MADRID.- La Guardia Civil ha concluido en un informe sobre la existencia de medidas de control telemático a imponer al empresario Francisco Correa que "no se puede garantizar, con plena y absoluta fiabilidad", el control de una persona con las circunstancias que presenta el presunto 'cerebro' de la trama de corrupción Gürtel a la vista de los delitos graves de los que se le acusa.
Ésta es la conclusión a la que llega la Comandancia de la Guardia Civil en el informe que da cumplimiento al requerimiento del juez Antonio Pedreira, que instruye la rama madrileña del caso, para que informe sobre la fiabilidad en la imposición de medidas de control telemático a Correa para dejarle en libertad provisional.
A este informe se añade otro de la Subsecretaria de Instituciones Penitencias que aclara al magistrado instructor que no tiene competencia para la ejecución de una medida cautelar de vigilancia electrónica, ya que éstas están destinadas a presos penados.
Sendos documentos dan respuesta a la petición de Pedreira de recabar información a instancias de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM, que revocó la imposición de la fianza de 15 millones de euros.
En el informe, la Guardia Civil especifica en qué consiste la imposición de una pulsera electrónica, ya sea en el tobillo o en la muñeca, lo que consiste en un transmisor con una batería que envía señales a un GPS.
Sobre la garantía de control de este sistema, el documento indica que "no se puede imposibilitar el abandono del perímetro o la entrada en zonas prohibidas". Además, precisa que estos brazaletes están elaborados con un material de plástico hipoalérgico muy resistente, pero reconoce que "no resulta imposible su ruptura" y añade que, en este caso, se desencadenaría una llamada de alarma a la central.
La Guardia Civil señala que estas pulseras electrónicas se usan para órdenes de alejamiento en materia de Violencia de Género, con "resultados muy favorables y positivos".
En el caso de Correa, indica que se trata de una persona que se enfrenta a una posibles condenas por delitos graves, penadas con varios años de ingreso en prisión, lo que "podría generar esa voluntad y determinación" de tratar de sustraerse de la acción de la Justicia.
"De las investigaciones ya realizadas, se determina, de forma prácticamente inequívoca, que dicho sujeto podría contar con negocios, recursos económicos y propiedades en varios países, lo que le posibilitaría el poder hacerlo con la fiabilidad y perdurabilidad necesarias para sustraerse a la acción de la Justicia española".
Por otro lado, el comisario jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, José Luis Fernández Gudiña, informó hace dos semanas al juez de que en el ámbito del Cuerpo Nacional de la Policía sólo se dispone de seguimiento a presos preventivos por medios telemáticos en casos de violencia de género.
En el documento, el comisario recalcaba que Correa se haya ingresado en prisión preventiva, que depende de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Por ello, informaba de que se ha remitido un escrito a esta institución en el que se solicita que informe sobre la petición de Pedreira.
Además, adelantó que "se están practicando gestiones ante la empresa SECURITAS, adjudicataria del control de servicio de control telemático de personas, tendente a obtener la información interesada".
Un día después de que la Sala planteará imponer medidas de control a Correa, la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, cuestionó que sea legal aplicar una pulsera telemática a Correa, sin haber sido antes juzgado y condenado.
"El sistema penitenciario tiene medios de control telemático como sistemas de mayor garantía para quienes salen de permiso o están en tercer grado, pero no está previsto para personas que no están aún juzgadas o condenadas. No se si está regulado legalmente que estas personas puedan estar privadas de libertad por medio de un sistema telemático", aseguró Gallizo.
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