MADRID.- La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, asegura que en algunas movilizaciones hay "elementos muy radicales"
que quieren "provocar incidentes" y que han tratado de "helenizar las
protestas" de los ciudadanos. Cifuentes cree que parte de la protesta social en la
capital estaba "dirigida políticamente" por quienes trataron "de ganar
en la calle" lo que no pudieron en las urnas.
Sobre los altercados
que se han registrado en algunas de estas protestas, está "convencida"
de que "en algunas concentraciones y manifestaciones ha habido elementos
muy radicales que han ido precisamente para provocar incidentes,
de manera intencionada".
"Ha habido y hay grupos antisistema en España y
en Madrid que han tratado de helenizar algunas protestas, aunque no lo
han conseguido, afortunadamente, sobre todo gracias a la profesionalidad
y buen hacer de las fuerzas y cuerpos de seguridad", afirma. En su
opinión, la Policía Nacional ha conseguido "con una intervención mínima y
proporcional" aislar ese tipo de fenómenos.
En 2012 ha habido un
"nivel de movilización muy alto", con 3.419 manifestaciones y
concentraciones en Madrid, que se han saldado sin grandes incidentes y
con la intervención de la Policía en un número "prácticamente
irrelevante" de ellas, ha afirmado Cifuentes. "Por eso, cuando se nos
acusa de querer criminalizar la protesta, las cifras lo desmienten. El
número tan elevado de manifestaciones significa que no se ha criminalizado nada y se ha permitido que quien quisiera manifestarse pudiera hacerlo", sostiene.
La delegada incide en que no es partidaria "ni de restringir ni de limitar el derecho de manifestación", pero sí de "racionalizar
el espacio público", para que no coincidan varias movilizaciones en
el mismo lugar o a la misma hora. Pone como ejemplo a los comerciantes
de la zona centro de la capital, donde se celebra el 80% de las
movilizaciones, afectados "cada vez que hay una manifestación en el
centro" porque "tienen que cerrar sus comercios".
En cuanto al movimiento 15-M,
origen de la mayoría de las protestas, considera que "ha ido
evolucionando y en estos momentos está muy diluido entre otros
movimientos que han ido surgiendo".
"No quiero quitarle valor ni mérito,
porque me merece todo el respeto del mundo, pero sí creo que lo que
definió el 15-M en un inicio ahora significa otra cosa, y ha quedado
claramente diluido", añade.
Cifuentes es consciente de que la
Delegación del Gobierno "es un puesto complicado porque está en el ojo
del huracán" y también por la situación que ha heredado. "En los últimos
tiempos en la Delegación quizá había ciertas carencias, y una de ellas
es que a la Policía Nacional no se la estaba respaldando, a mi modo de ver, de manera suficiente y adecuada, cosa que ha cambiado", explica.
Sobre la polémica por el hecho de que algunos agentes antidisturbios
no lleven su número identificativo visible, la delegada explica que sus
chalecos de protección no lo llevan porque no son personales, sino del
equipo, pero el ministerio ya ha sacado un concurso "para poder
adjudicar que cada agente tenga su propio chaleco, con su
identificación".
"Además, todo policía tiene obligación de identificarse
a requerimiento de cualquier ciudadano, como así hacen", añade.
Preguntada
por su futuro y la posibilidad de que le propongan otra responsabilidad
pública, la delegada asegura que no se plantea "nada" y estará "donde
el partido diga". "Me veo como una persona que lleva mucho tiempo en
política, con vocación de servicio público, intentado hacer siempre las cosas de la mejor forma posible y sin ambición política, porque no la tengo", concluye.
Cifuentes también ha avanzado que es probable que el proyecto de ley de
Seguridad Ciudadana que elabora el Ministerio del Interior incluya
medidas "que no gusten a una parte de la población". La ley "va a ser un
avance importante" que dotará al Cuerpo Nacional de Policía y a la
Guardia Civil "de instrumentos más eficaces para poder garantizar el
orden publico y la seguridad ciudadana", ha señalado.
La delegada
ha advertido de que cuando se legisla es "imposible hacerlo a gusto de
todos", pero al final el Ejecutivo tiene la obligación de legislar
"pensando en la mayoría y en el bienestar de los ciudadanos".
"Es más que probable que en esa ley se tomen decisiones que no gusten a una parte de la población",
ha admitido la delegada del Gobierno, quien cree que en esta ley se han
de regular "con carácter general" aspectos como la prostitución, ya que
ahora se aplican normas diferentes en las Comunidades y Ayuntamientos.
"Habría que abrir un debate, sin criminalizar a esas mujeres, porque la
mayoría lo hace de manera no voluntaria, obligada, pues muchas son
víctimas de trata y hay que regular el ejercicio de la prostitución en
determinadas zonas, como en la puerta de los colegios", ha explicado.
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