MADRID.- La Fiscalía de la Comunidad de Madrid también quiere que el Tribunal
Superior de Justicia de la región investigue Esperanza Aguirre y a Lucía
Figar por “presunta prevaricación” en la contratación de profesores
nativos. Así lo ha demostrado al adherirse al recurso de réplica
presentado el pasado julio por la Federación de Trabajadores de la
Enseñanza de UGT Madrid (FETE-UGT) ante el mencionado órgano judicial.
De esta manera, se evita el archivo definitivo de la causa contra la
expresidenta autonómica y la consejera de Educación.
UGT ha encontrado un importante aliado en su demanda contra Aguirre y Figar por la presunta contratación irregular de profesores nativos para los Institutos bilingües en la región. Una acción judicial que fue archivada. El sindicato ha visto cómo nada menos que la Fiscalía Superior de la región ha salido a su rescate.
Este órgano judicial se ha sumado a la demanda del sindicato y considera que sería necesaria “una investigación complementaria” en torno a esta “presunta prevaricación”. Una postura nada habitual por parte del Ministerio Público, tal y como explica la Ser, pero con el que da un nuevo impulso a la mencionada demanda y se evita su archivo definitivo.
Para FETE-UGT, las contrataciones de estos profesores nativos por parte del Gobierno regional vulneraba “la legislación vigente en cuanto al acceso a la función pública provocando que terceros fueran o bien desplazados o no contratados”.
UGT ha encontrado un importante aliado en su demanda contra Aguirre y Figar por la presunta contratación irregular de profesores nativos para los Institutos bilingües en la región. Una acción judicial que fue archivada. El sindicato ha visto cómo nada menos que la Fiscalía Superior de la región ha salido a su rescate.
Este órgano judicial se ha sumado a la demanda del sindicato y considera que sería necesaria “una investigación complementaria” en torno a esta “presunta prevaricación”. Una postura nada habitual por parte del Ministerio Público, tal y como explica la Ser, pero con el que da un nuevo impulso a la mencionada demanda y se evita su archivo definitivo.
Para FETE-UGT, las contrataciones de estos profesores nativos por parte del Gobierno regional vulneraba “la legislación vigente en cuanto al acceso a la función pública provocando que terceros fueran o bien desplazados o no contratados”.
Asimismo, el sindicato remarcó en su día
que estos docentes, según la Ley, no pueden ocupar “en ningún caso
plazas establecidas o cubiertas por el personal funcionario y por ende
no puede aplicárseles el régimen de funcionamiento de los profesores
funcionarios, cosa que se ha venido haciendo en estos institutos
bilingües”.
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