacto ambiental o
la mejora de las declaraciones responsables.
Desde la aprobación por parte de Cibeles, la Comunidad de Madrid puso en marcha el cronómetro porque cuenta con cuatro meses como máximo para ratificar las normas. La mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento hizo posible desencallar las normas, que contaron con la abstención de Vox y el rechazo de Más Madrid y PSOE en un Pleno extraordinario celebrado al cumplirse menos de un mes desde la constitución de la nueva Corporación.
El Gobierno local espera que el regional no agote ese plazo máximo, especialmente porque es un expediente ya trabajado a nivel técnico, institucional y político con la Comunidad de Madrid, "que conoce perfectamente desde el mes de diciembre del año pasado", apuntaba al inicio del verano el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.
La vice alcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, transmitió a finales de agosto que esperaban que la Comunidad de Madrid agilice los trámites y ratifique pronto las normas urbanísticas, una vez que la moratoria aplicable a las licencias de cocinas industriales expirara a mediados del pasado mes.
Teniendo en cuenta que los plazos para la concesión de una de estas instalaciones industriales se prolonga unos tres meses entienden desde el Ejecutivo municipal que "no va a haber ningún tipo de vacío legal y que todas las nuevas peticiones se van a tener que acoger a las nuevas normas".
"No esperamos que haya ningún vacío legal, entre otras cosas porque el plazo para otorgar licencias por parte del Ayuntamiento de Madrid es de tres meses. Durante esos tres meses, si se aprueban definitivamente por la Comunidad de Madrid esas normas urbanísticas, entrarán en vigor las limitaciones para esas licencias y, por tanto, no tendremos que dar ninguna licencia con los condicionamientos anteriores a la aprobación de las normas", explicó Carabante en su momento.
Carabante ha defendido que las nuevas normas urbanísticas impulsarán la creación de "4.182 empleos e incrementará en 215 millones el PIB de esta ciudad al introducir agilidad administrativa".
Las normas urbanísticas salieron adelante a la tercera, tras dos comisiones fallidas en el mandato anterior, cuando el dictamen fue desfavorable. Modificar las normas era "necesario, urgente e imprescindible", en palabras del Gobierno, porque la realidad es que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997 se ha quedado atrás en la atención de las realidades de la ciudad 25 años después, con la irrupción de las cocinas agrupadas, el reparto a domicilio, las nuevas formas de convivencia o el 'factor verde'.
El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño, anunciaba al comienzo del verano que el principal grupo de la oposición llevará a la Justicia el "fraude" y el "atropello" que suponen las modificadas normas urbanísticas y todo para evitar que el Gobierno municipal "se salte la ley" y reduzca los controles.
Rubiño vaticinaba que las nuevas normas sólo generarán "la ley de la selva" con las cocinas industriales hasta que la Comunidad de Madrid dé el visto bueno definitivo.
El portavoz socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Barrero, cargaba por su parte contra el "rodillo del PP", que beneficiará "a los mismos". De los más de 200 millones en el PIB que apuntaba el Gobierno, "más del 80 por ciento irán a la construcción, las finanzas y los seguros", unido al "limbo jurídico" en el que quedan las cocinas fantasma hasta la aprobación por la Comunidad, criticaba el PSOE.
Desde la aprobación por parte de Cibeles, la Comunidad de Madrid puso en marcha el cronómetro porque cuenta con cuatro meses como máximo para ratificar las normas. La mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento hizo posible desencallar las normas, que contaron con la abstención de Vox y el rechazo de Más Madrid y PSOE en un Pleno extraordinario celebrado al cumplirse menos de un mes desde la constitución de la nueva Corporación.
El Gobierno local espera que el regional no agote ese plazo máximo, especialmente porque es un expediente ya trabajado a nivel técnico, institucional y político con la Comunidad de Madrid, "que conoce perfectamente desde el mes de diciembre del año pasado", apuntaba al inicio del verano el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.
La vice alcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, transmitió a finales de agosto que esperaban que la Comunidad de Madrid agilice los trámites y ratifique pronto las normas urbanísticas, una vez que la moratoria aplicable a las licencias de cocinas industriales expirara a mediados del pasado mes.
Teniendo en cuenta que los plazos para la concesión de una de estas instalaciones industriales se prolonga unos tres meses entienden desde el Ejecutivo municipal que "no va a haber ningún tipo de vacío legal y que todas las nuevas peticiones se van a tener que acoger a las nuevas normas".
"No esperamos que haya ningún vacío legal, entre otras cosas porque el plazo para otorgar licencias por parte del Ayuntamiento de Madrid es de tres meses. Durante esos tres meses, si se aprueban definitivamente por la Comunidad de Madrid esas normas urbanísticas, entrarán en vigor las limitaciones para esas licencias y, por tanto, no tendremos que dar ninguna licencia con los condicionamientos anteriores a la aprobación de las normas", explicó Carabante en su momento.
Carabante ha defendido que las nuevas normas urbanísticas impulsarán la creación de "4.182 empleos e incrementará en 215 millones el PIB de esta ciudad al introducir agilidad administrativa".
Las normas urbanísticas salieron adelante a la tercera, tras dos comisiones fallidas en el mandato anterior, cuando el dictamen fue desfavorable. Modificar las normas era "necesario, urgente e imprescindible", en palabras del Gobierno, porque la realidad es que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997 se ha quedado atrás en la atención de las realidades de la ciudad 25 años después, con la irrupción de las cocinas agrupadas, el reparto a domicilio, las nuevas formas de convivencia o el 'factor verde'.
El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño, anunciaba al comienzo del verano que el principal grupo de la oposición llevará a la Justicia el "fraude" y el "atropello" que suponen las modificadas normas urbanísticas y todo para evitar que el Gobierno municipal "se salte la ley" y reduzca los controles.
Rubiño vaticinaba que las nuevas normas sólo generarán "la ley de la selva" con las cocinas industriales hasta que la Comunidad de Madrid dé el visto bueno definitivo.
El portavoz socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Barrero, cargaba por su parte contra el "rodillo del PP", que beneficiará "a los mismos". De los más de 200 millones en el PIB que apuntaba el Gobierno, "más del 80 por ciento irán a la construcción, las finanzas y los seguros", unido al "limbo jurídico" en el que quedan las cocinas fantasma hasta la aprobación por la Comunidad, criticaba el PSOE.
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