MADRID/BENIDORM.- Beatriz García Paesa administró la sociedad luxemburguesa Imison International, a través de la que, según la juez que instruye la Operación Erial, se canalizó un soborno de 6,4 millones de euros para Eduardo Zaplana.
La sobrina del espía que ayudó a Luis Roldán a fugarse de España ha explicado a El Mundo,
a través de fuentes de su entorno, que el dinero que pasó por esa
sociedad era propiedad de la familia Cotino y que fue enviado al Gran
Ducado con la explicación de que "procedía de un holding familiar e iba a ser invertido en negocios de cemento y promociones inmobiliarias en España".
García
Paesa reconoce que "Vicente Cotino acudía a las juntas de la compañía",
pero niega conocer a Zaplana. "Nunca he hablado con él", asegura.
La sobrina del espía Francisco Paesa
administró la sociedad luxemburguesa Imison International a través de
la que se canalizó la supuesta comisión de 6,4 millones de euros que ha
llevado a prisión al ex presidente valenciano.
Beatriz García
Paesa, que fue investigada por dar cobertura con sus empresas a su tío,
que ayudó a fugarse al ex director general de la Guardia Civil Luis
Roldán, fue hasta su liquidación en 2011 la gestora de esta compañía.
El Mundo se puso este viernes en contacto con el entorno de García Paesa, que
admitió su presencia en la compañía "desde finales de 2001".
No en vano
así figura en la documentación oficial del registro mercantil de Luxemburgo
a la que ha tenido acceso este periódico. En los archivos de esta
plataforma de inversión aparece como integrante del Consejo de
Administración junto al domicilio de sus oficinas, ubicadas en el número
5 de Boulevard Royal.
Radicada en el Gran Ducado
como gran asesora financiera las mismas fuentes subrayan que García
Paesa "ni tuvo poder en las cuentas ni movió nunca los fondos". Apuntan a
que simplemente accedió a ocupar el cargo de administradora ya que los
propietarios del dinero eran españoles, concretamente "los miembros de
la familia Cotino", que argumentaron ante la sociedad que el dinero
"procedía de un holding familiar que tenía inversiones en cemento y quería llevar a cabo promociones inmobiliarias en España".
No obstante, la instructora del bautizado como caso Erial
considera que el dinero transferido a Imison International tiene como
origen realmente un soborno cuyo beneficiario último era el ex alto
cargo popular.
Así, la magistrada señala que "existen
indicios de la relación" de Zaplana "con el cobro de una serie de
comisiones aparentemente desembolsadas por parte de sociedades del grupo
empresarial Sedesa, propiedad de los Cotino, en
atención a las adjudicaciones del servicio de ITV y del Plan Eólico de
la Comunidad valenciana, ambas licitadas en el periodo temporal en el
que fue presidente de la Generalitat valenciana" y canalizadas a través
de la referida entidad luxemburguesa.
A su vez añade la magistrada
que "existen indicios de su relación en términos de posesión con
determinada documentación que trata aspectos de las licitaciones y
adjudicaciones, así como una serie de operaciones societarias vinculadas
a las anteriores".
En ellas, prosigue la juez en el auto mediante el que
envió a prisión al ex presidente valenciano,
"aparecen reflejadas diferentes personas físicas y jurídicas
relacionadas a los hechos pasados y futuros descritos en ellos y
apareciendo descrita con cierto grado de detalle la operativa seguida en
relación a
Imison International, aparentemente instrumentalizada para
el pago de la comisión".
Estos fondos, señala la instructora,
"fueron retornados a España durante los años 2005 y 2006". También
apunta el auto que "con respecto a los fondos retornados se ha
evidenciado a lo largo de la investigación cómo, de forma contemporánea a
la salida de fondos de Luxemburgo, se habrían estado produciendo una
serie de movimientos solitarios (constitución de empresas, cambios de
titularidad, etcétera)".
"Un análisis conjunto parece indicar que
tuvieran el propósito finalista de posibilitar el retorno de estos
fondos y la puesta a disposición o bajo el control de los destinatarios
finales", subraya.
En esta operativa de retorno de fondos la juez implica también a las sociedades
Medlevante, Turnis Silvatica y
Gesdesarrollos Integrales,
entre otras. "Siendo de especial interés", prosigue el auto judicial,
"el hecho de que todas las personas intervinientes en este proceso de
creación y posterior administración que alcanza hasta la actualidad se
encontrarían personalmente vinculadas con Eduardo Zaplana", concluye en
su última resolución la instructora de la
Operación Erial.
El asesor fiscal personal de Zaplana prestó declaración ante la juez de Valencia
y también desvinculó por completo al ex ministro de la sociedad
Imison
International, S.A. "Conozco todo lo que tiene y eso no es suyo", dijo a
la juez, que insiste en tener pruebas de la vinculación de Zaplana con
la entidad. El entorno familiar del ex ministro también niega relación
alguna con esta empresa.
La juez cree que Zaplana cobró a plazos las comisiones
La tesis de la investigación es que Zaplana recibió
mordidas años después de que adjudicaciones como la de las ITV y el
Plan Eólico Valenciano se materializaran, e incluso tras abandonar el
cargo.
Pero que el delito se perfeccionó —se cometió del todo—, cuando
el pago del soborno se hizo efectivo. A partir de entonces, señalan
fuentes de la investigación, empieza a contar el plazo de prescripción.
Un plazo que en el caso del cohecho es de 15 años.
La magistrada señala que el pago de
las comisiones se efectuó en el extranjero y, tras pasar por un circuito
internacional de blanqueo, el dinero se reintroducía en España.
La instructora menciona una operación de 2005,
y fuentes de la investigación sostienen que la operativa se ha
mantenido presuntamente hasta este año.
Fuentes del entorno de Zaplana señalaron que su defensa considera su ingreso en prisión
“innecesario, desproporcionado e injusto”.
Piden cambiar de nombre la avenida Eduardo Zaplana de Benidorm
Podemos y Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) han registrado una iniciativa en el Ayuntamiento de Benidorm
para cambiar de nombre la avenida Eduardo Zaplana
y que le sean retirados los demás honores y reconocimientos al
exalcalde, exministro y 'expresident', tras su detención en la
operación
Erial por presunto blanqueo de capitales
y su posterior ingreso en prisión preventiva y sin fianza en Picassent (Valencia).
Las
formaciones han defendido en un comunicado conjunto que los hechos que
se le imputan son "muy graves y constatan, una vez más, que el Partido Popular es una banda organizada para delinquir".
La portavoz de Podemos en Benidorm, Asun Villaverde,
ha recordado que "Zaplana empezó su carrera política asumiendo la
Alcaldía de Benidorm con el apoyo de una tránsfuga". Ha recalcado además
que "dicha maniobra fue apoyada por Mariano Rajoy en calidad de vicesecretario general del Partido Popular".
En relación al presidente del Gobierno, ha añadido que "en 2009 compareció ante la prensa asegurando que existe una trama contra el PP y
que los casos de corrupción son casos aislados; es decir, una mentira
que no se sostiene y que es la excusa para no asumir responsabilidades
políticas".
Por su parte, el portavoz municipal de EUPV, Fran Casellas,
ha asegurado que "la detención de Zaplana no es ninguna sorpresa, ya
que la maniobra con la que llegó a la Alcaldía dejaba muy claro por
dónde discurrirían sus prácticas de gobierno".
"No hay mayor declaración
de intenciones que subvertir un resultado electoral comprando
lavoluntad de una tránsfuga", ha enfatizado.
Por todo ello, desde ambas formaciones consideran que Zaplana "no cumple los requisitos de ejemplaridad para merecer reconocimiento público"
y que "es imprescindible que el Ayuntamiento de Benidorm proceda a
sustituir el nombre de la avenida", además de retirar tanto las placas
de los lugares públicos donde aparezca su nombre como la medalla
corporativa de la ciudad, que le fue concedida en 2012.
Podemos y EUPV han reconocido que "no se puede borrar la relación pasada entre Eduardo Zaplana y Benidorm", pero creen que "borrar su nombre de los espacios públicos es fundamental para mejorar la imagen de la ciudad".
Han lamentado que Benidorm "se está viendo perjudicada con este
asunto", por lo que ven "imprescindible" que el Ayuntamiento se
posicione a favor de la iniciativa presentada para "mejorar la calidad
democrática de la ciudad".
