ARROYOMOLINOS.- El Juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero ha emitido una providencia en la que cita a declarar como "imputados" al alcalde de Arroyomolinos, Juan Velarde (PP), y a los concejales Félix López (primer teniente de alcalde) y Ana Belén Millán (tercer teniente de Alcalde), así como al exedil Laureano Arrogante y al actual arquitecto municipal y exgerente de la Empresa Municipal de la Vivienda, Carlos García, por una denuncia por presunta malversación de caudales públicos que interpuso en 2007 el PSOE ante el presunto fraccionamiento de contratos públicos entre 2004 y 2006.
Según la providencia fechada el pasado día 11, la magistrado acuerda la "declaración de los imputados" para el próximo 14 de diciembre, a las 10.00 horas, para hacerles "saber el contenido de la denuncia y ampliación de la misma".
La providencia es resultado de las diligencias previas abiertas por el juzgado tras una denuncia que interpuso en 2007 el Partido Socialista y que, según el secretario general de la Agrupación local de Arroyomolinos, Juan Carlos García, podría haber supuesto el "fraccionamiento" de contratos públicos y presuntas "contrataciones irregulares" por importe de 43,5 millones de euros.
Además, en la providencia el juzgado anuncia la remisión de "los antecedentes necesarios" al Tribunal de Cuentas para que "se concrete el importe de los daños y perjuicios causados en los caudales o efectos públicos".
Así, según García, el juzgado pide un "informe" para ver si "se continuará la instrucción respecto a la presunta malversación, sin perjuicio --señala la providencia-- de continuar la instrucción respecto a la prevaricación".
Para Juan Carlos García, este señalamiento implica que el Tribunal de Cuentas "deberá auditar" el Ayuntamiento con presencia de la policía judicial, organismo que determinará "la cuantía de la presunta malversación".
El secretario general de los socialistas arroyomolinenses ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que la citación del alcalde 'popular' "confirma que todo el trabajo realizado en los últimos ocho años era bueno y que iba por el buen camino".
El auto, según García, es "muy claro" y, en este sentido, ha explicado que los 1.500 folios de la denuncia son fruto de un "trabajo duro y realizado a conciencia".
Por su parte, fuentes municipales han asegurado que "a esta hora, ni el alcalde ni ningún miembro del equipo de Gobierno tiene conocimiento acerca de este tema".
Al hilo de las instrucciones practicadas hasta el momento, el juzgado citó a declarar el 23 de noviembre del pasado año a la Interventora municipal del Ayuntamiento y a los técnicos de Contratación y Tesorería, quienes, según el PSOE, ratificaron en el juzgado la existencia de "informes desfavorables" en varias contrataciones realizadas por el Gobierno local entre 2004 y 2006.
Según las mismas fuentes, el equipo técnico del Consistorio compareció durante más de tres horas después de que el juzgado decidiese investigar el presunto "fraccionamiento" de contratos en varias adjudicaciones.
En este sentido, según el PSOE, los técnicos certificaron que, en estas contrataciones, "avisaron al Gobierno de que no se podían realizar" por lo que emitieron "informes negativos". De hecho, las mismas fuentes apuntaron a que, de las 62 carpetas analizadas, "sólo cuatro contaban con expediente de contratación". Además, los departamentos técnicos municipales habrían confirmado en el juzgado que, en algunos casos, se produjeron "pagos por encima de lo que había contratado".
Antes de estas comparecencias, el Gobierno local negó las acusaciones al asegurar que todas las contrataciones que se realizan en la Administración local están plenamente sujetas a la ley, ya que cuentan "con todos los informes preceptivos favorables".
Además, el Ejecutivo aseguró en un comunicado que "ninguno" de sus concejales se benefició "directa o indirectamente de las contrataciones realizadas" y que el proceso de contrataciones se llevó a cabo con "una transparencia mayor que la exigida por la Ley".
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