Gallardón: "El control de Metro le corresponde a la Comunidad, no al Ayuntamiento"

MADRID.- El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que "a quien le corresponde el control de Metro de Madrid es a la Comunidad Autónoma y no al Ayuntamiento".

   Así lo ha afirmado el regidor en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno en la que ha destacado que desde el Consistorio madrileño "se apoya absolutamente todas las medidas adoptadas" por el Ejecutivo autonómico respecto al supuesto cobro de comisiones en la empresa del suburbano.

   "Creo que mientras estén abiertas las investigaciones no debemos hacer comentarios", ha recalcado el alcalde, quien ha adelantado que el presidente de Metro, Juan Bravo, comparecerá ante "cualquier petición que se le haga ante el organismo que tiene que hacerlo, es decir, la Asamblea de Madrid".

   "Metro es una empresa pública que sectoriza en la Comunidad y no en el Ayuntamiento. A quien el corresponde el control de la empresa es a la Comunidad Autónoma y no al Ayuntamiento. En su condición de presidente, Juan Bravo lo hará puesto que es a la Asamblea de Madrid a quien le corresponde el control de la empresa Metro", ha señalado.

   Asimismo, Gallardón ha insistido en que apoya las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid, que ha calificado de "acertadas", y ha destacado que estas "marcan el camino de transparencia y garantía de que todo aquello que se realiza con el presupuesto público tiene que tener plena transparencia informativa".

La FMM ve "imposible" que municipios presten servicios impropios

MADRID.- El alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Federación Madrileña de Municipios y Provincias (FMM), Bartolomé González, ha afirmado este jueves que "es imposible" que los ayuntamientos a día de hoy presten servicios impropios, debido a la caída de ingresos del sector de la construcción.

   En su comparecencia en la segunda sesión de la comisión de duplicidades de la Asamblea de Madrid, González ha explicado que la situación de competencias impropias y de gestión de servicios impropios "era una de las grandes virtudes y potenciales" de las administraciones municipales, pero ha señalado que antes se podrían prestar estas competencias "con los ingresos renuentes fundamentalmente por la actividad urbanizadora y constructiva", cosa que "hoy en ningún caso puede atenderse" y "son fuertemente deficitarios".

   "Los ayuntamientos dentro del marco de la crisis general de las haciendas públicas tienen una crisis especial y singular, más acentuada debido a la conjunción de la crisis con una profundísima crisis del sector inmobiliario que ha supuesto una exponencial reducción de ingresos locales singulares vinculados al hecho urbanístico", ha señalado.

   "Ya sea por la venta del suelo que soportaba en buena medida las inversiones municipales, como la práctica reducción casi a cero del impuesto de construcciones instalaciones y obras y de la drástica reducción del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana que han disminuido mucho", ha explicado el alcalde.

   Por todo ello y apostando por la "eficiencia" en la prestación de servicios, ha abogado por que los ayuntamientos se centren en "los servicios propios olvidando la prestación por sí mismos de los servicios secundarios dando paso a la sociedad para que se implique en la prestación de buena parte de los servicios impropios".

   El alcalde, que ha estado de acuerdo en realizar un catálogo de competencias, ha considerado "absolutamente indispensable un necesario redimensionamiento del sector público en general bajo el prisma de la eficiencia en el gasto".

   González, que ha apostado por ir hacia la implantación de la "administración única", ha abogado por la participación de la sociedad civil y ha apostado por acabar con el carácter "paternalista" de los municipios. "Es el momento de devolver parte de las funciones administrativas a la sociedad civil", ha destacado.

   "Deben suprimirse servicios duplicados", ha defendido González, que ha apostado por "racionalizar las estructuras administrativas" y la cooperación y lealtad entre instituciones, al tiempo que ha abogado por implementar "económicas de escala".

   González ha defendido relanzar el pacto local, pero ha considerado que el Gobierno central es el que debe "redefinir" el marco vigente. Además, ha considerado que el Ayuntamiento debe prestar "los servicios imprescindibles y necesarios" y empezar a "cuestionar" la prestación de todos aquellos servicios que "no son necesarios".

   González ha señalado que él no es partidario de suprimir  servicios, pero ha considerado que por ello, hay que establecer "nuevas fórmulas" para poder prestar estos servicios.

   El diputado socialista Jesús Dionisio ha considerado que lo que hay que "poner en el centro de este debate" son las necesidades de los ciudadanos, que en muchos casos están vinculadas a derechos básicos y en función de ello, buscar y encontrar la financiación necesaria.

   Dionisio ha utilizado su turno de palabra para decir que le "preocupa" ese "redimensionamiento del sector público" del que se está hablando en la comisión y ha preguntado a las bancadas 'populares' qué servicios se van a suprimir.

   Así, tras defender que los ayuntamientos son las administraciones más cercas al ciudadano, ha preguntado a González si cree que los alcaldes atienden las necesidades de los vecinos "por capricho".

   Por último, ha preguntado al presidente de la FMM si está de acuerdo con el desarrollo del pacto local y ha achacado a la Comunidad de Madrid no haber "querido descentralizar el poder". "No ha querido devolver el poder ni a los ayuntamientos ni a los ciudadanos", ha remarcado.

   La parlamentaria de IU Eulalia Vaquero, que ha defendido que lo importante es conseguir prestar unos servicios de buena calidad a los ciudadanos, ha indicado que no se pueden creer que los ayuntamientos "se pongan de acuerdo a la vez al poner en marcha un mismo servicio".

   "Todos estos servicios son inventos de la Comunidad y nunca se hubieran puesto en marcha sin recursos de la Comunidad de Madrid", ha aseverado Vaquero, que ha defendido la "extraordinaria gestión" que en la mayoría de los casos llevan a cabo los consistorios.

   "Estamos ante una comisión interesada", ha aseverado la parlamentaria, que ha citado las palabras de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que dijo que no tenían "un puto duro" y que ha acusado a la Comunidad de "incumplir convenios" y de aplicar "recortes brutales".

   Por parte de UPyD, Ramón Marcos, ha abogado una vez más por la concentración de municipios y se ha opuesto a que los alcaldes puedan ser parlamentarios.

   "¿No creen que debería haber una incompatibilidad entre la condición de alcalde y diputado de la Asamblea de Madrid?", se ha preguntado Marcos con la respuesta del 'popular', Íñigo Henríquez de Luna, que ha afirmado que le parece "muy bien" que suceda esta duplicidad de cargos.

   El portavoz del PP ha afirmado que es necesario "hacer autocrítica" y llevar a cabo un análisis realista de la situación, y "llamar a las cosas por su nombre".

   "No podemos seguir con servicios duplicados, y seguramente no tenía sentido pero se ha hecho", ha afirmado Henríquez de Luna, que ha considerado que "no tiene ningún sentido" que, por ejemplo, "ahora mismo los servicios de ayuda a domicilio los estén prestando los ayuntamientos y la Comunidad.

Salgado: la regla de gasto debe ser "homogénea" en todas las CC.AA.

MADRID.- La vicepresidenta para Asuntos Económicos, Elena Salgado, ha indicado que la regla de gasto debe ser "homogénea" en todas las comunidades autónomas, pero eso no significa que deba ser idéntica.

   En declaraciones a la cadena SER, Salgado apuntó que "no es malo" que haya distintas alternativas dependiendo de cada comunidad, ya que, según admitió, a unas benefician más unos criterios que otros.

   En este sentido, señaló que el Gobierno es partidario de que cada comunidad utilice como parámetro para limitar el techo de gasto el crecimiento de años pasados del PIB de su región, lo que lógicamente será distinto en cada una de ellas, pero también se tendrán en cuenta las previsiones de crecimiento futuras que, en este caso, serían las establecidas por el Gobierno central para el conjunto de España.

   Según Salgado, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se abordaron éste y otros asuntos, hubo un "principio de acuerdo" sobre estos criterios.

   "De lo que se trata es de unificar los criterios aunque la aplicación pueda producir resultados ligeramente distintos dependiendo de la historia de cada comunidad", añadió la ministra, tras defender que las previsiones del Gobierno central son "más robustas, han sido contrastadas con los organismos internacionales y son las que se envían a Bruselas".

   La ministra, que calificó de "bueno" el CPFF de ayer, sí que reconoció que no se obtuvieron los resultados que hubiera deseado el PP, puesto que sus peticiones no se aceptaron.

"Es verdad que el PP había estado varios días tratando de hacer ruido alrededor de este Consejo, pero las propuestas del PP no salieron adelante", admitió Salgado, tras insistir en que, no obstante, todas las comunidades mostraron su compromiso "absoluto" con el cumplimiento de reducir el déficit.

   Dicho esto, la titular de Economía rechazó que exista riesgo de colapso en alguna comunidad, y aseguró que "el esfuerzo mayor" en la reducción del déficit lo está haciendo el Gobierno del Estado, que ha tenido que reducir las inversiones, bajar el salario de los funcionarios o congelar las pensiones. "Así que la asfixia a la que se refieren (las comunidades del PP) es que simplemente tienen que ajustar sus gastos a la situación económica actual", reiteró.

   Además, recordó que las comunidades contarán el próximo año con 8.000 millones de euros más y tendrán que mantener en el 1,3% el déficit, mientras que el Estado contará con un presupuesto inferior al de este año y tendrá que seguir reduciendo su déficit. Por ello, dijo que sería "completamente injusto" atribuirle al Gobierno central cualquier posible recorte de gasto social en las comunidades.

   "La mayoría de los sacrificios del año que viene van a tener que ser hechos por el Gobierno central porque el déficit de las comunidades autónomas va a ser el mismo el año que viene que éste y sin embargo el Gobierno va a tener que seguir reduciendo su déficit", insistió Salgado.

   Por último, se refirió a la propuesta que realizó ayer su departamento para que el ICO ofrezca créditos a las comunidades por la mitad del importe que deben devolver el año que viene al Estado, y afirmó que se trata de una "oferta atractiva".

La Comunidad de Madrid dice sentirse asfixiada por el Estado

MADRID.- El Partido Popular ha acusado al Gobierno de falta de concreción y transparencia en las propuestas puestas sobre la mesa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), especialmente en la relativa al establecimiento de un techo de gasto, y ha calificado de "insuficiente" la oferta de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) financie la mitad de las devoluciones que deben hacer las autonomías al Estado por los anticipos a cuenta de los ejercicios de 2008 y 2009.

   Al término de la reunión, la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha ejercido de portavoz de las comunidades 'populares', mayoritarias en el CPFF tras las elecciones del 22 de mayo, y ha lamentado que el Ejecutivo no haya aceptado su petición de aplazar diez años las devoluciones que deben hacer al Estado de las liquidaciones negativas, algo que les permitiría ganar en liquidez para poder afrontar los gastos.

   Según ha censurado, el Gobierno les ha propuesto a cambio que cada comunidad financie la mitad de su deuda anual a través de un crédito del ICO a devolver en tres años, aunque no ha detallado la propuesta. "Es voluntario pero no soluciona para nada el problema de la devolución", ha advertido la consejera 'popular'.

   En el mismo sentido se ha manifestado sobre la regla de gasto, respecto a la cual todas las comunidades se han comprometido a aprobar una norma específica en sus respectivos parlamentos autonómicos en un plazo de seis meses. Sin embargo, Del Olmo ha recordado que éste es un compromiso que el PP ya llevaba en su programa electoral el pasado 22-M y ha acusado al Gobierno de cambiar su propuesta en el último momento.

   Según ha censurado, el Ejecutivo puso sobre la mesa este martes en una reunión de trabajo una propuesta "cosmética" que contemplaba una homogeneización del gasto de todas las comunidades y al comienzo del CPFF la ha cambiado por una norma "genérica" que les emplaza al mes de septiembre para concretar los detalles del acuerdo. Por ello, en una votación que la consejera castellanoleonesa ha calificado de "churrigueresca", las autonomías sólo se han comprometido este miércoles a llevar la propuesta a sus parlamentos.

   Además, ha criticado al Gobierno por no aceptar su petición de avalar las emisiones de deuda de las comunidades y no aceptar tampoco el pago de los fondos de convergencia, cooperación y competitividad reclamados en base al modelo de financiación autonómica y de los que dependen "una parte muy importante" de los ingresos de las autonomías.

   Del Olmo también ha dejado claro el compromiso de las comunidades del PP con el objetivo de estabilidad presupuestaria, aunque ha explicado que sus comunidades se han abstenido en la votación debido a la "incoherencia clara y falta de información y transparencia" del Gobierno. ¿Cómo es posible fijar el objetivo de estabilidad sin conocer ni siquiera la financiación que recibiremos en 2012?", ha preguntado.

   Junto a la consejera castellanoleonesa ha comparecido el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Percival Manglano, que ha censurado el carácter "anómalo" de las propuestas y votaciones sobre regla de gasto, así como el contenido "deshilvanado" de la propuesta del Gobierno que "no está a la altura" del CPFF. Manglano ha advertido además de la "asfixia" a la que están sometidas las comunidades autónomas como consecuencia de los fondos que Estado "no está transfiriendo" y que les va a hacer llegar a una situación "insostenible" que va a hacer al Ejecutivo tener que tomar medidas "cuanto antes".

   Para Galicia, el balance es "un poco decepcionante" porque las comunidades autónomas no han conseguido arrancar al Gobierno el compromiso de transferir los fondos de convergencia, que según éstas les corresponden en función del sistema de financiación autonómica, que el Gobierno considera que cumple estrictamente.

   En cuanto a la propuesta de recurrir al ICO para financiar la mitad de las liquidaciones negativas de los anticipos, la consejera gallega, Marta Fernández Currás, ha apuntado que "a primera vista es notoriamente insuficiente frente a una petición que sin duda no lesionaba en absoluto las cuentas del Estado y habría sido más coherente con la situación económica", ha señalado en alusión al aplazamiento solicitado por el PP.

   Más optimista se ha mostrado el consejero extremeño, Antonio Fernández, quien ha valorado de forma "bastante positiva" para su comunidad las conclusiones del CPFF y ha constatado una "cierta flexibilidad por parte del Gobierno".  En concreto, ha manifestado su satisfacción por que el Ministerio se haya comprometido a estudiar utilizar como referente para la regla de gasto no sólo el PIB sino también el nivel de endeudamiento de las comunidades autónomas, como habían solicitado Extremadura y Canarias, con la adhesión de Andalucía.

   Por otra parte, en cuanto a la aprobación del plan de reequilibrio financiero de Extremadura para el periodo 2011-2013, ha señalado que a pesar de que lo había confeccionado el anterior Gobierno y considerarlo "poco serio" el nuevo Ejecutivo no sólo lo ha aceptado sino que se ha comprometido a "hacer lo posible para su mejor cumplimiento".

   Desde Aragón, Mario Garcés, ha lamentado que el Gobierno se haya negado a aceptar el aplazamiento de las devoluciones a cuenta pero ha celebrado la medida de financiarlos a través del ICO, una medida que ya ha adelantado que Aragón aceptará para "reducir carga financiera".

   La única representación del PSOE ha sido la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, que ha celebrado los acuerdos adoptados porque considera que están en "sintonía" con lo que pedía la región.

   Desde Cataluña, el consejero de Economía de la Generalitat, Andre Mas-Colell (CiU), considera "un progreso" la propuesta de financiación del ICO y ha recordado que había un "sentimiento general unánime" en todas las autonomías sobre la necesidad de aplazar el pago "provocado por las sobreestimaciones del Gobierno".

   El consejero canario, Javier González Ortiz, de CC, ha subrayado que el mensaje fundamental que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas han lanzado en este CPFF, es que tanto el uno como los otros se han comprometido al control de las finanzas públicas, y éste es un mensaje "claro, positivo y unánime, que debe transmitir tranquilidad al conjunto de los mercados". En lo que respecta a la regla de gasto, ha defendido que el Estado deber ser "sensible" con Canarias.

   El consejero de Economía de Murcia, Salvador Marín, ha trasladado la petición de que los gastos derivados del terremoto de Lorca no se contabilicen en el déficit regional y ha desvelado que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ya ha consultado esta posibilidad de forma informal en el ámbito de la Unión Europea y le han transmitido la posibilidad de llevarlo a cabo si la contabilidad se establece de forma separada. "Le hemos pedido que lo solicite para 2011 y 2012 y nosotros nos comprometemos a llevar esa contabilidad separada", ha garantizado.

El ICO financiará a la CC.AA la mitad de la deuda que tienen que pagar en 2012

MADRID.- La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha dicho que el Gobierno ha ofrecido a las comunidades autónomas durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) abrir una línea ICO para financiar la mitad de las devoluciones a las que tienen que hacer frente en 2012 por liquidaciones de 2008 y 2009, lo que supone 2.500 millones de euros, de los alrededor de 4.800 millones previstos. Esta línea, a la que las comunidades podrán acudir de forma voluntaria, tendrá un plazo de amortización de tres años y se destinará a pagar a proveedores.

   En rueda de prensa, Salgado ha explicado que esta fórmula es "más razonable" que la petición del PP de que se aplacen las devoluciones de los adelantos a cuenta para dotar de más liquidez a las comunidades autónomas.

   Salgado ha argumentado que, en primero lugar, no deberían presentarse problemas de liquidez para las comunidades autónomas durante los próximos años, pero que "en caso de existir alguna dificultad se plantearía en 2012". A ello ha añadido, que estas devoluciones no computan en el déficit ni suponen por tanto un límite del gasto, con lo que su aplazamiento sólo puede servir para reducir el endeudamiento o pagar a proveedores.

   Por otro lado, ha señalado que esta medida, que de momento es sólo una propuesta, ya que requeriría una modificación legal, ha tenido una "razonablemente" buena acogida en primera instancia por parte de las comunidades autónomas, y ha avanzado que podría estar en marcha en 2012.

   Por otro lado, Salgado confirmado que las comunidades autónomas han aprobado "sin ningún voto en contra" la aplicación de una regla de gasto "individual" en cada una de ellas, una regla que habrán de concretar en una proyecto normativo en sus respectivos parlamentos en un plazo de seis meses.

   Salgado ha concretado que "conviene que la regla sea lo más homogénea posible" entre las comunidades y ha avanzado que para asegurarse de ello durante el mes de septiembre se llevarán a cabo reuniones en un grupo de trabajo para discutir unas posibles pautas.

   Si bien, Salgado ya avanzó que entre ellas estará la vinculación del crecimiento del gasto al crecimiento del PIB en años anteriores y a la estimación del crecimiento futuro del PIB nacional, a lo que habrá que sumar un objetivo de inflación no superior al 2%, frente al 1,75% propuesto inicialmente. Asimismo, reiteró que estas reglas deben ser coherentes con los ciclos económicos.

   Por otro lado, Salgado informó de que el CPFF aprobó el objetivo de estabilidad presupuestaria individual de las CC.AA para el periodo 2012-2014, que permite un déficit del 1,3% del PIB regional en 2012; del 1,1%, en 2013, y del 1% en 2014. Si bien, la aprobación de este plan se ha logrado con la abstención de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, algo a lo que Salgado ha quitado importancia diciendo que "cuando el PP no está en contra se abstiene".

   En este punto, Salgado ha señalado también que las comunidades autónomas tendrán en 2012 mayor capacidad de gasto, un margen que estimó en unos 12.750 millones de euros.

   Además, ha informado que durante la reunión se han aprobado los planes de reequilibrio de las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Baleares y la Comunidad Valenciana.

   Por otro lado, Salgado ha asegurado que durante la reunión ni siquiera se ha votado la petición de las comunidades autónomas de que el ICO avale la deuda de las comunidades autónomas, al ser "ilegal", pero si ha distribuido a cada una de ellas las entregas a cuenta en 2012.

Un centenar de 'indignados' recorre el centro de Madrid hasta el Congreso

MADRID.- Decenas de simpatizantes del movimiento 15-M se han concentrado en las proximidades del Congreso de los Diputados tras protagonizar una marcha por las calles del centro de Madrid, obligando a cortar el tráfico en arterias como la Gran Vía madrileña, en protesta por el desalojo registrado durante la mañana de este miércoles en la plaza de Neptuno.

   La marcha, que comenzó a las ocho de la tarde en el Paseo del Prado, ha recorrido calles céntricas de la capital hasta llegar a la Puerta del Sol, donde los concentrados han realizado una sentada y han leído un manifiesto con los puntos principales del documento que este mismo miércoles hicieron llegar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

   En el texto, que también ha sido distribuido durante la marcha por las calles de la capital, se denuncia que "el sistema político y económico actual es el principal culpable del deterioro de las condiciones de vida de la población".

   Tras la lectura de este comunicado en la emblemática plaza madrileña, los 'indignados' han iniciado una marcha para denunciar el desalojo de medio centenar de personas que llevaban acampadas tres días en el Paseo del Prado desde que se celebró la Marcha Popular de Indignados en Madrid, que se ha saldado con cuatro policías y siete jóvenes heridos.

   Encabezados por dos pancartas en las que se leía 'Ninguna agresión sin respuesta' y 'No es la crisis es el sistema', los manifestantes han coreado consignas como 'Asesinos a sueldo, abuso de poder', 'Si nos tocan a uno nos tocan a todos' o 'Se limpia con lejía no con Policía'.

   Escoltados por dos furgones de la Policía Nacional, los 'indignados' han recorrido la calle Alcalá y la Gran Vía, obligando a cortar el tráfico en esta importante arteria madrileña, hasta llegar a las proximidades del Congreso de los Diputados.

   En la sede de la Cámara Baja, en la madrileña carrera de San Jerónimo, una veintena de policías custodiaban el emblemático edificio, rodeado por vallas que impedían el paso de los congregados. Los agentes han desviado la marcha a una de las calles aledañas al Congreso, donde sus participantes han permanecido coreando sus consignas con las manos en alto, sin que se hayan registrado incidentes.

   Una parte de los concentrados en las proximidades del Congreso han indicado a Europa Press que su intención es volver esta noche al Paseo del Prado para seguir con la acampada que tienen intención de mantener hasta el próximo domingo.

   Además, 'Acampada Sol' ha informado en su Twitter oficial la convocatoria para este jueves, por parte del Grupo de Trabajo de Economía, de una concentración pacífica itinerante en la sede del Banco de España a las 12:00 horas y un recorrido posterior por las sedes de las agencias de calificación en Madrid.

Llamazares entrega a Zapatero las demandas de los 'indignados'

MADRID.- El portavoz de IU-ICV en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha entregado este miércoles al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, las demandas de los 'indignados' y ha denunciado la "impermeabilización" de Las Cortes.

  

Fuentes de IU han informado que los 'indignados' se han puesto en contacto con Izquierda Unida para plantear la posibilidad de hablar en el pleno que se ha celebrado este miércoles en el Congreso. Desde Izquierda Unida se les ha explicado que la Cámara Baja tiene un funcionamiento y un orden que no se puede alterar. La propuesta del colectivo ha sido que fuera Gaspar Llamazares quien se encargara de hacer llegar sus propuestas al Congreso.

Así, IU ha recibido una copia de las propuestas del colectivo junto con un escrito que el propio Llamazares ha entregado al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

 "He denunciado el chantaje de los mercados y la impermeabilización del Congreso y entregado las demandas de 'marchaindignada' al presidente", ha escrito Llamazares en su cuenta de Twitter.

En respuesta a las reacciones que ha desatado este comentario, desde muestras de aprobación hasta críticas por "apropiarse" del movimiento 15-M, el diputado de IU ha apuntado que ha estado en las manifestaciones de los 'indignados' con mucha gente de IU, porque comparten "su indignación y buena parte de sus propuestas". 

"Nada más", ha agregado.

  

En el mismo sentido, en otro comentario, ha aclarado que no actúa como portavoz del 15-M sino de IU-ICV, "y muy orgulloso", ha apostillado. No obstante, se ha manifestado "muy honrado de actuar como cartero de 'marchaindignada'".

Las casi cien demandas, agrupadas en cuatro grandes bloques -- corrupción y falta de democracia, problemática agraria y ganadera, privatización y precariedad de los servicios públicos, y empleo industria y vivienda -- han sido elaboradas por los caminantes 'indignados' procedentes de toda España tras llegar a Madrid y poner en común las experiencias vividas en las asambleas celebradas a lo largo del pasado fin de semana en la capital.

Las CC.AA aplicarán reglas de gasto y el ICO financiará parte de las liquidaciones pendientes

MADRID.- Las comunidades autónomas han aceptado aplicar reglas de gasto para contener su déficit, aunque no han acordado una fórmula concreta, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que sigue reunido y en el que el Gobierno ha propuesto que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) financie parte de la liquidación negativa correspondiente a los años 2008 y 2009, que asciende a alrededor de 24.000 euros.

   Así lo ha avanzado la consejera de economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, quien ha comparecido ante los medios en representación de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que, según ha dicho, han mantenido "una postura común".

   Del Olmo ha concretado que las comunidades se han comprometido a presentar a sus respectivos parlamentos una propuesta de regla de gasto en un plazo de seis meses, pero ha asegurado que casi todas las comunidades se han abstenido a la hora de concretar una fórmula, ya que el Gobierno ha presentado una nueva propuesta que no ha dado tiempo a analizar y que presentaba "incongruencias".

   En cuanto a la propuesta de que el ICO alivie parte de la deuda de las comunidades autónomas, la consejera del PP ha indicado que la medida es una "propuesta la aire" y "no solucionará los problemas de financiación" de las comunidades autónomas.

   Asimismo, la consejera 'popular' ha dicho que las comunidades autónomas se han comprometido con los objetivos de déficit, pero con una abstención casi mayoritaria, ya que "aún no tienen noción de los ingresos de los que dispondrán en 2012" y además consideran que el crecimiento previsto del PIB para 2012, del 2,4%, es "difícil de cumplir".

   Así pues, Del Olmo acusó al Gobierno de "falta de transparencia" a la hora de plantear los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El Estado puede imponer "límites presupuestarios" a las CC.AA., según el TC

MADRID.- El Tribunal Constitucional (TC) ha dictaminado que el Estado puede imponer "límites presupuestarios" en materias concretas a las comunidades autónomas, sin que ello suponga un menoscabo de la autonomía financiera de los gobiernos regionales consagrada en la Constitución.

   Así se desprende de la desestimación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento catalán en 2001 contra la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y la Ley Orgánica complementaria de la misma, al considerar que vulneraban la autonomía política y financiera de la Generalitat de Cataluña.

   Ambas leyes, que fueron posteriormente modificadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, obligaban tanto al Estado central como a las comunidades autónomas a conseguir el 'déficit cero' en sus presupuestos y a un control más estricto del gasto público.

   Para el Tribunal Constitucional, la definición de estabilidad presupuestaria se configura como una "orientación de política general que el Estado puede dictar", y añade que la autonomía financiera de las comunidades autónomas "no excluye la existencia de controles, incluso específicos".

   Según dictamina la magistrada ponente Elisa Pérez Vera, es legítimo el establecimiento por parte del Estado de límites presupuestarios en materias concretas, porque la limitación de gasto impuesto a las administraciones públicas "encuentra su apoyo en la competencia estatal de dirección de la actividad económica general, y su establecimiento está encaminado a la consecución de la estabilidad económica y la gradual recuperación del equilibrio presupuestario".

   Además, añade que la imposición de estos topes máximos por parte del Estado también encuentra su fundamento en el límite de la autonomía financiera que establece el principio de coordinación con la Hacienda estatal, el cual exige a las comunidades autónomas "la acomodación" de su actividad financiera a las medidas oportunas que adopte el Estado, tendentes a conseguir la estabilidad económica interna y externa, toda vez que a la Administración Central corresponde la responsabilidad de garantizar el equilibrio económico general.

   En conclusión, determina el TC, la impugnación debe ser desestimada, porque la imposición de límites de gasto a las comunidades autónomas no supone una vulneración de la autonomía financiera de la Generalitat de Cataluña, máxime cuando el artículo 214 del Estatuto de Autonomía de la comunidad condiciona el establecimiento de límites para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria a los dispuestos por la normativa estatal y de la Unión Europea.