MADRID.- Las asambleas de barrios y pueblos de Madrid, creados este fin de semana a raíz del movimiento 15 de mayo y que volverán a reunirse mañana sábado, han desarrollado un taller de mediación para transmitir a sus portavoces un serie de técnicas y herramientas dialécticas para tratar con los agentes y burlar las prohibiciones en caso de que éstos les exijan una autorización para llevar a cabo la reunión.
De esta forma, la comisión legal de estas asambleas considera que estas asambleas son legítimas porque están amparadas por el derecho de reunión, porque no alteran el orden público, porque no suponen vulneración alguna de los derechos fundamentales y porque no están establecidas como entidad jurídica, "sino como colectivo de ciudadanos que se reúne para ejercitar su derecho de libertad de expresión y de pensamiento".
Por otro lado, opina que las asambleas de barrios y pueblos fomentan un espacio "público y horizontal" de debate donde los individuos pueden participar en la toma de decisiones de este órgano, "a diferencia de lo que ocurre en el sistema democrático representativo, que no permite que los individuos participen en la vida política de forma activa".
La comisión aconseja tener presente que las relaciones con la Policía pueden variar dependiendo de las relaciones personales que se mantengan con los agentes "desde un punto de vista individual y el tipo de autoridad a la que se refiere". "La mediación debe de adaptarse en función de estos parámetros. Por ejemplo, la mediación con la guardia civil debería ser más cuidadosa que con una autoridad local", señalan.
En primer lugar, las asambleas de los barrios recomiendan antes de entrar a una mediación con la Policía hacer una evaluación de fuerzas y plantear si la voluntad es la de resistir, marcharse pacíficamente o negociar.
"A la hora de medir las fuerzas reales es fundamental que la evaluación se haga a nivel cualitativo y no cuantitativo; es decir, es más importante la experiencia, capacidad, templanza, calma y habilidades sociales, que el número de espectadores", apuntan.
A continuación, una vez que los agentes han hecho acto de presencia, recomiendan que la interlocución con ellos se realice fuera del ámbito de la asamblea y que la realicen dos personas con diferentes roles: uno el comunicador y otro el de apoyo.
El primero se ha de encargar de mantener el diálogo con el agente de la autoridad. "Consideramos importantísimo que la actitud del comunicador sea tranquila, respetuosa, asertiva y que tenga absolutamente claro cuál es el objetivo de la medicación y las herramientas para lograrlo", explican en su página web.
Respecto a las herramientas, el movimiento 15 de mayo en los barrios recomienda respetar la figura de autoridad que el agente representa a pesar de sus diferencias ideológicas. "El comportamiento contrario puede dar lugar a un bloqueo de la negociación, y puede derivar en la aplicación de la fuerza por parte de la autoridad", ha señalado.
El taller de mediación con la Policía también aconseja que el papel de la persona de apoyo debe ser el de escucha activa y ayuda silenciosa al comunicador. "Es muy importante que no se genere una contradicción entre ambos roles, para que no se trasmita una sensación de debilidad. Se trata de roles que pueden y deben ser intercambiables, para evitar que se generen figuras de autoridad dentro de la asamblea", han indicado.
Sobre los argumentos, instan a los interlocutores a que recuerden a los policías que les comuniquen que están ejerciendo un derecho constitucional fundamental amparado en el artículo 21, el derecho de reunión.
"Este derecho no puede ser limitado salvo en los siguientes supuestos: alteración del orden público con peligro para los bienes o las personas (cortar el tráfico, impedir acceso a comercios o a recintos públicos, vandalismo, consumir alcohol o estupefacientes, obstruir la vía pública) o la comisión de algún delito", ha recordado la asamblea de barrios.
En el caso en el que los agentes les exijan autorización de la Delegación del Gobierno de Madrid para llevar a cabo la concentración, recomiendan a los interlocutores que no están a tiempo de comunicar dicha reunión.
"Los asistentes en principio no están cometiendo ilícito alguno esté o no autorizada la concentración, excepto en el supuesto en que la autoridad decida desalojar y exista resistencia a la misma, en este supuesto los 'resistentes' se expondrán a sanciones que van de 300 a 30.000 euros en función de las circunstancias", han explicado.
Por último, el movimiento 15 de mayo ha puesto a disposición de los participantes en las asambleas de los barrios y municipios de Madrid varios números de teléfono y un servicio de guardia de tres letrados presenciales respaldados por un equipo de asesores y un correo electrónico al que puedes dirigir sus dudas.
