MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción solicitará al Banco de España que analice las retribuciones que percibieron los exconsejeros de Bankia en el marco de la causa judicial que instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu sobre las actividades de la entidad antes de que fuera nacionalizada en mayo pasado, informaron fuentes jurídicas.
Las remuneraciones que recibieron los exconsejeros de la entidad
constituyen una de las cuatro líneas sobre las que la Fiscalía quiere
que se pronuncien los miembros del Cuerpo de Inspectores de Entidades de
Crédito que el gobernador del Banco de España, Luis Linde, debe
designar como peritos judiciales para analizar la documentación que obra
en la causa.
Además, la acusación pública quiere que la investigación se centre
en las condiciones en que se produjo la fusión de las siete cajas de
ahorro que conformaron Bankia, las circunstancias de su salida a
Bolsa y el análisis de las cuentas de la entidad que, tras ser
reformuladas en mayo pasado por la auditora Deloitte, pasaron de un
balance de beneficios de 305 millones de euros a unas pérdidas de 2.979.
El juez Andreu dictó una providencia el pasado 24 de octubre en la
que ordenaba la desginación de los peritos y solicitaba a la Fiscalía y
al resto de partes personadas que en el plazo de diez días expusieran "aquellos extremos en que consideren necesario practicar la prueba pericial".
Según las citadas fuentes, a partir de estas diligencias y el
resto de las que se se realicen en el procedimiento el juez instructor
deberá estudiar qué responsabilidad penal se puede atribuir a los
responsables de la entidad.
Por el momento a los 33 exconsejeros imputados, así como a Bankia
y a BFA en calidad de personas jurídicas, se les atribuyen
indiciariamente y de forma genérica los delitos de falsificación de
cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de
las cosas y apropiación indebida.
La primera semana de comparecencias ha dejado las declaraciones de
ocho exconsejeros, que han coincidido en asegurar que los miembros del
Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría desconocían que
el Banco de España hubiera realizado alguna advertencia sobre la
solvencia de la entidad.
También han apuntado que no fueron conscientes del agujero
contable hasta mayo pasado, cuando se enteraron por la prensa de la
crisis que acabó con la salida de Rodrigo Rato y la nacionalización de
la entidad, que obligó a la entidad a pedir al Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) ayudas públicas por valor de 19.000 millones
de euros.
De igual modo, dos de los exconsejeros citados por el juez Andreu
--el consejero de Bancaja a propuesta del PSOE, Remigio Pellicer, y la
asesora de Esperanza Aguirre, Mercedes Rojo-- admitieron que fueron
incluidos en la Comisión de Auditoría del grupo a pesar de no tener
ningún tipo de conocimiento sobre contabilidad o finanzas.
La ronda de declaraciones judiciales continuará el próximo 19 de
noviembre, cuando tendrá lugar el interrogatorio de otros dos políticos
del PP: la exteniente de alcalde de Madrid Mercedes de la Merced y el
expresidente de Caja Ávila y presidente de la Diputación, Agustín
González.
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