viernes, 13 de julio de 2012

Los nuevos ajustes fiscales en España, datos clave

MADRID.- El Gobierno español anunció este viernes la aprobación de una serie de medidas de ajuste presupuestario para lograr los objetivos de déficit público exigidos por la Unión Europea, que supondrán pasar de un déficit público del 8,9 por ciento del PIB en 2011 al 2,8 por ciento en 2014.

Dentro de esta senda de consolidación fiscal, el déficit de España no podrá superar el 6,3 por ciento en 2012 y el 4,5 por ciento en 2013.
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, desgranó, junto con los ministros de Hacienda y de Economía, las medidas de reducción de gasto e incremento de los ingresos públicos con los que pretende cumplir estas metas.

A continuación, las medidas anunciadas:

SUBIDA DEL IVA Y OTRAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS
A partir de septiembre
Impuesto sobre el Valor añadido (IVA):
- Tipo general: del 18 por ciento al 21 por ciento.
- Tipo reducido: del 8 por ciento al 10 por ciento.
- Tipo superreducido: mantiene el 4 por ciento para los productos de primera necesidad.
- Algunos productos y servicios pasarán de IVA reducido a normal, incrementando su cuota hasta el 21 por ciento. El Gobierno no ha especificado todavía cuáles.
- Subida del impuesto sobre el tabaco, fijando un tipo mínimo de 119,1 euros por cada 1.000 unidades, para el tabaco de liar su impuesto mínimo se fija en 0 euros por kilo.

VIVIENDA
- Se reduce un 30 por ciento la ayuda al alquiler de viviendas para jóvenes que pasa a ser de 147 euros al mes frente a los 210 euros actuales.
- Se elimina la subvención para préstamos de vivienda protegida para nuevos beneficiarios.
- Eliminación de la deducción por vivienda habitual para nuevos compradores a partir de 2013.
- Se eleva del 4 por ciento al 10 por ciento el IVA para la compra de nuevas viviendas.
- Las obras de renovación y reparación de vivienda que tributaban al 8 por 100 desde abril de 2010, tributarán hasta final de 2013 al nuevo tipo reducido del 10 por 100.
- Reforma de la tributación medioambiental impulsando el principio de que quien contamina paga.

IMPUESTO DE SOCIEDADES
-Se limita durante 2012 y 2013 la compensación de bases imponibles negativas para entidades con una cifra de negocios superior a veinte millones de euros.
-Se incrementan los pagos fraccionados. El importe mínimo se eleva del 8 por 100 al 12 por 100. El tipo aplicable también se incrementa para entidades con un volumen de operaciones superior a los 10 millones de euros.
-Se amplía la limitación de la deducción por gastos financieros, haciéndola extensiva a todas las empresas en general.
- Se fija un nuevo gravamen del 10 por 100 sobre rentas de fuente extranjera, exclusivo hasta el 30 de noviembre de 2012.

EMPLEO PÚBLICO
- Suspensión del abono de la segunda paga extraordinaria en 2012, que se paga en Navidad, en empleados públicos y altos cargos de la administración central, autonómica y local. Según fuentes sindicales, la paga de Navidad supone entre un 3,5 por ciento y un 7 por ciento del salario anual de los empleados públicos.
- Para los empleados públicos, esta suspensión será compensada a partir de 2015 con una aportación en forma de fondo de pensiones.
- Reducción del número de días de libre disposición de los empleados públicos de seis a tres.
- Se facilitará su movilidad.
- Se ajustará el número de liberados sindicales.

EN MATERIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
- Racionalización y sostenibilidad de la administración local, delimitando competencias, para que los ayuntamientos no puedan prestar servicios sin la financiación necesaria, con un ahorro total de 3.500 millones de euros.
- Mayor control de las cuentas públicas de ámbito local.
- Homogeneización y publicación de las retribuciones de los alcaldes y concejales.
- Se reduce un 31,1 por ciento el número de concejales.
- Eliminación de empresas y fundaciones públicas.
- Se pondrá en marcha un instrumento financiero para dotar de liquidez a las CCAA por importe de 18.000 millones de euros. Aquellas que soliciten el instrumento, que es voluntario, estarán sujetas a condiciones y control adicional del Estado. Las que no paguen podrán ser intervenidas.

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
- El periodo máximo de cobro de la prestación por desempleo seguirá siendo 24 meses, pero a partir del sexto mes, los nuevos receptores verán reducida su prestación por desempleo del 60 al 50 por ciento de la base reguladora para incentivar la búsqueda de trabajo.
- Supresión de gran número de bonificaciones a la contratación, exceptuando las destinadas a emprendedores e integración de discapacitados.
- Reducción de las cotizaciones sociales mínimas en un punto en 2013 y otro punto en 2014.
- Incremento de la base máxima de cotización en cinco puntos porcentuales en 2013 y 2014, aumentando consecuentemente la pensión máxima un punto adicional a la variación del IPC como compensación.
- El Gobierno propondrá al Pacto de Toledo un proyecto de Ley para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento de la jubilación anticipada.
- Las retenciones por actividades profesionales pasan del 15 por ciento al 21 por ciento.

OTRAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN GASTOS
- Nuevo ajuste en las partidas de gasto de los departamentos ministeriales de 600 millones de euros.
- En los presupuestos de 2013 se incluirá un nuevo recorte del 20 por ciento a las subvenciones destinadas a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.
- Se racionalizará el gasto del sistema de dependencia, revisando el baremo y las prestaciones económicas.

LIBERALIZACIÓN TRANSPORTES
- Se llevará a cabo un proceso de liberalización y en su caso de privatización en el servicio asociado al transporte ferroviario, terrestre, portuario y aeroportuario.

REFORMA EN MATERIA ENERGÉTICA
- Se realizará una reforma del sistema energético español con la idea de solucionar el problema del déficit de tarifa, que supera los 25.000 millones de euros.
- La solución vendrá de un reparto del déficit entre los diferentes sectores implicados.
- Para ello, se impondrá un nuevo sistema de fiscalidad energética.

La CEOE ve "un problema" que en su día se abriera la puerta a inmigrantes

MADRID.-   El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha asegurado que abrir las puertas a la inmigración cuando la tasa de paro española estaba baja, en niveles del 8%, ha generado un problema que ahora dificulta un poco más la recuperación del empleo en España.

   "Hace unos años, en España teníamos un paro del 8% y los empresarios intentábamos contratar trabajadores y prácticamente no teníamos oportunidades de contratar. Entonces abrimos las puertas al exterior y durante una serie de años entraban en España cada año alrededor de 500.000 o 600.000 no nativos. Eso fue un problema y hoy, visto en perspectiva, se ve claramente", ha señalado Rosell en declaraciones a la Cope.
   El dirigente empresarial ha precisado que ese paro del 8% no era real ni tampoco la economía española podía asumir ese flujo de inmigrantes. "Entre todos lo hicimos mal. Por tanto, ahora va a ser difícil esa recuperación con más incremento del empleo, aunque no hay que olvidar que España en este siglo es el país de Europa que más empleo ha creado, a pesar de la destrucción de empleo de los últimos tiempos", ha subrayado.
Por otra parte, la Organización Médica Colegial (OMC) agradece a la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) su decisión de seguir prestando asistencia médica a los inmigrantes sin permiso de residencia en contra de lo que establece la reforma sanitaria impulsada por el Gobierno, en defensa de "una asistencia digna para todos en estos momentos de crisis".
   La OMC considera que esta entidad ha marcado un "ejemplo a seguir" ya que defiende la objeción de conciencia ante la retirada de la asistencia sanitaria a estos ciudadanos "por considerar que atenta contra los principios éticos y el Código de Deontología Médica".
   De hecho, los médicos piden al Gobierno que "reflexione" tras esta decisión a fin de llegar a acuerdos con las organizaciones profesionales en el modo de resolver estas situaciones conflictivas "en momentos de crisis y sufrimiento social".
   Desde hace meses, la OMC ha venido defendiendo la atención sanitaria a cualquier ciudadano, independientemente de su situación de beneficiario y así lo ha reiterado, más recientemente, su Asamblea General y su Comisión Central de Deontología.
   En concreto, la Asamblea General, celebrada el 15 de junio, aprobó un documento que incluía un punto en el que se expresaba que "el médico velará por la atención a cualquier ciudadano independientemente del reconocimiento de la condición de asegurado o beneficiario e igualmente independiente de si este es extranjero no registrado, ni autorizado, como residente en España, correspondiendo al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a las comunidades el reconocimiento y control de esta condición".
   Por su parte la Comisión Central de Deontología de la OMC, aprobó un documento, publicado el 25 de junio, en el que exponía que el Real Decreto-Ley 16/2012 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, comprometía 10 artículos del Código de Deontología Médica, entre ellos, el referido al deber del médico de atender a todos los pacientes, en concreto, el 6.2 que dice "el médico no abandonará a ningún paciente que necesite sus cuidados".

Adicae pide imputar a Blesa y a consejeros de las cajas que forman Bankia

MADRID.- La Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae) ha presentado este viernes una querella criminal ante el juez Fernando Andreu, que investiga al ex presidente de Bankia Rodrigo Rato y a su consejo de administración por su gestión de la caja, en la que solicita que también sean imputados por presunta estafa, falsedad, administración desleal y otros delitos todos aquellos que integraron el consejo de Caja Madrid desde 2007, entre ellos el que fuera su presidente Miguel Blesa, así como de las otras seis cajas que conforman Bankia.

   Así lo ha explicado el presidente de esta asociación, Manuel Pardos, a lo largo de una rueda de prensa en la que ha explicado que  esta iniciativa pretende ser tenida como ampliación de las diligencias abiertas por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 a raíz de las querellas presentadas por UPyD y la plataforma 15-M.
   Pardos confía en que su iniciativa sea acogida por el juez al considerar que Adicae está legimitada por ser una asociación de usuarios de cajas con más de 25 años de historia con experiencia en personaciones y por representar a "decenas de miles de usuarios estafados" por los 'productos tóxicos', como las participaciones preferentes, que utilizó la entidad "como fuga hacia delante" para esconder su verdadera situación financiera.
   La querella se presenta contra 19 administradores de Bankia, entre los que se encuentran directivos que ya están imputados como Rodrigo Rato, José Luis Olivas y otros contra los que no se dirigía la querella inicial de UPyD, aunque sí entran en la lista aportada por este partido político como ampliación de querella aún pendiente de admisión por el juez. En este grupo se encontraría el ex ministro socialista Virgilio Zapatero.
   También se pide la imputación de 21 administradores de BFA y de todos aquellos que integraron entre 2007 y 2012 los consejos de administración de las siete cajas que hoy forman Bankia, cuya identificación se solicita al juez, y que son Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja.
   Concretamente, esta asociación quiere que el juez Andreu, de quien Pardos ha dicho que confía en su "valentía" y en que "no se deje presionar", investigue los hechos relativos a la emisión y comercialización de participaciones preferentes  (delito de estafa continuado en concurso con publicidad engañosa); la constitución de Bankia (falsedad y cuentas); salida a Bolsa (alteración de precio de la acción y fraude); mantenimiento de la cotización de la acción (maquinación para alterar el precio de las cosas) y la gestión en general (administración desleal).
   Como testigos, esta parte solicita que Andreu llame a declarar al actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, "con objeto de aclarar los acuerdos de no agresión y no investigación por parte del actual Consejo de Bankia", según Pardos; además de ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela, ex presidente de la Comisión de autoría de Bankia.
   Además, piden la comparecencia como testitos del presidente de la  CNMV, Julio Segura; del actual gobernador del Banco de España, Luis María Linde; del ex gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y del exsubgobernador Javier Ariztegui (como expresidente de la comisión rectora del FROB), entre otros.
    Entre otros documentos, esta parte solicita un informe del Banco de España de 2003 "donde se demuestra que el Banco de España es ya conocedor de que los inmuebles estaban sobrevalorados" y copia del expediente completo de salida a Bolsa de Bankia que obre en la CNMV, incluyendo la resolución que autorizó la salida a bolsa de dicha entidad.
   En el resumen de la querella aportado este viernes a la prensa aparecen como querellados Rodrígo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella, Francisco Verdu, Carmen Cavero, Arturo Fernandez, Javier López, Juan Llopart, Araceli Mora, Francisco Juan Ros, Juan Manuel Serra, José Antonio Moral, Atilano Soto, Antonio Tirado, Juan Martín Queralt, Virgilio ZapaTero, Álvaro de Ulloa y Claudio Aguirre.
   También se añade como querellados a los administradores de BFA Francisco Pons, Ángel Acebes, Francisco Baquero, Pedro Bedia, Luis Blasco, Rafael Ferrando, José Rafael García-Fuster, Jorge Gómez  Moreno, Agustín González, Mercedes de la Merced, Jesús Pedroche, Remigio Pellicer, José María de la Riva, Estanislao Rodríguez-Ponga, Mercedes Rojo-Izquierdo, Ricardo Romero de Tejada, Juan Manuel Suárez y Ángel Villanueva.
   El Juzgado Central de Instrucción nº 4 ha admitido a trámite por el momento dos querellas contra el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y su consejo de administración presentadas por el partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y la plataforma 15-M., y ha rechazado por defectos de forma las de Manos Limpias y Democracia Real. El magistrado ha fijado para el próximo día 23 una vista para estudiar la petición formulada por ambos de que se proceda a una intervención judicial de la entidad.

El Gobierno eleva del 15% al 21% la retención en el IRPF por actividades profesionales

MADRID.- El Gobierno aumentará de forma temporal del 15% al 21% la retención en el IRPF por rendimientos de actividades profesionales y el ingreso a cuenta por rentas del trabajo derivados de impartir cursos, seminarios o conferencias, obtenidos desde el 1 de agosto de este año hasta el 31 de diciembre de 2013.

   Esta medida fiscal, que aparece en las referencias del Consejo de Ministros, no figuraba entre las anunciadas el miércoles en el Congreso por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y tampoco ha sido comunicada en la rueda de prensa posterior a la reunión de los miembros del Gobierno, en la que junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, han comparecido los titulares de Hacienda y de Economía, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, respectivamente.
   Otra medida no anunciada y que figura también en las referencias es un aumento de la base máxima de cotización al Sistema de Seguridad Social de cinco puntos porcentuales en 2013 y 2014.
   Como compensación, el Ejecutivo también elevará la cuantía de la pensión máxima en esos años un punto adicional a la variación del IPC. De la misma forma, se incrementa un punto porcentual la base mínima de cotización de los autónomos.
   Por otro lado, se asimilan los rendimientos del trabajo a efectos de cotización a la Seguridad Social con respecto al tratamiento que se les otorga en la tributación a efectos del IRPF.
   De la misma forma, se homogeneizan los recargos por retraso en el abono de cuotas a la Seguridad Social en el 20%, con independencia de cuál sea el tiempo de retraso en el pago.
   Además, el Gobierno ha acordado proponer medidas para acercar la edad real a la edad legal de jubilación y abordar iniciativas en el ámbito de la jubilación parcial y de la jubilación anticipada.
   En este mismo sentido, se presentará una propuesta de regulación del factor de sostenibilidad, con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y sus prestaciones.
   Otras medidas fiscales que se suman a la subida de IVA son la creación de un gravamen nuevo dentro del Impuesto de Sociedades del 10% sobre rentas de fuente extranjera, exclusivo hasta el 30 de noviembre de 2012.
   En este mismo impuesto, el Gobierno ha ampliado la limitación de la deducción por gastos financieros aprobada hace unos meses y la ha extendido a todas las empresas en general, sin circunscribirse a su pertenencia a un grupo mercantil.
   También en este impuesto, el Gobierno ha elevado de forma transitoria los pagos fraccionados, de forma que el importe mínimo se eleva del 8% al 12%. El tipo aplicable también se incrementa para entidades con un volumen de operaciones superior a los 10 millones de euros.
   De la misma forma, se ha limitado durante 2012 y 2013 la compensación de bases imponibles negativas para entidades con una cifra de negocios superior a 20 millones de euros.

El IVA subirá el 1 de septiembre para no perjudicar al turismo

MADRID.-   La subida del IVA por la que se eleva el tipo general del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10% entrará en vigor el próximo 1 de septiembre para no perjudicar a algunas actividades de la economía española, como el turismo.

   Así lo ha avanzado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha recordado que agosto es un mes "muy importante" para el turismo y para el comercio.
   Además, el ministro ha recordado que todas las subidas de este impuesto realizadas a lo largo de la historia se han anunciado con cierto tiempo por las exigencias técnicas que requiere la modificación.
   El cambio en el impuesto no implica modificaciones en el tipo superreducido, el que grava los bienes de primera necesidad, que se mantendrá en el 4% actual.    
   Montoro ha adelantado también que se realizará una nueva clasificación de los productos gravados por el IVA, de forma que algunos productos que ahora se gravan al tipo reducido pasarán al tipo general.
   Esta nueva clasificación no afecta a los productos gravados por el tipo superreducido, como la leche y el pan y algunos productos culturales como los periódicos y los libros, salvo la compra de vivienda nueva, que dejará de gravarse al 4% a partir de enero.
   Los mayores cambios se aplicarán en el IVA reducido, que a partir de septiembre solo gravará el transporte, la hostelería y la cesta de la compra, lo que deja fuera numerosos productos, incluidos los servicios funerarios.
  Tributarán al 21% las entradas a espectáculos culturales como teatros, cine y parques de atracciones, la peluquería, los cosméticos y los servicios mixtos de hostelería.
   Según Montoro, el aumento de IVA está en línea con lo anticipado ya en el Programa de Estabilidad español presentado en el mes de abril, en el que el Ejecutivo programó la política tributaria de cara a los próximos años.
   Esta política, según el ministro, se debe basar más en la imposición indirecta para poder reducir los gravámenes sobre el trabajo, de modo que la subida fiscal se compensará con una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social en un punto este año y en otro punto en 2014.
  Montoro ha explicado que el Gobierno ha decido subir el IVA en este momento porque era algo "obligado" por las circunstancias, las recomendaciones que llegaron de Europa y por la "prioridad absoluta" de reducir el déficit en el actual momento.
   "No hay más remedio", ha dicho Montoro, tras recordar que el Rajoy admitió en el Congreso que el proyecto del Partido Popular se basaba en bajar impuestos, aunque haya tenido que hacer justo lo contrario por circunstancias y por la excepcionalidad del momento.
   De hecho, se ha comprometido a compensar las subidas de impuestos en el futuro, algo que hará desde el año próximo con la bajada de cotizaciones sociales que, a su juicio, favorecerá la creación de empleo y compensará los efectos negativos de la subida fiscal.
   Montoro ha obviado las críticas sobre las declaraciones que hizo en el pasado denunciado la subida del IVA aprobada por el Gobierno socialista, y ha recordado que su Gobierno también ha puesto en marcha otras medidas como el gravamen temporal del IRPF.
  De la misma forma, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una serie de medidas fiscales que se suman a la subida de IVA, como la creación de un gravamen nuevo dentro del Impuesto de Sociedades del 10% sobre rentas de fuente extranjera, exclusivo hasta el 30 de noviembre de 2012.
   En este mismo impuesto, el Gobierno ha ampliado la limitación de la deducción por gastos financieros aprobada hace unos meses y la ha extendido a todas las empresas en general, sin circunscribirse a su pertenencia a un grupo mercantil.
   También en este impuesto, el Gobierno ha elevado de forma transitoria los pagos fraccionados, de forma que el importe mínimo se eleva del 8% al 12%. El tipo aplicable también se incrementa para entidades con un volumen de operaciones superior a los 10 millones de euros.
   Además, se ha limitado durante 2012 y 2013 la compensación de bases imponibles negativas para entidades con una cifra de negocios superior a 20 millones de euros.
   En el IRPF, el Gobierno aumenta de forma temporal del 15% al 21% de la retención por rendimientos de actividades profesionales y el ingreso a cuenta por rentas del trabajo derivados de impartir cursos, seminarios o conferencias, obtenidos desde el 1 de agosto de este año hasta el 31 de diciembre de 2013.

El Gobierno fija como retribución máxima para los alcaldes el sueldo de un ministro: 68.981 euros

MADRID.- El Gobierno ha fijado que la retribución máxima de los alcaldes sea la de un ministro, 68.981 euros, con la obligación además de que el coste de los salarios de los ediles no supere el 0,6 por ciento del presupuesto municipal.

   Serán los Presupuestos Generales del Estado de cada año los que fijen las retribuciones de alcaldes y concejales, según las características de cada localidad, pero el Gobierno ha acordado este viernes que ese tope salarial, lo que supone un fuerte recorte para las alcaldías de ciudades como Madrid o Barcelona.
   El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un anteproyecto de reforma de la Ley de Gobierno Local, en la que trabaja desde hace meses, y ha aprovechado para anunciar otras medidas paralelas. Además de recortar salarios, se reducirá un 31 por ciento el número de concejales a través de la reforma de la Ley Electoral, cambiando el tope de concejales que se puede elegir por tramos de población, aunque hoy no se han dado más detalles
   El resultado que busca el Ejecutivo es que se elijan en las próximas elecciones municipales 21.338 ediles menos, hasta quedarse en 47.240. Además, los ayuntamientos no podrán tener más de 35 concejales, cuando por ejemplo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid se sientan 57 y en el de Barcelona, 41. Asimismo, se limita el número de asesores de las entidades locales: el personal eventual no podrá superar el número de concejales.
   La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local persigue actualizar la estructura municipal del país, pero también busca ahorros. Según los cálculos del Gobierno, puede alcanzar los 3.500 millones. La fórmula es eliminar 3.725 entidades locales menores al ayuntamiento, como las pedanías y las parroquias, y potenciar el papel de las diputaciones.
   En la ley se fijará un nuevo catálogo de competencias, aunque no varía demasiado del actual, según la información que se ha ido conociendo, salvo que no podrán prestar servicios de educación ni sanidad, de competencia autonómica. La gran diferencia es que los ayuntamientos no podrán ejercer más que esas competencias ya que para el resto no cuentan con financiación expresa.
   Por otro lado, la modificación no prevé la supresión de ningún municipio, con lo que se respeta la representación de la voluntad popular en los Ayuntamientos, sin embargo, se fomenta la agrupación de servicios para "lograr importantes ahorros de costes mediante economías de escala" y se potencia el papel de las diputaciones, cabildos, consejos insulares o comarcas.
   Asumirán la gestión de servicios de municipios de menos de 20.000 habitantes que no los presten con eficiencia y podrían ahorrar unos 2.248,2 millones. La supresión además de las mancomunidades que tampoco sean consideradas eficientes, sumará otro ahorro de 700 millones. El Ejecutivo argumenta que el 71,3 por ciento de estas entidades "no cumple con sus obligaciones de presentar cuentas anuales".
   Según el Instituto de Estudios Fiscales, el gasto de ofrecer los servicios a los ciudadanos es cuatro veces más caro en los municipios de 5.000 habitantes. Así, el coste per cápita en los municipios de menos de 5.000 habitantes es de 2.613,57 euros, mientras que en el caso de los municipios de más de 100.000 habitantes suponen 652,91 euros.
   También se mejora la regulación de los convenios entre Administraciones. Hasta ahora eran "foco de endeudamiento" al no ir acompañado el traspaso de competencias de su correspondiente financiación. Con la reforma, los convenios por los que el Estado, las Comunidades Autónomas o cualquier Entidad Local deleguen el ejercicio de competencias en los municipios deberán ser aceptados expresamente por éstos y habrán de suponer una mejora en la eficiencia de la gestión pública.
   Igualmente, será condición indispensable para la firma de un convenio la contribución a eliminar duplicidades administrativas. La Administración que delega se reservará los mecanismos de control precisos para asegurar la adecuada prestación del servicio delegado. La delegación de competencias irá siempre acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual.
   Junto a todo lo anterior, la reforma de la ley persigue redimensionar el sector público local, formado por un gran número de entes, organismos, sociedades, fundaciones y consorcios públicos, que habían proliferado en los últimos años. Se establece un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2014 para que se corrija el déficit de estas entidades y se determina, en caso contrario, a fecha 1 de agosto de 2015 su disolución.
   Por último, se fortalece la figura del interventor municipal y de los funcionarios con habilitación nacional con el objetivo de aumentar la independencia, profesionalidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones de garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario en la gestión local, ya que se recupera su dependencia funcional de la Administración General del Estado. Al mismo tiempo, se promueve la colaboración del Estado con las Intervenciones locales.

Un centenar de personas protesta frente a la sede nacional del PP por las recortes

MADRID.- Un centenar de personas han vuelto a concentrarse este viernes frente a la sede nacional del PP en la madrileña calle Génova para protestar por las medidas de recorte aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.

   La concentración, que no cuenta con autorización por parte de la Delegación del Gobierno, ha sido convocada en las redes sociales y sucede a las desarrolladas este jueves, protagonizadas fundamentalmente por funcionarios.
   La sede del PP se encuentra fuertemente vigilada por varios furgones de la Policía Nacional que permanecen en el lugar de manera preventiva. Durante estos días de protestas en la capital, se ha reforzado la seguridad en este edificio de Génova para evitar incidentes, según fuentes policiales.  
   Los concentrados se han situado en la acera de enfrente a la sede del PP y han coreado consignas contra el Gobierno de Mariano Rajoy como 'el próximo parado, que sea un diputado'.
   Otros edificios que este jueves fueron objeto de concentraciones de protesta como el Congreso también han reforzado las medidas de seguridad durante este viernes. El edificio de la carrera de San Jerónimo ha sido acordonado y en el mismo se mantiene la presencia policial.

El Gobierno plantea a las CC.AA. homogeneizar los sueldos de los funcionarios

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha planteado a las comunidades autónomas la conveniencia de homogeneizar los sueldos de los funcionarios en todas las regiones, con el fin de que las retribuciones sean similares en toda España, según han indicado fuentes gubernamentales.

    Montoro, que lanzó esta propuesta en el Consejo de Política y Fiscal celebrado ayer jueves, se produce en un momento en el que su Departamento ha aprobado un paquete de ajuste que afecta específicamente a los empleados públicos, con medidas como la suspensión de la paga extra de Navidad, la reducción de los liberados sindicales o la disminución de los días de libre disposición, los llamados 'moscosos', que pasarían de seis a tres.
    El Departamento de Hacienda y Administraciones Públicas quiere unificar las retribuciones que perciben los funcionarios en función de su categoría y poner orden en la disparidad de criterios que existen por ejemplo con los complementos del sueldo, que varían de una comunidad a otra.  De hecho, esas variaciones también existen con los 'moscosos', ya que en algunas ocasiones las autonomías añaden los suyos propios.
    Esta propuesta para unificar los sueldos de los funcionarios va en línea con la que ya ha anunciado el Gobierno de Mariano Rajoy de fijar los sueldos de los alcaldes de toda España de acuerdo con unos baremos que estarán recogidos en  los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que atenderán a aspectos como la población o el tamaño del municipio.

Seguimiento masivo de los empleados públicos a los paros

MADRID.- Los empleados públicos de toda España han realizado un seguimiento masivo de los paros y concentraciones convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), CC.OO. y UGT contra los recortes del Gobierno.

   Según CSI-F, la convocatoria ha sido un "éxito" porque todos los centros de trabajo del sector público registraron paros, en todos los niveles de la Administración, tanto estatal (ministerios y organismos centrales), como en las diferentes comunidades autónomas y municipios.
   En el caso de Madrid, CSI-F ha destacado los paros convocados en los grandes centros ministeriales, como es el caso de la zona de Cuzco, Nuevos Ministerios y Atocha, lo que ha provocado cortes de circulación en el eje Castellana-Recoletos y Gran Vía.
   "El seguimiento de esta convocatoria responde a la indignación y el profundo malestar de un colectivo que se siente maltratado, una vez más, con una nueva rebaja de sueldo, después de la bajada que sufrieron en 2010 y dos congelaciones consecutivas en 2011 y 2012", asegura CSI-F, que ha cifrado en un 30% la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los empleados públicos en los últimos tres años.
   Ante las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno, CSI-F, CC.OO. y UGT han pedido al resto de sindicatos con representación en el sector público (UGT, CGT, CIG, ELA, LAB, SL, STAJ, SATSE, CESM, USAE, ANPE, STEs-i, UFP, CEP, SUP, UGC, AUGC y AEGC) que participen de manera activa en una reunión que tendrá lugar en Madrid el próximo día 19 de julio, a las 11.00 horas, en la sede de FSP-UGT de Avenida de América.
   El objetivo de esta reunión es constituir una plataforma sindical con todas las organizaciones de los sectores implicados para que, de manera conjunta y consensuada, analizar la situación a adoptar las medidas de presión que se consideren oportunas.

El Tesoro garantizará las necesidades de refinanciación y liquidez de las CCAA

MADRID.- El Tesoro jugará un "papel de fondeo" en el nuevo mecanismo que el Gobierno pondrá en marcha para aliviar las necesidades de refinanciación y liquidez de las comunidades autónomas, lo que significa que será el encargado de "garantizar" las cantidades que los gobiernos regionales requieran.

   Según ha explicado en rueda de prensa el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, el Tesoro "garantizará que se satisfacen las necesidades, sobre todo de vencimientos y liquidez, de las comunidades autónomas en lo que queda de año una vez se identifiquen y a medida que se sometan al mecanismo de financiación centralizada".
   Para poder acogerse a esta asistencia, los gobiernos regionales tendrán que asumir nuevas y "estrictas condiciones de estabilidad económica y financiera", ya que la intención del Gobierno es que el mecanismo "no perjudique la disciplina fiscal, sino más bien lo contrario".
   Por eso, Jiménez Latorre considera que el nuevo mecanismo "no debe sembrar dudas sobre la calificación crediticia del Tesoro", y de hecho el secretario de Estado asegura que, con arreglo a las "conversaciones y contactos" que los responsables del organismo emisor han mantenido con las agencias de calificación, "se valora positivamente el mecanismo centralizado de refinanciación, sobre todo si va acompañado de un fuerte condicionado económico y financiero" que forzará una mayor "disciplina" a las finanzas públicas y está "en línea con todos los esfuerzos" realizados en este sentido desde el pasado mes de diciembre.
   Según adelantó el jueves el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, este fondo atenderá los vencimientos de las comunidades que no puedan afrontarlos por sí mismas, aunque se usará de manera "excepcional" y exigirá nuevas condiciones de saneamiento presupuestario.  Montoro aseguró que en ningún caso servirá para "mutualizar el riesgo de las comunidades autónomas".
   Este instrumento, que fue aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, se enmarca en un plan de ajuste más profundo que fue anunciado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Pleno del Congreso el pasado miércoles y que, sin embargo, no ha suscitado una respuesta de los mercados tan positiva como se habría podido esperar.
   Preguntado por las causas de esta reacción, el secretario de Estado ha reconocido que "es difícil interpretar a los mercados", aunque considera que "necesitan un poco más de tiempo para ver que todas las reformas se ponen en marcha, tanto a nivel nacional como europeo".
   "Estamos en la línea adecuada, y necesitan un poco más de tiempo para comprobar que las cosas se mantienen en su curso, que no hay sorpresas, que la situación económica y financiera se estabiliza. Eso explica que la respuesta de los mercados no sea tan inmediata", ha afirmado, insistiendo en que si España "persevera en las políticas de reformas y en el saneamiento de las cuentas públicas" la inversión extranjera "acabará entrando", si bien para eso hace falta que antes "desaparezcan las incertidumbres".

Funcionarios se concentran en Sol en protesta por los recortes

MADRID.- Un grupo de funcionarios concentrados en Sol han lanzado gritos contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid y posteriormente han saltado hacia la calle Alcalá, que han cortado a su paso en sentido bajada en dirección a la plaza de Cibeles, para acabar volviendo sobre sus pasos y dar por finalizada la movilización de nuevo en el kilómetro cero madrileño.

   Cerca de 1.000 personas se fueron uniendo a la concentración anunciada a los medios a última hora del jueves pero que no ha sido autorizada y tampoco comunicada a la Delegación de Gobierno.
   La presencia policial ha sido moderada pero en ningún momento se han producido incidentes. Los sindicatos con más presencia han sido CSIF, CCOO, UGT y la Confederación Española de Policía (CEP), en cuya representación acudieron varios agentes de paisano.
   La concentración comenzó en Sol con gritos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y luego continuaron por Alcalá y el Ministerio de Administraciones Públicas, ante el que gritaron frases como "Esto es la cueva de Alí Babá" o "nos roban el dinero para dárselo a los banqueros".
   La marcha iba encabezada por pancartas cuyos lemas eran "No vamos a quedarnos de brazos cruzados, ¡movilízate!", "Basta ya de recortes", y "Contra los recortes, contra la reforma laboral". Además, muchos de los congregados llevaban pegatinas como Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre o Cristóbal Montoro.
   Además, los manifestantes han rodeado la fuente de Cibeles, por lo que la circulación también se ha visto afectada durante un cuarto de hora en ese punto.
   Posteriormente, los manifestantes han vuelto sobre sus pasos, esta vez caminando sentido subida por la calle de Alcalá, por lo que los vehículos se han visto obligados a esperar.
   La marcha ha finalizado a las 13 horas en el madrileño kilómetro cero. No se han producido incidentes y la presencia policial ha sido escasa. Varias unidades de la Policía Municipal de Madrid han controlado los problemas de tráfico, mientras que agentes de la Unidad de Intervención Policial realizaban una vigilancia discreta de los manifestantes, especialmente en la Puerta del Sol.
   El secretario general del sector autonómico de CC.OO. de Madrid, Javier Díaz Toril, ha señalado que los funcionarios están soportando un "triple atraco" en los dos últimos años. Así, ha indicado que la bajada del sueldo de los funcionarios aplicada por el Gobierno socialista en 2009, la reducción de su salario anunciada por la Comunidad de Madrid hace unas semanas y la eliminación de la paga extra de Navidad que aplicará el Gobierno central este año, contando la subida del IPC, supone una pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos de un 30 por ciento en comparación con lo percibido hace dos años y medio.
   Por eso, Díaz Toril ha pedido a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que recupere el impuesto de patrimonio y de transmisiones lo que, según sus cuentas, aportaría a las arcas autonómicas más de mil millones de euros anuales, y elimine los asesores de los políticos. "Hay 500 asesores a las órdenes de los consejeros y de la presidenta que cobran 57.000 euros anuales, lo que es un auténtico despilfarro, porque ese trabajo lo podrían hacer perfectamente los empleados públicos a los que, en cambio, están arrinconando", ha apuntado.
   El secretario general del sector autonómico de CC.OO. de Madrid ha recordado que muchos funcionarios son mileuristas y, entre ellos, ha citado a peones, auxiliares de hostelería, empleados de servicios generales, etcétera, que, tras los recortes, "van a cobrar poco más de 800 euros al mes".
   En la misma línea, el vicepresidente del sindicato CSI.F, José Fernández Vidal, ha recordado que la mayoría de los empleados públicos cobran entre 15.000 y 25.000 euros anuales y que desde 2008 han perdido más de 20 puntos de poder adquisitivo. Por eso, ha anunciado que lucharán por la vía de las protestas, pero también por la vía judicial, contra estas medidas del Gobierno central.
   "Tenemos el precedente de Portugal, cuyo Tribunal Supremo dijo que la bajada del sueldo no fue equitativa. No podemos callarnos porque parece que los funcionarios siempre tenemos la culpa de todo y nos están poniendo a los pies de los caballos de los ciudadanos. Lo que no dicen es que sin funcionarios no habría un servicio público de calidad", ha añadido.
   Por su parte, el secretario de Acción general del sindicato policial CEP, Jesús García Pineda, ha señalado que tras las sucesivas bajadas de sueldo muchos agentes "no llegan a fin de mes", especialmente en ciudades como Madrid, donde el nivel de vida es más alto. Asegura que con estos recortes empeora la calidad y la profesionalidad de los policías, además de su motivación que es, a su juicio, un factor muy importante para conseguir éxitos policiales.

El fondo de financiación para las CC.AA. contará con 18.000 millones

MADRID.- El nuevo fondo de apoyo a la financiación de las comunidades autónomas contará con un máximo de 18.000 millones de euros, un tercio de los cuales procederá de un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) con cargo a ingresos futuros.

   Así lo ha avanzado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado el decreto ley que regulará esta nueva vía de liquidez para los gobiernos autonómicos, que no tendrá personalidad jurídica.
   "Los ministerios de Hacienda y Economía han realizado una estimación de cuánto se puede llegar a disponer en función de las necesidades de financiación de las comunidades autónomas y su déficit público hasta fin de año, y el máximo serán 18.000 millones de euros, si bien la cifra final dependerá de cuántas comunidades se adhieren al mecanismo", ha puntualizado el ministro.
   Así, el Tesoro proporcionará 12.000 de esos millones de euros "sin modificar su calendario de emisiones" y los restantes 6.000 millones de euros provendrán de un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado "con cargo a ingresos futuros".
   La gestión de estas ayudas recaerá tanto en el Ministerio de Hacienda como en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ofrecerán los préstamos "partiendo del coste de financiación del Tesoro más un diferencial reducido". Las ayudas estarán garantizadas por los recursos del sistema de financiación de las comunidades autónomas, para "garantizar que mantienen la responsabilidad de devolución".
   Las comunidades que "voluntariamente" decidan adherirse a esta asistencia tendrán que cumplir unos estrictos condicionamientos presupuestarios y financieros, según ha dicho De Guindos, quien no ha precisado no obstante qué requisitos se aplicarán.
   Para poder acceder a las ayudas, los gobiernos regionales que lo soliciten tendrán que presentar un plan de ajuste y deberán informar "puntualmente" de la ejecución presupuestaria. De hecho, "en última instancia" el Gobierno central conserva incluso la capacidad de intervenir las comunidades autónomas que incumplan los vencimientos de deuda.
   En el plano financiero, los condicionamientos buscarán "garantizar que la senda de endeudamiento de las comunidades es sostenible en el tiempo y permite que sus cuentas públicas no se vean desbordadas por la evolución de los costes financieros".
   El ministro ha asegurado además que este mecanismo se mantendrá en vigor "mientras persistan las dificultades" de financiación para los gobiernos autonómicos, ya que su objetivo fundamental es asistir a los gobiernos regionales en un momento en que sufren "grandes dificultades para acceder a los mercados, no solo por los elevadísimos costes sino incluso por el propio acceso, la disponibilidad".
   "En este principio general del Gobierno de responsabilidad global del conjunto de las cuentas de las administraciones públicas y, simultáneamente, en ese compromiso de solidaridad en el Estado, lógicamente se va a proporcionar un nuevo sistema que evite esta situación de dificultad, que podría llegar a ser límite", ha concluido De Guindos.
   Este mecanismo ya fue avanzado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde también se aprobó el plan de ajuste del Principado de Asturias y se apercibió a ocho comunidades autónomas de los riesgos de que no consigan cumplir los objetivos de déficit de este ejercicio.
   Preguntado por este asunto, el ministro ha vuelto a declinar "por lealtad" precisar qué regiones son las que tienen mayor riesgo y con las que comenzará a reunirse bilateralmente a partir de la próxima semana, y ha reiterado que todas las administraciones cumplirán con sus compromisos. "Todos estamos en lo mismo y todos vamos a cumplir", ha asegurado.
   "El Gobierno trata con el mayor respeto a todas las comunidades. Lo que estamos haciendo es equilibrar el estado de las autonomías. Está en la Constitución, y en el CPFF de ayer activamos la ley (de Estabilidad Presupuestaria), que contempla un ámbito preventivo de abordar bilateralmente los problemas de las regiones que estén en mayor riesgo de no llegar. Pero no es el momento de señalar a nadie, sino de trabajar con ellas", ha zanjado.

Bruselas obligará a España a aumentar la frecuencia de las ITV

BRUSELAS.- España se verá obligada a aumentar la frecuencia de las ITV a coches y motocicletas que tengan más de seis años, que deberán someterse a controles anuales, según una propuesta legislativa presentada este viernes por la Comisión Europea. En la actualidad, la normativa española sólo introduce los controles anuales a los coches a partir del noveno año, mientras que las motos viejas pasan la ITV cada dos años.

   El objetivo de esta iniciativa, que debe ser respaldada por los Veintisiete y la Eurocámara, es salvar más de 1.200 vidas al año y evitar más de 36.000 accidentes relacionados con fallos técnicos de los vehículos.
   Los fallos técnicos causan el 6% del total de accidentes de coche, lo que representan 2.000 víctimas mortales al año en la UE. Esta proporción se eleva al 8% en el caso de los accidentes de moto, según los datos de Bruselas.
   La propuesta aumenta la frecuencia mínima de los controles técnicos para los coches, que deberán pasar la primera ITV a los cuatro años, la segunda dos años más tarde y una vez al año a partir del sexto año. La normativa europea actual contempla inspecciones cada dos años a partir del sexto año.
   En el caso de España, la normativa vigente obliga a los coches a pasar la primera ITV a los cuatro años, la segunda a los seis años, la tercera a los ocho años y anualmente desde el noveno año. La legislación europea forzará a adelantar las inspecciones anuales al sexto año.
   La propuesta de Bruselas fija por primera vez a nivel de la UE controles para motocicletas, que no existen en Bélgica, Bulgaria, Chipre, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Malta, Holanda, Portugal y Rumanía. En España, las motos ya están obligadas a pasar la ITV, pero la norma europea obligará a que los controles sean anuales a partir del sexto año, en lugar de cada dos años como sucede en la actualidad.
   "No creo que esté sirviendo a ningún lobby", ha dicho el comisario de Transportes, Siim Kallas, al ser preguntado por las críticas que le acusan de favorecer indebidamente al negocio de las ITV. Kallas ha insistido en que las estadísticas demuestran que a partir del sexto año los vehículos tienen más fallos técnicos.
   "Si conducimos un coche que no está en buenas condiciones para circular, nos convertimos en un peligro para nosotros mismos y para quienes nos acompañan", ha insistido Kallas. "Es más, somos un peligro para todos los demás usuarios de la carretera que nos rodean", ha señalado.
   La norma aumenta además la frecuencia de las inspecciones técnicas para los automóviles y furgonetas con un kilometraje excepcionalmente alto, 160.000 kilómetros en cuatro años. Estos vehículos deberán pasar la ITV anualmente a partir del cuarto año.
   Finalmente, Bruselas fija estándares comunes de calidad para las inspecciones técnicas y obliga a controlar los componentes de seguridad electrónicos. La normativa actual, que data de 1977, no obliga a controlar gran número de fallos técnicos que tienen graves implicaciones para la seguridad, como por ejemplo el ABS o el control electrónico de seguridad.
   Los Estados miembros tendrán libertad para imponer requisitos de control más estrictos que los que marca la UE.

En libertad diez de los 18 detenidos en las manifestaciones mineras

MADRID.- El Juzgado de Instrucción nº 34 de Madrid en funciones de Guardia de detenidos ha dejado en libertad a diez de los 18 detenidos por los incidentes ocurridos en el marco de la llamada 'marcha negra' de los mineros, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). 

   Tras interrogarles, la magistrada acordó su puesta en libertad pero las diligencias siguen abiertas para el esclarecimiento de los altercados producidos en la manifestación
   Por otra parte, el juez de Instrucción nº 41 de Madrid en funciones de Guardia de detenidos tomará en el transcurso del día de hoy declaración a otros ocho detenidos por ser los supuestos causantes de otros incidentes sucedidos durante la misma jornada.

Interventores y secretarios municipales volverán a depender de Hacienda

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que los interventores y los secretarios municipales volverán a depender de este departamento y no de los alcaldes, con lo que se pretende devolverles "la objetividad" en su trabajo de fiscalización de los municipios.

   "Es una vuelta a lo que ya tuvimos en España y que nunca debimos perder: la objetividad de esa gestión para la transparencia en el manejo de los presupuestos públicos y la independencia en la toma de decisiones", ha explicado Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local.
   El proyecto incluye una nueva lista de competencias, con la prohibición a los municipios de ejercer ninguna otra, y la eliminación de órganos intermedios como mancomunidades y pedanías, creadas "pretendidamente para organizar mejor los servicios públicos pero que no tienen sentido". 
Además, como ya se había anunciado, las diputaciones asumirán las competencias de las localidades de menos de 20.000 habitantes que no cumplan con una evaluación de calidad que deberán pasar.
   Montoro ha confirmado también la reforma de la Ley Electoral para reducir un 30 por ciento el número de concejales, lo que a juicio del gobierno pemitirá "aligerar y favorecer la toma de decisiones políticas".