Lo primero
que llama la atención tanto del informe del 4º trimestre del 2017 del
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como de la
comparecencia de su presidente, Jaime Ponce, en el Congreso de los
Diputados ante la Comisión de Presupuestos, es la falta de confianza en
que se vayan a recuperar cantidades significativas de las
aportadas a Bankia para su salvamento.
Su
comparecencia ha vuelto a plantear una cuestión mayor: ¿Cuánto le va a
costar al contribuyente español haber inyectado tanto dinero en su
reflotamiento? ¿Mucho más de lo que su ex presidente Rodrigo Rato y, lo
que es más importante, de lo que el Banco de España estimaba que fuera
necesario?
Un resumen apresurado de lo más llamativo de lo mucho que ha vuelto a
decir en su comparecencia en el Congreso es que todo se podía haber
hecho mucho mejor. Cuestiona además las alabanzas que han hecho en su
reciente visita a España los inspectores del Banco Central Europeo y de
la Comisión, dando por zanjada la crisis y bendiciendo el modelo de
saneamiento del sector. Por supuesto cuestionan el exceso de
autocomplacencia del equipo de José Ignacio Goirigolzarri.
Como primera consecuencia, en Bankia no se va a cumplir el plazo de
la privatización y difícilmente se podrá recuperar algo significativo de
lo mucho invertido que queda por recuperar. La cotización tan baja
obligaría a vender a pérdidas, como se ha tenido que hacer hasta ahora,
debido sobre todo a la presión que vienen ejerciendo desde la actual
gestión de la entidad para acelerar la privatización.
El equipo de Goirigolzarri, con el propio presidente a la cabeza, no
deja pasar una oportunidad para mostrar que quieren quitarse de encima
el control del Estado a toda costa. Aunque habrá que esperar. La
cuestión exige analizarla con más detalle, como ya están haciendo en el
equipo del nuevo ministro de Economía, Ramón Escolano.
No es lo único que tiene previsto revisar o analizar, aunque la
presión a la que ha sido sometido para que conserve a todo el núcleo del
equipo de Guindos no le facilitará el trabajo. Bien es cierto, que una
vez que se asiente en el ministerio Escolano, todo será posible.
Volviendo a la comparecencia de Jaime Ponce, también fue muy
importante lo que dio a entender sobre la información elaborada por la
auditora que llevó a la intervención del Banco Popular. Es otra voz más
que se suma a quienes sugieren que el informe de valoración final, del
que prometió que se publicaría en cuanto lo recibieran, se ha estado
pensando para justificar el informe inicial que condujo a la
intervención.
Esta nueva actitud vendría a explicar, al menos en parte, el cambio
que se ha producido en la emisión de los mensajes lanzados desde
diversas instituciones para tratar de justificar la injustificable
manera en que se resolvió el caso del Banco Popular.
Les va a costar mejorar la imagen de la desastrosa gestión de
comunicación que se hizo en este caso. Hasta la presidenta de la Junta
Única de Resolución, Elke König, que mostró un claro menosprecio por el
trabajo que realiza la Comisión de Investigación del Congreso de los
Diputados, ha admitido, a su manera, que quizás se equivocaron en algo.
No han sido solo estas las únicas explicaciones del presidente del
FROB que han desorientado a algunos diputados en la Comisión de
Presupuestos. Tanto entre los diputados populares como entre los
representantes de Ciudadanos las menciones a la cuestionada gestión de
la SAREB, con un presidente que cobra unos 450.000 euros, abre otro
frente de investigación para los próximos meses sobre cómo se está
gestionando las postrimerías de la crisis.
(*) Periodista
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