MADRID.- Las indemnizaciones millonarias percibidas por numerosos
directivos de bancos y cajas de ahorros que han tenido que ser
rescatadas han sido reprobadas por la sociedad por considerarlas
inmorales. Sin embargo, los contratos de estos ejecutivos fueron avalados por el Banco de España, tal y como consta en la documentación de la causa penal que investiga la presunta administración desleal o la apropiación indebida en Novagalicia, según 'El Confidencial'.
Según fuentes judiciales, el organismo supervisor ha presentado tres informes a petición de la Fiscalía
en los que demuestra que los contratos de los cinco directivos de la
caja gallega fueron “acordes a la ley”. En concreto, el Banco de
España, dirigido en ese momento por Miguel Ángel Fernández Ordóñez,
respaldó el acuerdo alcanzado por la comisión de retribución del 18 de octubre de 2010 para la consolidación de las categorías del personal de Caixnova y de Caixa Galicia.
Según declaró José Luis Pego, director general de la entidad fusionada y el interlocutor con el regulador,
el Banco de España dio su conformidad a la regulación de los contratos
de alta dirección. En el consejo de administración que se celebró ese
día, el expresidente de Caixanova. Julio Fernández Gayoso, propuso la “posible concesión a los directivos de una compensación o premio especial
por su dedicación y aportación, caso de acceder a la jubilación
anticipada o prejubilación”. La cuantía y la asignación, a pagar de una
sola vez, era facultad del director general, José Luís Pego.
A
la par, Caixa Galicia celebró otro consejo ese mismo día en el que se
presentaron una serie de medidas para tratar de igualar las
retribuciones que cobraban los directivos de la institución con sede en
La Coruña respecto a sus vecinos de Vigo. Las propuestas, que consistían
en aumentos de los salarios y otras prebendas, habían sido aprobadas
previamente por la Comisión de Retribuciones y Nombramientos. Según la
entidad, el Banco de España, la Consejería de Hacienda de la Xunta y la
dirección de Caixanova estaban informados de esos aumentos previos a la
fusión efectiva de ambas entidades.
La integración se produce el 1 de diciembre, momento en el que el FROB realiza la primera inyección de dinero. El ente público aporta 1.162 millones
a la nueva caja para acometer los gastos de reestructuración,
especialmente de personal, ya que la fusión suponía la salida de unos
1.100 empleados. Uno de los compromisos a los que obligaba el FROB al
prestarle dinero era que se debían seguir todas las recomendaciones de
la Unión Europea en materia de retribuciones. En caso de incumplimiento
se establecía una sanción explícita.
Casi dos años después,
Banco de España no ha abierto la boca ni ha impuesto ningún castigo. Al
contrario, la institución dependiente del Ministerio de Economía los dio por buenos y dio instrucciones a la nueva caja de dotar contablemente
los contratos de los cinco directivos de alta dirección y los de
segundo rango. El objetivo es que Novagalicia apuntará en su balance sus
compromisos de pensiones y prejubilaciones para que fueran pagados a
futuro.
Autorización antes de las destituciones
La posterior transformación de Novagalicia en un banco, que sería presidido por José María Castellano,
para facilitar la segunda ronda de recapitalización era causa
suficiente para que los citados contratos se inhabilitaran. Sin embargo,
lejos de ser anulados, el Banco de España le comunicó el 7 de
septiembre de 2011 a la entidad que los contabilizara como
correspondían. Por ese motivo, Gayoso, aún presidente oficial, elevó a
la comisión de retribuciones y al consejo la petición del supervisor,
que avalaba otra vez las cuantías y las condiciones.
Dos días después, el 9 de septiembre, Castellano comunica a Pego que prescinde de sus servicios, así como a Gregorio Gorriarán y a Oscar Rodríguez Estrada, los tres hombres de confianza del anterior presidente. Dos semanas después acuerda también la salida de Javier García de Paredes, el único directivo procedente de Caixa Galicia y el único que hasta la fecha ha renunciado a hasta un 70% de su contraprestación.
El 30 de septiembre, el FROB le inyecta otros 2.450 millones de euros a Novagalicia para hacerse con el 93% del capital ante la situación de insolvencia del nuevo banco. Tres días después, El Confidencial desveló que Pego se había llevado una indemnización millonaria de 8 millones por prejubilarse que pagaría el Estado Posteriormente se conocieron las del resto de directivos, incluidos José Luís Méndez, hasta totalizar cerca de 25 millones.
El caso es similar al de Bankia,
sobre el que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido también al Banco de
España que analice las retribuciones que percibieron los exconsejeros en
el marco de la causa judicial que instruye el juez de la Audiencia
Nacional Fernando Andreu
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