martes, 10 de abril de 2018

Ciudadanos da por acabada a Cristina Cifuentes y Génova intenta salvar Madrid

MADRID.- Génova negocia ya con Ciudadanos el futuro de Cristina Cifuentes con el objetivo último de no perder el Gobierno de Madrid. La dirección nacional tomó ayer el control de la crisis después de que los errores del PP regional precipitaran que C's pidiera públicamente la dimisión de la presidenta madrileña, según publica hoy El Mundo. 

Los populares madrileños pusieron trabas a la constitución de la comisión de investigación sobre el máster de Cifuentes, propuesta por C's, y el resultado fue que este partido reclamó su salida, después de que ayer a las 12.00 horas se cumpliera el ultimátum de 48 horas que había dado al PP: o apoyaba de «manera explícita» la comisión o exigiría su marcha.
El paso dado por C's -que oficialmente pide su dimisión para no respaldar la moción de censura impulsada por el PSOE- obligó a intervenir a la dirección nacional del PP. La formación naranja ha fijado un nuevo plazo, «antes de que acabe el mes de abril», para que los populares propongan un «candidato alternativo» que ocupe la presidencia «de forma interina» hasta 2019. Y es que la salida preferida para los de Rivera es que se marche Cifuentes, pero siga gobernando el PP.
En los últimos días el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, y el secretario general de C's, José Manuel Villegas, ya han mantenido contactos. Pero desde ayer, ambos son los únicos interlocutores válidos en este tema. Los dos ya trataron el asunto ayer antes de que Maíllo compareciera en rueda de prensa. 
En la conversación telefónica sobre las 14.00 horas, Villegas le transmitió que su posición es inamovible: Cifuentes debe dimitir. Es más, en la dirección nacional de C's consideran que la presidenta de Madrid está «acabada» políticamente y sólo contemplan la «vía murciana»: que se eche a un lado y el PP nombre un presidente interino hasta las elecciones de 2019. La decisión de fijar el 30 de abril como fecha tope para que dimita sitúa a la formación naranja en una camino de no retorno.
El PP, tras intentar sostener a su presidenta desde que estalló el escándalo en eldiario.es, tiene asumido que su prioridad es mantener el Gobierno autonómico. Ayer lo apuntó públicamente Maíllo, al manifestar que los madrileños «se merecen que haya un Gobierno estable en Madrid». El dirigente popular recordó que Cifuentes y el PP «ganaron las elecciones». 
«Vamos a intentar buscar un acuerdo. Están todas las opciones abiertas», afirmó.
Los populares trataron de circunscribir ayer las negociaciones con C's al problema de la comisión de investigación, con el propósito de contentar a este partido y ganar algo de tiempo, pero lo que realmente se está empezando a dirimir es el futuro de la presidenta madrileña y si hay o no opciones de que continúe en el puesto. 
Se abre ahora un proceso incierto cuyo único final oficial es la moción de censura del PSOE. Cifuentes, en todas sus declaraciones, ha señalado que no piensa «dimitir», una circunstancia que complica más el episodio. La presidenta de Madrid ha contado este fin de semana con el apoyo explícito de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y algo más reservado del presidente Mariano Rajoy tras descubrirse las falsificaciones de firmas en el acta y de que el rector de la Univeridad Rey Juan Carlos asegurara que no hay pruebas documentales de que Cifuentes hiciera el máster.
En este contexto de absoluta debilidad -en la Convención Nacional del PP celebrada este fin de semana en Sevilla estaba extendida la sensación de que Cifuentes «ha mentido»-, C's está decidido a cobrarse la cabeza política de la presidenta madrileña y, si se cumplen los plazos, presentarse en la Puerta del Sol el 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, como los grandes vencedores. 
Porque si cae la líder del PP lograrían dejar, a día de hoy, sin referentes a los populares tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad. Y todo a un año de las elecciones, donde ambos pujan por el mismo electorado de centro derecha.
Esta circunstancia, que queden 12 meses para las autonómicas, inquieta mucho al PP, porque si se produce la salida de Cifuentes tendría que poner un sustituto -los nombres que se barajan ya en el PP de Madrid son Ángel Garrido o Pedro Rollán- y designar después en junio o en septiembre un candidato para la Comunidad. 
Hasta ayer, en el partido se tenía asumido que Pablo Casado podría ser el cabeza de cartel a la Alcaldía, aunque en algunos núcleos no acababan de descartar a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Precisamente por ella se preguntó en las encuestas que Génova hizo en 2015, antes de sustituir a Ignacio González por Cifuentes.
Mientras se dilucida la continuidad de la presidenta, en C's evitan pronunciarse con claridad sobre si se sumarían a la moción de censura propuesta por el PSOE y que cuenta con el apoyo explícito de Podemos, aunque la amenaza es clara.
Las conversaciones sobre la comisión de investigación fracasaron ayer después de que el PP presentara un plan de trabajo alternativo que, según el portavoz de C's, Ignacio Aguado, «desvirtúa» su objetivo. Entre las exigencias del Gobierno de la Puerta del Sol estaba la comparecencia de tres cargos del PSOE, incluido Pedro Sánchez, por si estuvieran implicados en la filtración de esta noticia. 

Esperanza Aguirre: "En España dimitir es fatal, resistir es lo que se lleva"

MADRID.- La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha afirmado hoy que "en España dimitir es fatal, resistir es lo que se lleva" y ha aconsejado a quienes se resisten en sus cargos y no dimiten que se vayan a sus casas.

"Yo a todos esos les digo que en casa se está muy bien", ha declarado Aguirre durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación irregular del PP.
Ante esa afirmación, el diputado de Ciudadanos Toni Cantó ha apuntado que hay gente dentro del PP que es "especialista en resistir" y que ahora mismo hay ejemplos claros de ello, en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Por eso, le ha preguntado si le aconsejaría lo mismo a Cifuentes, a lo que ha respondido con una negativa.
"¿No cree que de la misma manera que usted dimitió 'in vigilando' ella debe hacerlo por 'in falsificando'?", ha insistido Cantó y su respuesta ha sido: "No, no, para nada".

PP y Ciudadanos ya negocian la salida de Cifuentes de la Comunidad de Madrid

MADRID.- Ciudadanos ha avistado la pieza de caza mayor que supone Cristina Cifuentes si definitivamente cae del Gobierno de Madrid por las supuestas falsedades que rodean al máster que cursó en 2012 en la Universidad Rey Juan Carlos. En este sentido, fuentes de la dirección nacional del Partido Popular asumieron a elEconomista la profundidad de la crisis, admitiendo que, por encima de las negociaciones que continúan abiertas con la formación naranja para reconducir la comisión de investigación que el lunes a mediodía quedaba frustrada -como confirmó Fernando Martínez Maíllo-, el PP trabaja para salvar "la estabilidad" de la Comunidad de Madrid. 

Podríamos decir que se trata de un eufemismo con una solución: repetir la vía rápida de la fórmula aplicada en Murcia y buscar un sustituto a Cifuentes. En esas quinielas aparecen los nombres de Ángel Garrido (consejero de Presidencia), Pedro Rollán (consejero de Medio Ambiente) y Juan Antonio Gómez-Angulo (secretario tercero de la mesa de la Asamblea).
Este domingo, eldiario.es daba a conocer la existencia de una encuesta encargada por el partido de Albert Rivera, en cuyas preguntas se cuestionaba sobre por el caso del máster de Cristina Cifuentes. 
Fuentes de Ciudadanos confirmaban  a elEconomista el sondeo, dentro de los trabajos demoscópicos que regularmente vienen haciendo sobre temas de actualidad.
Las respuestas que haya podido arrojar dicho sondeo se desconocen más allá de las paredes del partido naranja, pero lo cierto es que este lunes, su portavoz y líder en Madrid, Ignacio Aguado, sorprendía a mediodía exigiendo públicamente la dimisión de Cristina Cifuentes sin responder antes a la contraoferta de comisión de investigación que el Partido Popular de la Asamblea de Madrid le había formulado.
Los populares madrileños se quedaron sorprendidos por la celeridad con la que Aguado tomó la decisión, lo que les hace pensar que los naranjas venían a la Asamblea con un guión hecho; es decir, descartar ya la idea de una comisión y pedir directamente la cabeza de Cristina Cifuentes, tal y como actuaron en Murcia.
El PP de Madrid sigue en shock todavía. No entienden esta salida, cuando, tal y como aseveran, en ningún momento han manifestado no querer negociar los términos de la comisión, si realmente esto entrañaba el gran problema. Además, distinguen que Madrid no es Murcia, ni Cristina Cifuentes es Pedro Antonio Sánchez, quien sí estaba imputado por la justicia, subrayan el matiz.
Los populares consideran que C's han roto la baraja, no han contestado a su propuesta, y han abordado el asunto de una manera que no es equiparable al murciano.

La contención de Génova

A estas horas, Fernando Martínez Maíllo trabaja por mantener las vías de negociación con el secretario general de C's, José Manuel Villegas, que se negó a volver al escenario de la comisión. La dimensión política de los hechos ha introducido cambios en el discurso de Génova. Por encima de la comisión -señalan- está la estabilidad de la Comunidad de Madrid y conservar un Gobierno crucial para los populares a nivel nacional.
Fuera del ámbito político, entre los funcionarios de la universidad se comenta que el máster de marras fue una patochada. Y si Cifuentes hizo poco, tampoco hizo más el resto. Añaden que no hubo actas de defensa del máster, ni de ella ni de nadie. Pero sí existe un trabajo. 
Lo que sucede es que es un proyecto de apenas 14 hojas, como los del resto. Además, desde la URCJ se insiste en el sistema de gestión de máster creado por Fernando Suárez (el rector plagiador), con un funcionamiento parecido al de las academias. Se pagaba por profesores, cuantos más alumnos más, y a los directores se les pagaba 6.000 euros.

El caso de Pablo Casado

Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, también ha confirmado que cursó el máster de Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), el mismo de Cristina Cifuentes, lo que admitió a El País, que publica que él no recuerda si asistió a clase o si hizo los exámenes.
De todos modos, Pablo Casado se reunirá en breve con los medios para mostrar la documentación que acreditaría la veracidad de su relato. Mientras, la URJC también está investigando el caso del máster de Casado. Se trata de un proceso de investigación que afectará a todos los alumnos y en el podría haber otros afectados como el exbanquero Mario Conde. 
En el caso de Pedro Rollán, consejero de Medioambiente y uno de los nombres que emerge en las quinielas para sustituir a Cifuentes, su nombre apareció en los papeles de la UCO, pero nunca estuvo investigado, ni imputado por la trama Púnica.

El Constitucional avala las subvenciones a los colegios que segregan por sexos

MADRID.- El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del PSOE contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa y ha avalado que se subvencione con dinero público a los colegios que segregan por sexos a sus alumnos y también otros aspectos de la norma, como la alternativa obligatoria a la asignatura de Religión.

El pleno ha fallado por mayoría de ocho votos contra cuatro y ha desestimado en su totalidad el recurso que presentó el Grupo Parlamentario Socialista en marzo de 2014.
El recurso iba contra varios puntos de la LOMCE, y no solo la financiación pública de la educación separada por sexos, sino también contra la segregación de los alumnos en itinerarios académicos o que la asignatura de Religión tenga una alternativa obligatoria, por lo que, al ser desestimado en su totalidad, también se confirman estos otros aspectos de la norma.

'El Corte Inglés' tiene un doble reto en digital


MADRID.- El Corte Inglés fue durante décadas el campeón nacional. Amazon, sin embargo, ha llegado a España muy tarde, lo hizo definitivamente en 2011 tras varios intentos fallidos. Pero, aunque tarde, lo ha hecho con una fuerza singular. En tan sólo siete años se ha convertido en casi un monopolio de la venta online. Eso también ha ocurrido con Alibaba, que ha logrado un espectacular músculo en nuestro país, aunque a distancia de Amazon. El negocio de Alibaba no obstante tiene algunas particularidades que lo hacen distinto, según www.merca2.es.

Nadie puede negar de la brillantez del planteamiento de los americanos. Ético o no, fairplay o no, se lo saben de memoria y lo replican en todos los mercados en los que operan. España no ha sido una excepción. Pocas veces el “Veni, vidi, vici” se ha ejecutado en nuestro país de forma tan espectacular, y eso da miedo.
Si es cierto que, en nuestro mercado, por sus particularidades a nivel logístico, se esperaba una mayor resistencia los primeros años. Pero Amazon tuvo el viento de cola, ya que los primeros años tras su llegada, El Corte Inglés, ahogado en problemas financieros y accionariales, no presentó batalla ni resistencia. 
De hecho, durante una época pareció tener “poco interés” en el desarrollo del comercio electrónico. Esto podría parecer trivial, pero sin embargo es muy significativo en nuestro mercado, la compañía de Hermosilla (en la imagen) es de las pocas empresas europeas que, por su historia, su implantación y su capilaridad en un país, pueden competir con el gigante americano que juega con las cartas marcadas. 
En nuestro entorno hay otros dos rara avis, pero no compiten frontalmente con Amazon al ser sectoriales. Se trata de Inditex en moda, y Mercadona en alimentación.
Hoy el comercio electrónico tiene una penetración tardía, pero crece exponencialmente en España. No estamos aún a la altura de otros países europeos, pero hemos cogido mucha velocidad. El 67% del total de internautas españoles compra online. Somos un mercado cercano a los 20.000 millones de euros, alejado aún de otros mercados como Alemania (95.000 millones) y el Reino Unido, líder europeo indiscutible, un mercado de 173.000 millones de euros, donde uno de cada dos euros se gasta online. 
Allí, el 85% de sus internautas, 62,2 millones de habitantes, compra online. Mercados similares al nuestro en tamaño, como el italiano, están algo más maduros con facturaciones de 30.000 millones de euros anuales.
En las últimas décadas, mientras el viento soplaba favorable, si a alguien no le interesó un rápido crecimiento del comercio electrónico fue a El Corte Inglés. Pero tampoco a Kodak le interesó el desarrollo de la cámara digital, pensaron que iba contra su negocio, y eso los llevó a la ruina. No puedes frenar el futuro y la innovación. Mejor competir contigo mismo antes de que te impongan la realidad y hayas quedado rezagado.
La empresa española, líder indiscutible en el sector físico, afrontó de lleno el reto de los operadores sectoriales (MediaMark, Decathlon, Inditex etc). Llegó la crisis y la caída del consumo, y entre unas cosas y otras sus cuentas de forma dramática y eso influyó decisivamente en no invertir para afrontar el reto digital. 
El tiempo pasó despacio hasta que apareció Amazon. Entonces el reloj de arena cogió velocidad de vértigo. Ahora, los retos son dos. Los operadores sectoriales que merman las cuentas de resultados de algunas secciones, y muy especialmente, el reto del comercio electrónico.
En ese terreno, el partido va 0-3 y hay que ponerse manos a la obra para remontarlo. Al menos para no perder por una goleada mayor.
Para El Corte Inglés es un doble reto. Por un lado, va a tener que cambiar parte de su ADN más tradicional si quiere competir con los nuevos operadores, especialmente con Amazon. Por otro lado el crecer en digital, que para los operadores digitales es un fin en sí mismo, en El Corte Inglés no garantiza nada. Necesitan crecer en digital sí, pero siempre buscando un nuevo consumidor, no sólo migrando los actuales de un canal a otro. 
Si las ventas aumentan mucho, pero lo hacen a costa de vaciar los centros comerciales, la situación será dramática. La empresa se estará fagocitando a si misma, perdiendo cuota de mercado y bajando la rentabilidad de los centros comerciales. Sobrarán decenas de miles de empleados. Sobrarán y no aportarán más que pérdidas decenas de centros comerciales, los menos rentables.
El principal reto digital que se asume es detener la sangría y encontrar al nuevo cliente. Ese cliente, menor de 30 años, no entra en los Centros de El Corte Inglés más que por error. Los ve desfasados, como si fuera el comercio de la generación de sus padres y abuelos. 
Es un reto de captación de nuevas generaciones similar al que afrontó con un sobresaliente éxito Mercedes Benz hace 25 años, al percatarse que o rejuvenecía su base de clientes, o literalmente desaparecería la marca, porque se estaban poco a poco muriendo, y no enganchaban con las nuevas generaciones. 
Hoy, muchos jóvenes sólo entran en las tiendas de El Corte Inglés si van acompañando a sus mayores, cuando hace décadas eso no sucedía. Sí, El Corte Inglés hace 20 o 30 años era cool para los jóvenes. El principal reto de su ecommerce, es captarlos de nuevo.

El Corte Inglés y el difícil, pero apasionante reto digital

El reto por lo tanto es mantener como sea la facturación y cuota de mercado en grandes almacenes, al menos hacer que se erosione lo más lento posible, mientras se crece de forma exponencial en la parte digital. Esto no será sencillo, pero es fundamental.
Lo primero, tal y como dijo Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés, en su aplaudida intervención en Davos, para competir se precisan unas reglas del juego justas. Mismo negocio, mismas condiciones. De eso, que es imprescindible y fácilmente entendible, hemos hablado ya en otras ocasiones 
La situación actual vulnera la libre competencia. Es de locos que eso ocurra con una empresa sistémica que en España da trabajo de forma indirecta a 150.000 familias. O lo arreglamos o nos estamos haciendo el harakiri, y el legislador tiene una responsabilidad sobre ello, y así debemos exigirles.
Pero al margen de que a nivel nacional y europeo se ordene la actividad de los nuevos operadores, para hacer frente a los intermediadores se prevén dos planes.
Hace tan sólo unos días en un desayuno de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), Dimas Gimeno invitado por su presidente Isidro Fainé, hablaba de una alianza de distribución entre grandes operadores europeos, para facilitar de ese modo la competencia con los grandes operadores de ecommerce. 
Es una idea interesante, pero compleja. Empresas que venden marcas de terceros (en el caso de la empresa española el 70%), podrían generar una distribución global europea, minimizando los costes logísticos y la necesidad de inversión en los mismos. Eso convertiría a El Corte Inglés en un operador europeo, no sólo en un campeón nacional. 
Ese trabajo comenzó hace meses, y aunque sea difícil de creer, empezó por lo más básico: identificar por parte de El Corte Inglés a sus iguales, empresas compatibles con buena capilaridad de nivel europeo y producto similar con las que se pueda llegar a un acuerdo.
Dado el alto número de operadores y que hay mercados muy fragmentados es un reto difícil, pero hay que afrontarlo.

El Corte Inglés Prime

Un segundo paso vendrá por parte de la implantación de un servicio de tarifa plana de envíos, similar a Amazon Prime. En estos momentos se están estudiando distintas posibilidades con objeto de que el servicio vea la luz durante 2018.
Amazon Prime es una de las grandes ventajas que ofrecen los americanos. Una tarifa plana logística que permite por una cuota, ahora mismo absurda y deficitaria, y que será revisada al alza, fidelizar y hacer crecer la base de clientes.
Hoy, Amazon cobra 19,95 euros al año por acceder a Prime. Se espera que el precio se revise para asemejarse a países de nuestro entorno. Se barajan opciones que triplicarían ese precio hasta los 50-60 euros anuales. Cómo es realmente útil, con mayor o menor cabreo la gente, mayoritariamente, aceptará el aumento. Lo vale.
En El Corte Inglés explican que no será fácil: “Amazon ofrece más cosas que un simple envío gratis, a cambio de esa suscripción debemos ver otras contrapartidas, no sólo el envío”. Eso es algo que debo decir que yo no comparto del todo. Por mucho que es cierto que Amazon ofrece otras ventajas (Prime Vídeo, Prime foto etc.), no me parecen diferenciales para contratar el servicio.
La vedette es la logística. El cliente paga por los envíos, por pedir durante todo el año lo que quiera sin costo de transporte. No por los servicios añadidos, que, ya que te los dan igual los usas, pero mi sensación es que mucha gente -yo entre ellos- ni lo hace. 
Yo soy usuario de Amazon Prime desde que se creó en España, y lo hago simplemente por la ventaja logística. Si necesito algo, por pequeño que sea el importe, ya nunca más me enfrento a la tesitura de que el coste de transporte haga que pedir determinados productos por internet sea ilógico.
Aún no está fijado el precio de “El Corte Inglés Prime” (espero, eso sí, que le pongan un nombre en castellano) y las características del mismo. De hecho, habrá que ver si Amazon Prime no sufre variación de precio como se espera, y eso trastoca los planes de precio. Sería interesante por ejemplo dos velocidades, una para todo tipo de productos, incluyendo supermercado, y otra, tal vez más económica, para non-food, donde los márgenes son mayores y es más fácil de escalar.
El Corte Inglés, por medio de acuerdos con empresas logísticas para la “última milla” utilizaría sus más de 90 tiendas como auténticos centros logísticos para distribuir desde ahí las compras online a usuario final. Se trataría de una gran ventaja respecto Amazon, que tiene poco centros de almacenaje y están en las afueras de las grandes ciudades, en polígonos industriales. 
De este modo podría garantizar la entrega en 24 horas y en muchos casos, en poco más de 2 horas si hay cercanía entre el centro comercial y el domicilio final.
En paralelo a esta oferta deben prepararse acuerdos logísticos con operadores de “última milla” que puedan hacer posible una escalada significativa del número de las entregas. Ahí de nuevo es fundamental garantizar una competencia justa con el gigante americano. La empresa española, no cogerá atajos. No veremos planteamientos vergonzantes como los que hacen de Jeff Bezos el negrero del siglo XXI pretendiendo, por medio de Amazon Flex que no profesionales; incluso estudiantes, y jubilados, en condiciones laborales discutibles y en sus ratos libres, le repartan los paquetes.

Los fondos de pensiones deberán sostener las infraestructuras públicas

MADRID.- España ha pasado de ser un país de gran inversión en infraestructuras a quedarse rezagado por debajo de la media de la Unión Europea. El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, advierte de que la inversión pública, que superó los 20.000 millones en pleno boom de la crisis, no volverá y aconseja que el Gobierno busque la inversión en grandes fondos de pensiones y de infraestructuras para seguir con el desarrollo del sector, según elEconomista.

Los Presupuestos de 2018 recogen el mayor incremento de inversiones con dinero público en infraestructura desde que se inició la crisis económica en 2008. El Estado destinará 8.487 millones de euros en 2018, lo que supone un aumento del 12,7% respecto a 2017, pero son cifras muy alejadas a los momentos precrisis, cuando se llegó a movilizar más de 22.000 millones en AVE, carreteras y otros desarrollos.
Según el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, España ha pasado de ser un país de "gran inversión" a uno que tiene un nivel por debajo de la media europea, ya que el gasto en infraestructuras representaba el 5% del PIB al inicio de la crisis y un 14% del gasto público, cuatro puntos por encima de la media europea, tras lo que se produjo un ajuste "brusquísimo" hasta situarse ahora en dos puntos del PIB, frente a los 2,5 puntos de PIB que de la UE.
El jefe de supervisión de las cuentas públicas ha avisado que los niveles anteriores de recursos públicos no volverán ya que economía española va a estar "constreñida" en los próximos años "de forma mucho más notable" que en los últimos ejercicios por el elevado nivel de endeudamiento público que presiona el gasto del Estado y por las restricciones de financiación de la banca, que cada vez tiene mayores requerimientos de solvencia.
La AIReF plantea buscar alternativas para no perder los niveles de desarrollo como el modelo de EEUU en el que grandes fondos de pensiones e infraestructuras invierten en obra pública. Estas firmas tienen un perfil de inversión de muy a largo plazo con rentabilidades estables y ligadas a la inflación que encajan perfectamente con las infraestructuras.
Para Escrivá existe la necesidad de captar este tipo de inversores "naturales" de largo plazo como son los fondos de inversión, los fondos de pensiones y las propias aseguradoras.
A su juicio hay margen de actuación por esta vía, puesto que solo alrededor de un 3% de los fondos de inversión internacionales dirigen el ahorro hacia las infraestructuras. Asimismo, ha considerado necesario explotar el papel de los bancos públicos de desarrollo y las asociaciones público-privadas.
En su opinión, este camino requiere también apostar por una evaluación sistémica e independiente de los proyectos, lo que obliga a evolucionar desde una evaluación basada en criterios exclusivamente fiscales (que las inversiones fueran sostenibles) a una evaluación basada en la eficiencia económica.
Ha añadido que se tienen que valorar no solo los efectos directos sino también las externalidades positivas y negativas.
Al respecto ha dicho que en un país como España, con un sesgo muy elevado en la inversión pública hacia infraestructuras, hace falta una "evaluación serena" del impacto de esa inversión. En España las infraestructuras han supuesto un importante factor de cohesión territorial, pero ha asegurado que se trata "más de una intuición" que del resultado de un "análisis fino".
Además, insiste en la posibilidad de estudiar la vía de "adecuar más las tarifas y los pagos y copagos a los costes", de forma que "pague el que hace uso de la infraestructura", algo que ya sucede en España "en cierto porcentaje".
El presidente de la AIReF ha lamentado que en España hay "poca cultura" de una evaluación 'ex ante' y 'ex post' de los proyectos públicos, de los impactos que pueden tener y de un análisis profundo de los costes, el beneficio y los resultados, lo que hace que la priorización en los Presupuestos sea "complicada". Por ello, ve "crucial" introducir elementos de eficiencia en la evaluación de proyectos y encontrar espacios fiscales para poder destinar la financiación a los proyectos más productivos.
Preguntado sobre el rescate de las autopistas, Escrivá ha indicado que la normativa anterior de octubre de 2015 es "agua pasada", ya que desde entonces hay una nueva Ley de Contratación Pública y una nueva normativa que establece que si se produjese algo similar, el Estado pagaría lo que obtendría con la relicitación de las autopistas, con lo que disminuye la posible vulnerabilidad del Estado.
"Tenemos una legislación que protege mucho más al Estado y esto no va a volver a ocurrir", ha enfatizado Escrivá, quien ha explicado que, con el nuevo régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración, se acota el riesgo asumido por la Administración al valor del activo.

Solo cuatro CCAA - Madrid incluida- no tienen un compromiso para sacar OPE sanitarias periódicas

MADRID.- Dos de los grandes retos del Sistema Nacional de Salud español son hacer frente a la escasez de especialistas y la renovación de una plantilla sanitaria cuya mayor parte de efectivos se jubilarán próximamente. Por ello, la publicación de Oferta Pública de Empleo (OPE) cobra especial importancia en este sector, según redaccionmedica.com.

Hasta el momento, hay una mayoría de comunidades autónomas que se han comprometido a publicar sus OPE con cierta periodicidad, ya sea anual o bianual. Sin embargo, aún hay bastantes que no se han pronunciado al respecto.

La periodicidad de las OPE ya es una realidad en algunas comunidades autónomas. El departamento de Salud del País Vasco es uno de los primeros que se ha comprometido a su convocatoria cada dos años, al igual que Extremadura, región que firmó un pacto en 2017 por el que se comprometía a convocar concursos de traslado con carácter bianual.

En el mismo sentido se han pronunciado las consejerías del Principado de Asturias y Canarias, aunque lo han hecho de forma verbal, asegurando que la periodicidad se produciría cada dos años. Finalmente, y también con carácter bianual se han mostrado a favor Aragón y Andalucía. Esta última ha afirmado que las categorías menos numerosas pueden tener una periodicidad mayor, ya que la demanda no es tan alta en algunas especialidades como en Atención Primaria.

A pesar de ello, no todas las comunidades han apostado por una periodicidad bianual, sino que algunas como Galicia, Baleares y Castilla y León se han decantado por que esto sea anual. Del mismo modo se han pronunciado Cataluña, mediante un acuerdo verbal, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Valenciana, cuyas consejerías se han ofrecido a realizar una OPE anual con las plazas correspondientes a la tasa de reposición de cada ejercicio.

Hay algunas comunidades que todavía no han puesto sobre la mesa la posibilidad de tener una periodicidad en sus OPE. Este es el caso de la Comunidad de Madrid, que no descarta que en un futuro se pueda llevar a cabo; Cantabria y Murcia. Estas regiones todavía no han anunciado ningún tipo de acuerdo de este tipo, por lo tanto, la convocatoria de sus OPE responde a sus propios criterios.

Finalmente, la consejería de Salud de La Rioja ha confirmado que en la actualidad se encuentra manteniendo conversaciones con los sindicatos regionales para que en un futuro se pueda comprometer a una periodicidad en la convocatoria de sus OPE. A pesar de ello, todavía se trata de un proyecto que está sobre la mesa y que no ha sido cerrado por las partes.

De la misma manera el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado recientemente que su comunidad se compromete a publicar OPE en Sanidad con periodicidad anual. Sin embargo, tal como aseguran fuentes sindicales a Redacción Médica, ese compromiso no se ha pactado en Mesa Sectorial y carece de formalidad. 

El Rey Juan Carlos recibe el alta médica tras su operación

MADRID.- El Rey emérito Juan Carlos ha recibido este martes el alta médica después de que el pasado sábado fuera operado en un hospital madrileño para sustituirle la prótesis de la rodilla derecha que le implantaron en 2011.

Una vez que el equipo médico le ha dado el alta en torno a las 11.30 horas ante "la evolución clínica favorable", don Juan Carlos va a abandonar en breve del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja para "continuar la recuperación en el Palacio de la Zarzuela", según el parte médico difundido por el centro sanitario privado.
Ya en Zarzuela, será el equipo médico de la Casa del Rey el que supervise la rehabilitación del anterior jefe del Estado, añade la nota.

La libertad de expresión es la base de todo / Ramón Cotarelo *

Sin libertad de expresión todos los demás derechos son papel mojado. Por eso, lo primero que hacen los tiranos es reducirla o suprimirla. 
 
Lo primero que hizo el gobierno del PP vencedor con mayoría absoluta parlamentaria en 2011 fue cambiar el estatuto legal de la RTVE para suprimir en ella la libertad de expresión y ponerla a su servicio y lo segundo, elaborar una ley de restricción de las libertades públicas, singularmente de expresión, reunión y manifestación que se promulgó en 2015 como Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.

La inquina de la derecha neofranquista a la libertad de expresión es acendrada y muy fuerte. A estas alturas son varios los titiriteros, raperos y tuiteros procesados por enaltecimiento de lo que no se debe enaltecer, injurias a quien no se puede injuriar, atentado contra unos sentimientos religiosos contra los que es permisible atentar. Todo pura especulación, fabulación, interpretación y arbitrariedad. 

Quien impone límites a la libertad de expresión sabe en dónde empieza, pero no en dónde acabará. Entre castigar algo tan etéreo como la falta de respeto a los símbolos e imponer un código de decoro público religioso por ejemplo, solo hay un paso.

Y ello sin mencionar un factor adicional. La represión de la libertad de expresión no solamente es una injusticia sino una doble injusticia porque depende de qué ideologías sean las implicadas: las injurias, faltas de respeto, amenazas, insultos, coacciones de la extrema derecha, muchas de ellas muy relacionadas con el PP, ni se consideran en justicia. No van a los tribunales. Esta justicia es injusta porque es manifiestamente parcial, política.   
 


(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

La preocupación por las pensiones alcanza su mayor nivel en 30 años

MADRID.- La preocupación ciudadana por el futuro de las pensiones ha repuntado en el último mes hasta alcanzar su nivel más alto de los últimos 30 años, mientras continúa bajando la inquietud de los españoles por la independencia de Cataluña, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El barómetro del CIS, elaborado entre el 1 y el 13 del pasado mes de marzo, refleja que las pensiones escalan hasta el quinto puesto en la lista de problemas y ya son citadas por un 15,5 por ciento de los encuestados.
Del otro lado, la independencia de Cataluña vuelve a caer a su nivel más bajo desde el referéndum ilegal del 1 de octubre, con un 8,6 por ciento frente al 11,3 por ciento del mes pasado.

La germanofobia, el 'prêt-à-porter' madrileño de primavera / José Antich *

La virulencia con que ha reaccionado el Madrid político y mediático más de derechas contra Alemania por la excarcelación del president Carles Puigdemont ha sido tan exagerada que ha asustado a los alemanes, poco acostumbrados a ser objeto de mofa y de ensañamiento dentro del continente. 

Desde el viernes en que se conoció que la Audiencia Territorial del estado federal de Schleswig-Holstein descartaba el delito de rebelión y que iba a estudiar tan solo el de malversación, una catarata de acusaciones, insultos y descalificaciones ha caído contra el gobierno alemán y contra el funcionamiento de su justicia. 

Como si se tratara de una cuestión patria y no de un tema exclusivamente judicial, editorialistas, articulistas y políticos reconocidos del PP, como el eurodiputado Esteban González Pons o el portavoz del partido Rafael Hernando, han querido señalar un peligroso camino que acerca España a ojos de Europa a la intolerancia y evidencia la nula separación de poderes.

En el menú prêt-à-porter de esta primavera madrileña informativa, lo que menos estaba en el guión era una discusión con Alemania y la aparición de la germanofobia, con una clara similitud a la tantas veces ensayada catalanofobia. 

La ministra de Justicia alemana, Katarina Barley, que señaló el fin de semana que España no tenía que dar por hecha la extradición de Puigdemont por malversación, que tendrá que explicarla y que esto no será fácil, ha propiciado desde titulares como "Alemania, a España no se la toca" hasta acusaciones directas contra la ministra en un gran diario de Madrid en que se la tilda, entre otras lindezas, de "nazi progre", "ministra racista de Merkel", y, también, se habla de la "euromanía alemana de masacrar a sus vecinos".

González Pons ha cuestionado la justicia alemana, ha señalado que el tribunal ha ido más lejos de lo que debería haber ido y ha amenazado con que si la euroorden no funciona, el tratado de Schengen no tiene sentido. El joven Casado ha ido más lejos al exigirle al tribunal alemán que rectifique. ¡Como si Alemania fuera España!  El gobierno español, que propició el primer fuego, ha tenido que salir rápidamente a intentar apagar el incendio de la desmesurada campaña contra Alemania.

En medio de todo este despropósito español, la embajada de Madrid en Berlín se dedica a publicar cartas al director en los diarios alemanes. Muy poca artillería y menor influencia en un país difícil como Alemania que ha asumido el caso catalán como un debate público más próximo a la violación de derechos humanos que a la independencia. 

Y donde la clase política y los medios de comunicación están descubriendo unas actitudes en las que lejos de hacerles cómplices de un problema se les critica y se les ataca con una gran desmesura. Madrid, en primavera.


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia


Dimite la subdirectora del Instituto de Derecho Público de la URJC por lo de Cifuentes

MADRID.- La subdirectora del Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Laura Nuño, ha anunciado que deja su cargo por la "crisis de confianza" generada dentro de este centro dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde, también director del máster de Cristina Cifuentes.

Nuño, que accedió a la subdirección del IDP en diciembre de 2017, ha explicado que, pese a que se trata de "un cargo no estatutario", está "muy desolada en lo personal", por lo que ha decidido apartarse de dicho centro, cuya actividad de los últimos 10 años está siendo investigada por la inspección interna de la URJC.
"Se trata de una decisión estrictamente personal", ha insistido Nuño, quien ha recalcado que "sigue respetando" al IDP y al cual "seguirá perteneciendo" como profesora.
El nombre y la firma de Laura Nuño ha aparecido este martes en varias actas oficiales de convalidación, en las que se da fe de una supuesta reunión de una comisión de Garantía de Calidad del máster, en mayo de 2012, donde se aprobó la convalidación de tres de las asignaturas a varios estudiantes, Cifuentes entre ellos.
Respecto a la autenticidad de su firma, que aparece en estampada en dichos documentos de convalidación que han sido desvelados hoy por eldiario.es, Nuño ha dicho que "no parece" su firma y que no recuerda "haber convalidado nada de esa materia, ni haber asistido a dicha reunión".
Politóloga, investigadora y activista feminista, Nuño permanecerá como directora del Observatorio de Igualdad en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), desde donde fue propulsora del primer Grado académico de Género en España y está preparando un nuevo título en Prevención en Violencia de Género y Sexual.

Casado defiende su máster: "No hubo trato de favor"

MADRID.- El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha incidido este martes en que ha dedicado "mucho tiempo y esfuerzo" a su formación profesional y no puede consentir que "se acabe mezclando con informaciones que no tienen nada que ver".

En una entrevista con Onda Cero, Casado se defendía así después de que la Universidad Rey Juan Carlos, involucrada en el escándalo por el título de máster que allí obtuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, confirmase que está analizando otras titulaciones, incluida una suya.
Casado, que ha publicado en redes sociales pantallazos de la intranet de la Universidad para exponer su evolución como alumno, ha asegurado que el suyo no era "un máster finalista" porque se trataba de un curso de acceso a la investigación, que es lo que él iba buscando. Lo define así como "los antiguos cursos de doctorado".
"Tengo hasta el folleto en que se especifica que esta formación va orientada a la investigación y explica cómo se está adaptando la universidad española a Bolonia", ha comentado, para incidir en que él "guarda muchas cosas" y por eso, ha convocado a la prensa para mostrar desde el "trabajo de fin de itinerario" que entregó al terminar el curso, como el resto de trabajos de investigación que realizó en este marco.
En esta línea, el vicesecretario 'popular' ha dicho que "no hubo trato de favor" en su formación: "Yo era un chaval de 26 años, no tenía ningún puesto ejecutivo. Fui sin conocer a nadie en ese máster y yendo como una persona absolutamente anónima".
Casado, que ha declarado que a "nadie le gusta verse envuelto en esto", ha afirmado que no pidió "ningún tratamiento especial" y desde el "primer momento" se le dijo a qué se tenía que atener. "No hubiera cometido este error porque no me hacía falta este título", ha reiterado.
Ha explicado que eligió a la Universidad Rey Juan Carlos porque es "excelente" y se encontraba "muy cerca" de su domicilio. "Yo quería investigar sobre derecho internacional público. Esta titulación era derecho autonómico y local y pensé que para la investigación era un acceso que era correcto", ha explicado.
Por otra parte, el diputado 'popular' ha dicho que es "bueno" dar explicaciones y que "respeta" la investigación que está teniendo lugar en el Rectorado porque "es fundamental que el prestigio de la universidad no sea menoscabado".
Casado ha explicado que no ha ido a retirar la certificación del título porque "no era finalista" y no considera que haya actuado erróneamente al ponerlo en su currículum: "No pensé que nadie me fuese a poner en duda".

Destapado un fraude a la Seguridad Social de más de 15 millones de euros

MADRID.- La Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social de más de 15 millones de euros en el que han sido identificadas 43 personas como presuntos responsables en Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia.

Las actuaciones se han realizado con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de acuerdo con el convenio de colaboración firmado por los ministerios de Empleo e Interior.
En concreto se estima que el fraude asciende a 15.779.320 euros y que fue cometido por varias mercantiles en las citadas provincias, informa la Dirección General de la Policía.
Los agentes han revisado y analizado 32 expedientes que afectaban a las empresas y como consecuencia de ello figuran como investigadas 43 personas como presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social, fraude de prestaciones, falsedades documentales, frustración a la ejecución, estafa, blanqueo de capitales y malversación.
Las investigaciones comenzaron a finales de 2016 cuando fueron remitidos distintos escritos de denuncia por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social a la Policía Nacional junto con diversa documentación solicitada por este Cuerpo.
Los investigados han resultado ser principalmente los responsables de las mercantiles pero también sus testaferros, algunos de ellos trabajadores que figuraban en connivencia y familiares de los primeros.
En todos los casos se ha realizado un informe patrimonial de las personas implicadas con el fin de que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere oportuno o que el Juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos para cubrir las responsabilidades.
Entre los arrestados hay un empresario que fue nombrado depositario de los bienes embargados por las deudas que mantenía con la Seguridad Social, que en la actualidad superaban los 120.000 euros y que estaban depositados en el establecimiento hostelero de su propiedad.
Cuando se requirió al empresario la puesta a disposición de los bienes embargados incumplió sus obligaciones como depositario obviando el requerimiento.
Además, para evitar las responsabilidades penales decidió efectuar hasta tres denuncias ante la Policía en las que narraba una serie de hurtos y robos en su establecimiento y que coincidían con las fechas de las notificaciones de la Seguridad Social y de todos los bienes que ya figuraban embargados por este mismo organismo.
Para eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería las empresas defraudadoras utilizan diferentes procedimientos.
Entre estos métodos figuraba la creación sucesiva de sociedades mercantiles a las que iban transfiriendo la actividad desarrollada por la deudora y sus elementos patrimoniales.
En otras ocasiones mediante el denominado "grupo de empresas" constituían una compañía principal que ostentaba el patrimonio junto a otras descapitalizadas que complementaban su actividad, existiendo un ánimo defraudatorio ya que las últimas empresas que figuran formalmente con personalidad jurídica independiente son un única empresa, utilizando fraudulentamente la normativa laboral.
Asimismo, son igualmente utilizados para defraudar las sucesivas trasmisiones de la titularidad de los bienes que pasan de una razón social a otra e incluso a empresarios individuales, impidiendo o dificultando la localización de los mismos, y en algunos casos, el traspaso de los bienes una vez requerido su embargo, explica la Policía.

Ignacio González niega "presiones" del PP para firmar adjudicaciones en Madrid

MADRID.- El expresidente madrileño Ignacio González ha negado cualquier tipo de "presión" o "intervención" de la dirección del PP ni de su extesorero Álvaro Lapuerta para que se otorgaran adjudicaciones de la Comunidad de Madrid, aunque sí ha reconocido que éste último se interesaba por estos asuntos.

En su declaración ante la comisión de investigación del Congreso por la supuesta financiación irregular del PP, González, imputado en el caso Lezo, ha comenzado diciendo que no ha "participado nunca en una organización criminal" ni ha "dirigido absolutamente nada".
"No he hecho ninguna práctica con el ánimo de perjudicar al Canal de Isabel II ni a la Comunidad de Madrid", ha añadido el expresidente regional, que fue detenido por el caso Lezo en abril de 2017 y permaneció en prisión hasta el 8 de noviembre, cuando pagó la fianza de 400.000 euros que el juez impuso el día anterior.
González ha asegurado que "nadie ha podido acreditar que haya recibido dinero", que tenga sociedades en el extranjero ni "nada" de lo que se le está acusando desde hace tres años.

Respecto a Lapuerta, ha indicado que le sorprendió su "interés", que se producía "permanentemente o con una cierta asiduidad", por conocer asuntos que eran de gestión ordinaria de la Comunidad, como "contrataciones" o "desarrollos urbanísticos", pero ha puntualizado que no ejerció presiones más allá de ese interés.
También se ha referido a la conversación pinchada en el caso Lezo con el exministro Eduardo Zaplana en la que hablaron de un supuesto chantaje a Mariano Rajoy con una grabación en la que el expresidente de la constructora Degremont Rafael Palencia reconocía el pago de comisiones al PP.
Ante el Congreso, González ha reiterado que esa charla era una "conversación de café" en la que simplemente trataban un asunto que conocieron por terceras personas.
La comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP retoma este martes sus trabajos tras el paréntesis de Semana Santa con las comparecencias de los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio Gonzalez, que acudieron a la Cámara apenas cinco días después de que su ex jefa de prensa Isabel Gallego admitiera pagos del Canal de Isabel II a la empresa EICO del informático Alejandro de Pedro (vinculado a la trama Púnica) a cambio de trabajos de reputación online de los dos expresidente.