MADRID.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) ha abierto diligencias informativas para investigar la agresión
que sufrió ayer el juez Eduardo López Palop, conocido por instruir el
'caso Madrid Arena', en los calabozos de los Juzgados de Plaza de
Castilla tras decretar el ingreso en prisión de un detenido, han
informado fuentes jurídicas.
Dentro de las diligencias, que ya se han trasladado al Consejo
General del Poder judicial (CGPJ), se ha solicitado al magistrado que
informe sobre los hechos sucedidos. También se ha requerido al decano de
los jueces, José Luis González Armengol, que aporte datos de lo
sucedido.
Las diligencias van encaminadas a mejorar el trabajo de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los competentes de la
custodia en los calabozos. En concreto, compete a la Guardia Civil y a
Instituciones Penitenciarias.
Tras tomar declaración a un detenido en los calabozos, el juez
Palop recibió varios golpes después de que le comunicara su decisión de
ordenar su ingreso en prisión por hechos que se desconocen.
Al parecer, el hombre se abalanzó sorpresivamente contra el juez
sin que los guardias civiles que lo custodiaban pudieran contenerle. La
fiscal también resultó golpeada. Tras ello, el juez y la fiscal pasaron a ser examinadas
por el forense.
Denuncia de la CIS.F
El sindicato CSI.F ha denunciado "la falta de seguridad" en los Juzgados madrileños que "se ha hecho evidente" tras la agresión ayer de un detenido al juez Eduardo López Palop.
"Este hecho no es aislado y demuestra la inseguridad que sufren los profesionales de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid cuando desarrollan su actividad profesional", ha indicado el sindicato en un comunicado.
Así, señalan que como consecuencia de la actividad realizada en Juzgados y tribunales de Madrid, "es habitual el observar trifulcas, agresiones físicas y verbales dirigidas a los funcionarios de la Administración de Justicia que se encuentran en total indefensión ante la falta seguridad".
"Estas situaciones son el resultado de la escasa seguridad existente en las sedes judiciales, cuestión que se puede ver agravada como consecuencia de las reducciones en esta materia que quiere llevar a cabo la Comunidad de Madrid dentro de la política de recortes que está aplicando", ha concluido CSI-F.
Sin armas
Vigilantes de seguridad de los Juzgados de la Comunidad de Madrid han denunciado que solo diez de los cerca de 200 efectivos desplegados en las sedes judiciales madrileñas vayan provistos con un arma como consecuencia de los "recortes" de la Consejería de Presidencia y Justicia en este ámbito.
Así consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM), que recoge la publicación a principios del pasado enero del contrato de los servicios de vigilancia y seguridad de los inmuebles de órganos judiciales.
Según este documento, los archivos judiciales --situados en dos sedes diferentes-- cuentan con ocho vigilantes armados, mientras que los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla cuentan con un vigilante armado para el Decanato y otro como jefe de Equipo.
En la Comunidad de Madrid hay cerca de 200 vigilantes de seguridad, de los que un total de 80 deben prestar el servicio armado. Sin embargo, solo diez van provistos de un arma durante su jornada laboral.
El resto de sedes judiciales de la región, entre ellas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid, los Juzgados de lo Social, de lo Penal o lo Civil y la totalidad de órganos judiciales periféricos, carecen de vigilantes que lleven consigue un arma.
Fuentes de la Consejería de Presidencia y Justicia han indicado que "los técnicos de seguridad realizaron un estudio teniendo en cuenta la conflictividad en cada sede judicial y por lo tanto no existe riesgo alguno".
En ese sentido, según han señalado, "se ha mantenido personal de seguridad con armas en las sedes judiciales en Plaza de Castilla y Capitán Haya así como en las sedes judiciales que se encuentran más aisladas en polígonos industriales".
Asimismo, han destacado que "se trata de la segunda licitación del contrato que se hace ya sin armas con los de seguridad". Por ello, que estiman que detrás de la denuncia hay "intereses puramente laborales".
Fuentes próximas al colectivo han denunciado esta situación, puesto que entienden que un arma es esencial en el desempeño de algunas funciones y especialmente como efecto disuasorio.
"Las armas son disuasorias e intimidatorios", han recalcado y han recordado que "muy a menudo" se producen incidentes en los Juzgados que requieren de su presencia. Las mismas fuentes han destacado que un arma puede tener un coste mensual de alrededor de 200 ó 300 euros.
Además, han denunciado que los recortes de la Comunidad de Madrid también han provocado la reducción del número de efectivos humanos. En concreto, se han eliminado un total de 39 puestos de los 200 vigilantes que antes había en los Juzgados.
Por ello, han criticado que el consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, asegurase el pasado jueves que "a pesar de estar en una época de reducción de gastos", la Comunidad de Madrid no haya limitado "el gasto en vigilancia y seguridad de las sedes judiciales".
Así lo manifestó tras informar de que la Comunidad de Madrid destinará 15,8 millones de euros hasta 2014 para garantizar la seguridad y vigilancia en 64 edificios y sedes de organismos judiciales y fiscales de la región.
Denuncia de la CIS.F
El sindicato CSI.F ha denunciado "la falta de seguridad" en los Juzgados madrileños que "se ha hecho evidente" tras la agresión ayer de un detenido al juez Eduardo López Palop.
"Este hecho no es aislado y demuestra la inseguridad que sufren los profesionales de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid cuando desarrollan su actividad profesional", ha indicado el sindicato en un comunicado.
Así, señalan que como consecuencia de la actividad realizada en Juzgados y tribunales de Madrid, "es habitual el observar trifulcas, agresiones físicas y verbales dirigidas a los funcionarios de la Administración de Justicia que se encuentran en total indefensión ante la falta seguridad".
"Estas situaciones son el resultado de la escasa seguridad existente en las sedes judiciales, cuestión que se puede ver agravada como consecuencia de las reducciones en esta materia que quiere llevar a cabo la Comunidad de Madrid dentro de la política de recortes que está aplicando", ha concluido CSI-F.
Sin armas
Vigilantes de seguridad de los Juzgados de la Comunidad de Madrid han denunciado que solo diez de los cerca de 200 efectivos desplegados en las sedes judiciales madrileñas vayan provistos con un arma como consecuencia de los "recortes" de la Consejería de Presidencia y Justicia en este ámbito.
Así consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM), que recoge la publicación a principios del pasado enero del contrato de los servicios de vigilancia y seguridad de los inmuebles de órganos judiciales.
Según este documento, los archivos judiciales --situados en dos sedes diferentes-- cuentan con ocho vigilantes armados, mientras que los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla cuentan con un vigilante armado para el Decanato y otro como jefe de Equipo.
En la Comunidad de Madrid hay cerca de 200 vigilantes de seguridad, de los que un total de 80 deben prestar el servicio armado. Sin embargo, solo diez van provistos de un arma durante su jornada laboral.
El resto de sedes judiciales de la región, entre ellas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid, los Juzgados de lo Social, de lo Penal o lo Civil y la totalidad de órganos judiciales periféricos, carecen de vigilantes que lleven consigue un arma.
Fuentes de la Consejería de Presidencia y Justicia han indicado que "los técnicos de seguridad realizaron un estudio teniendo en cuenta la conflictividad en cada sede judicial y por lo tanto no existe riesgo alguno".
En ese sentido, según han señalado, "se ha mantenido personal de seguridad con armas en las sedes judiciales en Plaza de Castilla y Capitán Haya así como en las sedes judiciales que se encuentran más aisladas en polígonos industriales".
Asimismo, han destacado que "se trata de la segunda licitación del contrato que se hace ya sin armas con los de seguridad". Por ello, que estiman que detrás de la denuncia hay "intereses puramente laborales".
Fuentes próximas al colectivo han denunciado esta situación, puesto que entienden que un arma es esencial en el desempeño de algunas funciones y especialmente como efecto disuasorio.
"Las armas son disuasorias e intimidatorios", han recalcado y han recordado que "muy a menudo" se producen incidentes en los Juzgados que requieren de su presencia. Las mismas fuentes han destacado que un arma puede tener un coste mensual de alrededor de 200 ó 300 euros.
Además, han denunciado que los recortes de la Comunidad de Madrid también han provocado la reducción del número de efectivos humanos. En concreto, se han eliminado un total de 39 puestos de los 200 vigilantes que antes había en los Juzgados.
Por ello, han criticado que el consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, asegurase el pasado jueves que "a pesar de estar en una época de reducción de gastos", la Comunidad de Madrid no haya limitado "el gasto en vigilancia y seguridad de las sedes judiciales".
Así lo manifestó tras informar de que la Comunidad de Madrid destinará 15,8 millones de euros hasta 2014 para garantizar la seguridad y vigilancia en 64 edificios y sedes de organismos judiciales y fiscales de la región.
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