MADRID.- Ignacio González tiene una peculiar manera de contestar a las protestas
ciudadanas contra sus medidas. Cada vez que los trabajadores de la
Comunidad de Madrid salen a la calle para denunciar un nuevo recorte, el
sucesor de Esperanza Aguirre les amenaza con el despido en un intento
de acallar estas críticas que le dejan en evidencia. Los trabajadores de
Telemadrid, los del Metro e incluso los sanitarios se han convertido en
su ‘objetivo’.
El presidente del Gobierno regional ha escrito hoy el enésimo capítulo de sus amenazas a los empleados públicos madrileños. Ignacio González ha advertido que cerrará Telemadrid, echando a la calle a los trabajadores que se ‘libraron’ del ERE que provocó el despido de 861 trabajadores, si la Justicia le “obliga a readmitir a la plantilla”. Según ha indicado, el Expediente de Regulación de Empleo se aplicó para tratar de hacer viable la cadena, ya que la Comunidad no puede financiarla, y si no se consigue no quedará otra opción que el cierre.
Asimismo, hace una semana el sucesor de Esperanza Aguirre lanzó un ultimátum a los sindicatos del Metro de Madrid: o aceptaban una rebaja salarial del 10% y un aumento de la jornada desde las 1.642,5 horas actuales hasta 1.700 o la empresa pública despediría a 720 empleados.
El suburbano y las organizaciones sindicales están negociando el convenio colectivo para 2013 y 2014, unas conversaciones en las que el Gobierno regional sostiene que necesita aplicar este recorte de sueldos para “garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo”.
No obstante, estos dos colectivos no son los únicos que se encuentran en el centro de la ‘diana’ del presidente regional. Las protestas que han protagonizado los profesionales de la Sanidad pública desde noviembre contra sus recortes y su intención de privatizar seis hospitales y 27 ambulatorios han puesto en más de un brete a Ignacio González.
Para tratar de frenar esta situación el jefe del Ejecutivo autonómico ha utilizado, como en tantas otras ocasiones, las amenazas. Cuando el Tribunal Constitucional ‘tumbó’ una de sus medidas estrella, el euro por receta, con el que esperaba recaudar unos 83 millones de euros, González aseguró que tendría que acometer nuevos ajustes en el ámbito sanitario para “conseguir el equilibrio presupuestario”.
Y la cosa no quedó ahí. El presidente regional recurrió a la estrategia de las amenazas cuando 120 equipos directivos de centros de salud anunciaron que presentarían su dimisión cuando se hiciera efectiva la privatización de los ambulatorios. El ‘órdago’ lanzado por los profesionales el pasado mes de diciembre tuvo una contundente respuesta desde la Comunidad de Madrid: “se revisarán las vacaciones de los facultativos, que están condicionadas a las necesidades del servicio”.
Es decir, la amenaza se basaba en cancelar las vacaciones navideñas de los médicos para frenar esta rebelión, que quedó en ‘stand by’ hasta que el Gobierno regional saque los pliegos del concurso que podrá en marcha para externalizar la gestión de estos centros sanitarios.
El presidente del Gobierno regional ha escrito hoy el enésimo capítulo de sus amenazas a los empleados públicos madrileños. Ignacio González ha advertido que cerrará Telemadrid, echando a la calle a los trabajadores que se ‘libraron’ del ERE que provocó el despido de 861 trabajadores, si la Justicia le “obliga a readmitir a la plantilla”. Según ha indicado, el Expediente de Regulación de Empleo se aplicó para tratar de hacer viable la cadena, ya que la Comunidad no puede financiarla, y si no se consigue no quedará otra opción que el cierre.
Asimismo, hace una semana el sucesor de Esperanza Aguirre lanzó un ultimátum a los sindicatos del Metro de Madrid: o aceptaban una rebaja salarial del 10% y un aumento de la jornada desde las 1.642,5 horas actuales hasta 1.700 o la empresa pública despediría a 720 empleados.
El suburbano y las organizaciones sindicales están negociando el convenio colectivo para 2013 y 2014, unas conversaciones en las que el Gobierno regional sostiene que necesita aplicar este recorte de sueldos para “garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo”.
No obstante, estos dos colectivos no son los únicos que se encuentran en el centro de la ‘diana’ del presidente regional. Las protestas que han protagonizado los profesionales de la Sanidad pública desde noviembre contra sus recortes y su intención de privatizar seis hospitales y 27 ambulatorios han puesto en más de un brete a Ignacio González.
Para tratar de frenar esta situación el jefe del Ejecutivo autonómico ha utilizado, como en tantas otras ocasiones, las amenazas. Cuando el Tribunal Constitucional ‘tumbó’ una de sus medidas estrella, el euro por receta, con el que esperaba recaudar unos 83 millones de euros, González aseguró que tendría que acometer nuevos ajustes en el ámbito sanitario para “conseguir el equilibrio presupuestario”.
Y la cosa no quedó ahí. El presidente regional recurrió a la estrategia de las amenazas cuando 120 equipos directivos de centros de salud anunciaron que presentarían su dimisión cuando se hiciera efectiva la privatización de los ambulatorios. El ‘órdago’ lanzado por los profesionales el pasado mes de diciembre tuvo una contundente respuesta desde la Comunidad de Madrid: “se revisarán las vacaciones de los facultativos, que están condicionadas a las necesidades del servicio”.
Es decir, la amenaza se basaba en cancelar las vacaciones navideñas de los médicos para frenar esta rebelión, que quedó en ‘stand by’ hasta que el Gobierno regional saque los pliegos del concurso que podrá en marcha para externalizar la gestión de estos centros sanitarios.
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