El mundo rural español se moviliza de nuevo para proteger la agricultura y su economía

 

MADRID.- El mundo rural español se pone de nuevo en marcha de forma coordinada y con una agenda de largo recorrido y gran profundidad política y social. SOS Rural, que surgió en abril de este año gracias al apoyo de cientos de organizaciones a este movimiento ciudadano independiente, anunció en Madrid esta semana la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), con una campaña masiva de recogida de firmas, cuyo objetivo central es “proteger la agricultura y la economía rural en España, en especial el regadío”, ya que es un “sector estratégico que aporta un gran valor económico, social, territorial y medioambiental, y que se encuentra sometido a fuertes presiones y amenazas que requieren de una respuesta regulatoria integral”.

Una ILP, también conocida como iniciativa ciudadana, es un mecanismo de democracia directa amparado en la Constitución, por la que los ciudadanos pueden presentar proposiciones de ley al Congreso de los Diputados si reúnen al menos 500.000 firmas en un plazo de nueve meses tras la presentación de la iniciativa a la Cámara Baja.

SOS Rural informó también de que esta ILP irá acompañada de una acción a nivel europeo con sus aliados de países como Alemania, Holanda, Francia, Polonia o Rumanía. Se trata de una Iniciativa Ciudadana Europea, cuyo objetivo es garantizar la soberanía y seguridad alimentarias, defendiendo la agricultura nacional y europea contra la competencia desleal de terceros países.

Para ello, se quiere “promover el uso de la política comercial de la UE para establecer aranceles y defender el producto agrícola español y europeo contra la competencia desleal de terceros países que no son parte de la Unión Europea, así como para dar preferencia a las cadenas de suministro locales”, como explicó José Andrés García Cuesta, director-gerente de ADESPOFA.

La portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán, explicó durante una jornada, organizada junto con la Asociación de Periodistas Agroalimentarios (APAE), que “el maltrato al campo tiene una incidencia decisiva en los precios de los alimentos y en el bolsillo de los españoles”. 

Y tiene además otra incidencia económica de calado: desmantelada la industria, “si desmantelamos la producción de alimentos, España será un país de sólo servicios, empleo precario y rehén de otros para algo tan elemental como comer a buen precio”.

Corbalán incidió en esta línea: “La soberanía alimentaria es un factor estratégico para un país. Para naciones como Canadá, Estados Unidos, China o Rusia el sector primario es una cuestión de Estado”.

El también portavoz de SOS Rural Salvador Marqués explicó las líneas maestras que se incluirán en la ILP. Así, detalló que, además de impulsar una campaña masiva de recogida de firmas, el texto pedirá “la protección de la agricultura y la economía rural con un marco regulador integral que persiga el objetivo de la seguridad alimentaria y que gire en torno a varios ejes: uso prioritario de tierras agrícolas para la producción de alimentos y protección de las tierras de regadío, que desempeñan un papel crucial en la producción de alimentos”.

Además, incluirá la petición de proteger “el sector primario en conjunto con un marco regulador integral para dotar al sector productivo y al resto de la industria agro alimentaria de herramientas para impulsar su actividad económica, basada en la producción de alimentos seguros, saludables, suficientes y asequibles”. 

También, la “protección del acceso a insumos ganaderos esenciales para la supervivencia de los animales de granja a un precio razonable, incluyendo piensos y fertilizantes”, así como la “protección de la actividad pesquera para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del sector”.

Defendió Marqués que la ILP incluirá la petición de “acceso de las comunidades rurales a servicios como infraestructuras y transporte, financiación especializada, digitalización, emprendimiento y educación, áreas que forman los pilares para la sostenibilidad de la vida fuera de la ciudad”. 

También, la ancestral reivindicación del mundo rural de una “actualización de la política hídrica en España que favorezca el desarrollo socioeconómico y agro alimentario, que respete el riego y garantice los caudales. Y también la vigilancia sobre la contaminación de las aguas sobre la base de criterios técnicos e independientes, no ideológicos”.

España se enfrenta a su mayor reto agrario del siglo: convertir en regadío 1.901.529 hectáreas de olivar

 

MADRID.- En España, la mayor parte del olivar es de secano y eso significa que, cuando hay buenas cosechas, el precio de la aceituna se derrumba; pero cuando hay malas y ese mismo precio se dispara, casi no hay aceitunas que vender.

Todo ha ido bien porque, en fin, se trataba de utilizar terrenos poco aprovechables para otra cosa; y, aunque los márgenes fueran pequeños, la sucesión de las buenas y las malas cosechas iba equilibrando las cuentas de un sector clave, pero escuálido.

En un contexto en que todo parece indicar que durante los próximos años las campañas malas van a ser cada vez más frecuentes, es un enorme problema.

Sobre todo porque el olivo tiene memoria. “El olivo produce aceitunas en función de lo que ha crecido el año anterior. Si, pongamos, en 2023 no crece mucho porque no ha tenido agua, en 2024 no producirá mucho más porque no tiene crecimiento donde sostener esa producción, aunque tenga agua”, explicaba en DAP Diego Barranco, catedrático de la Universidad de Córdoba en el Departamento de Agronomía de la Escuela de Ingenieros Agrónomos.

Cuando las malas cosechas son pocas, la "memoria del olivo" es algo que usar a nuestro favor. Porque, aunque haya años malos, las peores cosechas se ven amortiguadas por el año previo. En un contexto de sequía recurrente, la memoria es la puntilla que le falta a un sector que va decreciendo poco a poco.

Y ese es justo el contexto en el que estamos. Si miramos el histórico de datos, veremos que “en Andalucía se han llegado a obtener buenas cosechas con 400 mm anuales”. Sin embargo, este año 2023 hay zonas de secano andaluzas “que no han recibido ni 200 mm”. Es, siendo claros, un auténtico desastre. Un desastre que está sacando, año tras año, hectáreas de olivar fuera de producción.

Pero un desastre evitable. Porque no todo el olivar es tan mal negocio... si puedes regarlo. En ese caso, las cosechas se 'desvinculan' de la cantidad de lluvia que caiga en el país y la "memoria" siempre juega a nuestro favor. Esto se hace evidente en años como este: el precio de la aceituna se ha disparado y, claro, los principales beneficiados son los olivares de regadío.

Esto es una noticia excepcional, claro. Bastaría con mejorar las instalaciones y  añadir riego para revolucionar la producción (y conseguir que el precio fuera más estable independientemente de la meteorología).

El problema es que no podemos hacerlo. “Lo difícil es disponer de agua porque ya la cuenca del Guadalquivir es deficitaria, así que no se dan nuevas concesiones”, explicaba Barranco. 

Esas concesiones sí las tienen "parcelas históricas de otros cultivos que siempre fueron regadío o los olivares que surgieron" directamente como "de regadío".

Cuando hablamos de esto con Robert Glennon, profesor de la Universidad de Arizona, lo deja claro: si queremos encontrar soluciones, hay que forzar una mejor gestión del agua y crear mecanismos sólidos que aborden de una vez temas como la tarificación del agua y su asignación eficiente.

Y los que seguimos de cerca cómo se gestiona el agua en España (y hemos visto como casi 200 pueblos se quedaban sin agua potable por una legislación que llevaba años aprobada, pero nadie se molestó en implementar) sabemos que esto es una quimera. Más aún cuando en nuestro país el 82,1% de los usos del agua los recoge ya el sector agrícola.

La crisis del aceite esconde otras muchas crisis. Una mala gestión de los recursos hídricos, una infinita sucesión de problemas laborales que se llevan arrastrando desde la Transición a la Democracia, un sector con márgenes pequeños, torpe y sin incentivos para evolucionar, un problema político que impide tomar medias estructurales... la crisis del precio del aceite esconde muchas cosas.

Y, conseguir que el sector siga vivo (si es eso lo que queremos como sociedad), va a ser uno de los mayores retos de las próximas décadas.

Un sector camino del desastre 

El aceite de marca (y, más aún, si se trata de virgen extra) no baja de los nueve euros. No obstante, esto es solo la anécdota. El problema está un paso más allá.

Una larguísima cuenta atrás. Y es que, por mucho que nos sorprenda, el precio del aceite no parece estar cerca de su pico. Y tiene cierta lógica. Hasta finales de septiembre o principios de octubre, cuando la Junta de Andalucía publica el aforo del aceite de oliva, no hay una estimación precisa de cómo será la temporada del año que viene.

En ese momento, con lo que quede del "enlace" (el excedente del año pasado) y las previsiones de la próxima campaña, la industria podrá hacer números y ver en qué situación nos encontramos. 

Mientras tanto, y aunque es cierto que hay toneladas de información y análisis sobre el sector, todo son movimientos a tiendas.

No obstante, la situación pinta mal. Muy mal, de hecho. Es cierto que un otoño lluvioso podría solucionarnos parcialmente el problema, pero hay muchas cosas que ese otoño no podría solucionar: que llevamos una campaña mala tras otra desde hace demasiado.

El año pasado, por aterrizar tan solo la campaña más cercana, recolectamos la mitad de lo que se recolecta en un año normal. Unas 660.000 toneladas Y como el año anterior ya había sido malo, las tensiones en el mercado de aceite no han cesado en ningún momento.

Sobre todo, porque no es solo una cuestión de la escasez de aceituna. Es también una cuestión del precio de los costos de producción (energía, riego, fertilizantes, mano de obra, gastos administrativos...). En el fondo, lo que está viviendo el campo olivarero español es una tormenta perfecta. Una pésima tormenta perfecta.

Del campo español, pero también del campo internacional. Tanto es así que, pese a que la producción turca se duplicó en la pasada campaña, no pudo compensar la caída española. Y, aunque nuestra mala cosecha fue una noticia fantástica para los productores turcos, los precios no se han podido contener.

Caída del consumo. No nos llevemos a engaño, la subida de precios se enfrente también a su contrapartida económica: la caída del consumo. Lo llevamos comentando recurrentemente durante los últimos años, el país está dejando de consumir aceite de oliva. 

Crisis tras crisis (y con la mediación de un profundo cambio cultural y gastronómico), amplias capas de la población se han bajado de la cultura del aceite y la inmensa mayoría no ha regresado a ella.

¿Qué puede significar otra nueva crisis para este proceso de desolivización de España? Pues esa es la gran pregunta. Sobre todo, porque estos años van a suponer un desastre económico para nuestra industria y la suma de la perdida de competitividad internacional y el empequeñecimiento del mercado nacional pueden ser la puntilla que le faltaba.

UPA denuncia un «plan orquestado» para acabar con el almendro de explotaciones familiares y apostar por cultivos intensivos de regadío

MADRID.- La organización agraria UPA ha denunciado que determinadas industrias, importadores y cooperativas están orquestando un plan para sustituir los almendros de secano de agricultura familiar por cultivos intensivos de regadío de grandes propietarios e importaciones masivas de California, según recoge https://agroinformacion.com.

El sector de la almendra vive un momento convulso. Con 370.000 toneladas el año pasado, España es el segundo productor mundial de este fruto seco cuya demanda está en auge, pero al mismo tiempo es el principal importador, con 100.000 toneladas que entraron en nuestro país la pasada campaña, principalmente de California.  

España es una potencia productiva y también transformadora, pues la industria del dulce y el turrón necesita grandes cantidades de fruto seco para elaborar sus productos.

Sin embargo, a pesar de ser un cultivo con una fuerte demanda, los agricultores de almendra en secano –cuya superficie supone el 80%, frente al 20% del regadío– están viviendo una situación rocambolesca: su escasa producción, que ronda un 30% de una campaña media, no logra percibir un precio justo, que al menos cubra sus costes de producción. 

El motivo, según la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, está claro: «los industriales, importadores y ciertas cooperativas están llevando a cabo un plan para sustituir producción de secano por otras intensivas de regadío».

En los últimos diez años, la superficie de cultivos intensivos de regadío ha crecido diez veces más que la de secano, un modelo productivo impulsado por grandes propietarios y fondos de inversión al calor de la supuesta rentabilidad de los frutos secos. Todo ello unido a las importaciones masivas desde EE.UU: “Hoy se está dando el caso de que la almendra de California les sale a los industriales más barata que la española”, lamentan desde UPA.

Según denuncia UPA, ciertos industriales españoles están importando almendra californiana con cáscara para procesarla en sus plantas en España. Después la envasan y la reexportan a otros países europeos como almendra española. Una práctica “totalmente ilegal”, recuerdan desde esta organización.

Los agricultores también sospechan de que determinados dulces navideños, muchos de ellos acogidos a Denominaciones de Origen, se estarían elaborando con almendra californiana, incrementando así el beneficio de las industrias pero reduciendo la calidad del producto y, sobre todo, incurriendo en un fraude de etiquetado al no reconocer el origen foráneo de la materia prima. 

UPA, que ha reunido a su Sectorial de Frutos Secos, ha pedido reunirse con el Ministerio de Agricultura para pedir un plan de protección y promoción de la almendra española, que incluya medidas como un fuerte control de las importaciones desde Estados Unidos –planteando incluso la imposición de aranceles–. 

También reclaman un plan de vigilancia del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, una marca de calidad que reconozca a las almendras españolas, reformas en el seguro agrario de frutos secos y una revisión en el funcionamiento de las lonjas, «para hacerlas más transparentes y rigurosas».

Agricultores españoles: «La UE nos exige unas normas fitosanitarias que no demanda a Marruecos»

 

MADRID.- Los agricultores españoles llevan reclamando desde hace años que se establezcan las mismas medidas para los productos de dentro de la Unión Europea como para los que vienen de países terceros.

El trabajador del campo destaca que la Unión Europea exige a los agricultores comunitarios una serie de medidas fitosanitarias por la salud de los consumidores que, sin embargo, no demanda a países terceros. 

 «Estos se rigen por sus propias normas, por lo que si en esos países están autorizados esos productos, se pueden vender aquí». 

Por ello, atendiendo al caso reciente de las sandías, ven con buenos ojos traer producto extranjero si no hay suficiente producción en España. No obstante, recalca que los agricultores españoles se preocupan «por la salud de los consumidores», motivo por el que la UE «debería poner las mismas condiciones a los productos que vienen de fuera».

 

Igualmente, se muestran exhaustos y señalan que los trabajadores del campo están ya «cansados de pelear». «Llevamos muchos años exigiendo esas cosas y Europa lo que nos dice es que no pueden ser tan estrictos porque hay que ayudar a esos países, y es algo que nosotros no entendemos. Queremos tener peso en Bruselas para que a los españoles nos escuchen, y no que los cuatro o cinco lobbies de países del centro de Europa sean los que dominen la situación agraria», denuncian.

 

Andrés Góngora, de la ejecutiva de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), destaca que la alerta sanitaria de las sandías procedentes de Marruecos viene a certificar lo que llevan denunciando muchísimos años, que los productos que vienen de fuera «están producidos en condiciones diferentes con herramientas fitosanitarias diferentes», motivo por el cual se ha emitido esta alerta sanitaria.

 

Desde COAG se muestran indignados por este acontecimiento y exigen a España, a Francia y a la UE que se conozca el nombre del importador, no solo la retirada de la mercancía: «Tiene que instaurarse un régimen sancionador contundente para aplicar a este tipo de empresas que están inundando nuestros mercados con productos de muy mala calidad».

 

 Este lunes los medios de comunicación nos hacíamos eco de una alerta sanitaria que afectaba a un lote de sandías proveniente de Marruecos que contenía altos niveles de metomilo, un pesticida no autorizado en la Unión Europea (UE).

 

A pesar de que el sistema de alerta rápida para alimentos y piensos de Europa (RASFF) emitió la alerta el pasado día 14 de julio, la organización de consumidores Facua lo difundió esta semana, subrayando los efectos adversos en la salud que podría suponer la ingesta de las frutas contaminadas.

 

Este episodio ha reavivado una demanda sostenida de los agricultores españoles.

 

El metomilo es una sustancia que está erradicada desde hace mucho tiempo en la agricultura española. Se usa como pesticida y puede tener consecuencias graves en algunos casos. Los síntomas de intoxicación por esta sustancia son dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, sudoración excesiva, temblores, debilidad muscular y visión borrosa.

Marruecos sanciona a los responsables de exportar sandías con 'metomilo' a España

 

RABAT.- Marruecos ha tomado medidas contra los responsables de la exportación de sandías con exceso de restos de metomilo a la Unión Europea (UE) mediante la suspensión de sus licencias sanitarias y de exportación, informaron fuentes de la Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria (ONSSA).

Las fuentes indicaron que los efectivos de ONSSA abrieron una investigación en cuanto recibieron una notificación del Sistema comunitario de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (Rasff) sobre la presencia de restos de un plaguicida, el metomilo, por encima de los niveles permitidos, en sandías procedentes del país magrebí y exportadas hacia España.

"Se ha podido identificar el campo en cuestión y hacer un rastreo del envío de las sandías exportadas, y se han realizado investigaciones para determinar el canal de comercialización del pesticida", explicaron las fuentes.

A raíz de las investigaciones se tomaron medidas mediante la suspensión de la licencia sanitaria a la unidad de embalaje de las sandías y la licencia de exportación del responsable de enviar este producto a la UE.

Las fuentes precisaron que se trata de una sola carga de sandías y "no todas las exportaciones destinadas a este mercado".

Al mismo tiempo, las fuentes de ONSSA subrayaron que desde principios de 2023, Marruecos solo ha registrado cinco notificaciones de la Rasff sobre frutas y verduras procedentes de Marruecos de un total de 497 alertas emitidas por este sistema sobre las verduras y frutas importadas en Europa desde todas las regiones.

La Comisión Europea (CE) ha alertado recientemente sobre la presencia de sandías procedentes de Marruecos con restos de metomilo, por encima de los niveles permitidos, tras recibir un aviso de España mediante el sistema Rasff.

La notificación se produjo el día 14, con actualización el día 20, mediante el sistema Rasff, por el cual España comunicó la alerta a la CE, quien a su vez remitió la información al resto de los países de la UE.

Tres países declaran la guerra del 'paraguayo' a España

 

MADRID.- Hasta hace no mucho, España producía el 95% de los paraguayos de Europa. Sin embargo, cada vez se están plantando más en varios países, como Grecia, Turquía y Azerbaiyán, así que los precios de esta fruta están variando.

El paraguayo es la fruta de hueso que más complicaciones está teniendo en estos momentos a nivel comercial. Esto se debe a que los de menor tamaño se están vendiendo mal. "Hablamos de que en el campo se están vendiendo a unos 45 céntimos el kilo, y en almacén a unos 75", explica Javier Traín, de Frutas Agrotraín, al medio Fresh Plaza.

La mano de obra es escasa, así que "todo el mundo ha ido, por lo general, un poco tarde en hacer el aclareo y eso ha hecho que haya calibres más pequeños", asegura Traín. Pero esta semana se dará un paso importante: Murcia concluirá su campaña del paraguayo y dará paso a la fruta de Aragón. 

Pero otro de los problemas son los nuevos exportadores de paraguayo. Si antes en España se producía el 95% de toda esta fruta en Europa, ahora están aumentando las plantaciones. Se está plantando más en países como Grecia, Turquía y Azerbaiyán. Aunque, según Traín, "se está notando más en Polonia, donde los agentes nos decían que están llegando paraguayos con precios de derribo".

Así que los productores de paraguayo deberán enfrentarse a estos nuevos rivales para tratar de sacar a la venta el mejor producto posible para los europeos.

La patata nueva se paga a 0,30 en origen y se vende entre 1,50 y 2 euros/kilo

 

VALLADOLID.- La Alianza UPA-COAG ha denunciado que la campaña de la patata en Castilla y León que comenzó hace pocos días esté actualmente a unos precios injustamente bajos, que no superan los 0,30 euros/kilo con una tendencia peligrosa a la baja, y que difícilmente compensan los altos costes de producción que en la presente campaña se han situado en torno a los 0,28 euros/kilo mientras que se está vendiendo entre 1,50 y 2 euros/kilo en los supermercados.

La organización considera un «atraco que el precio en origen sea tan bajo a día de hoy y que haya descendido poco a poco desde el inicio del arranque desde los 0,60/0,75 euros/kilo a los 0,30 euros/kilo actuales. 

Y mientras esto ocurre en origen, sin embargo el consumidor está pagando la patata nueva lavada en una horquilla de precios entre 1,50 y 2 euros/kilo sin traslado alguno de la bajada estrepitosa y generalizada de los precios en origen, lo que refleja el problema que vuelve a ponerse de manifiesto en relación a una insuficiente Ley de la Cadena Alimentaria que aún sigue sin dar solución al problema del enriquecimiento de determinados eslabones comerciales a costa del trabajo del productor».

Para la Alianza, «estamos ante unos precios irresponsablemente injustos los que perciben actualmente los productores en una campaña tan compleja como la de este año  y que además nuevamente vuelve a sufrir el dumping que provocan quienes traen patatas de otros continentes hundiendo el precio de la patata autóctona».

En este sentido, la Alianza UPA-COAG lamenta que por ejemplo se esté importando producto procedente de Egipto en plena campaña española del sur y centro de la península, a costa del duro golpe económico que está sufriendo el cultivo de nuestro país.

Respecto a la campaña en sí, en Castilla y León se ha arrancado aún poca cantidad y se ha empezado a cosechar en provincias como Ávila, Salamanca, la comarca de Toro, el sur de Valladolid y municipios como Geria o Laguna de Duero, también en Valladolid. 

Conviene resaltar que el productor castellano y leonés ha realizado esta campaña, una vez más, unas labores muy profesionales a pesar de la dura climatología por la sequía y las tormentas tan fuertes que cayeron en junio, y además asumiendo un alto coste de abonos, tratamientos y energía, entre otros.

por todo esto, la Alianza UPA-COAG hace un llamamiento a la responsabilidad de los compradores y almacenistas «para que no hundan más los precios en origen y sean responsables directos de la ruina de los agricultores en unas fechas claves como las actuales cuando se van a generalizar los arranques en la mayor parte de Castilla y León. 

De igual modo, apelamos al sentido común de los consumidores para que exijan producto de nuestra tierra y reclamen información detallada del origen de la patata que van a consumir».

Mercados de la fruta: la campaña empezó con precios de ruina y ahora hay escasez de productos

 

HUELVA.- Estos días numerosos establecimientos, sobre todo de la gran distribución, están sufriendo escasez, incluso desabastecimiento, de dos productos emblemáticos de la dieta mediterránea en verano: el melón y la sandía. Este hecho, que preocupa a los consumidores, viene a conformar una situación “demencial”, según la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), pues dicha escasez de productos ha venido acompañada de precios bajos en origen para estos productos en distintos momentos de la campaña, que aunque en ciertos momentos se han recuperado no compensan las pérdidas.

UPA denuncia que, obviamente, no se está cumpliendo la lógica de oferta y demanda con estos productos. La razón, según esta organización de agricultores, «está en los comportamientos indeseados de intermediarios y de ciertas grandes cadenas de la distribución, que juegan con elementos como son las importaciones de países terceros, las previsiones de venta de los productos, las cotizaciones en origen y los precios de venta al público de los mismos».

La situación de escasez de productos, a pesar de la existencia de una nueva Ley de la Cadena Alimentaria que busca frenar estas situaciones, a juicio de UPA, «no es la de un mercado sano y estable, sino la de un sector cautivo, que no permite a los agricultores obtener una justa rentabilidad y que preocupa a los consumidores, pues sienten escasez de productos, en ciertos casos, y encarecimiento injustificado, en otros».

Según los análisis elaborados por UPA, los precios en origen del melón en Murcia y Andalucía se sitúan esta campaña entre un 30 y un 40% por debajo de los de la campaña anterior. Cotizaciones que además han ido descendiendo considerablemente desde el inicio de la campaña. En el caso de la sandía, el precio medio para 2022 fue de 0,60€/kg. en origen y en 2023 (hasta la semana 25) es de 0,49€/kg, lo que supone un 19% menos.

Este año la meteorología ha sido muy perjudicial para la sandía y el melón, las dos fruta-hortalizas por excelencia de la dieta mediterránea en verano. Ello ha provocado una reducción de la producción de estos productos en las zonas productoras: Murcia, Almería y Castilla-La Mancha. Aunque es pronto para disponer de datos consolidados, solo en Andalucía se ha plantado un 22% menos que la media de los últimos cinco años.

Desde la organización agraria UPA han denunciado que siguen detectando ofertas abusivas con la fruta, como es el caso de la fruta de hueso, donde hay folletos vigentes actualmente ofreciendo nectarina a precios que “rozan lo abusivo”.

«Esto demuestra que sigue siendo necesario perseguir los comportamientos irresponsables, que buscan jugar con los productos, abusando de los agricultores y jugando con los consumidores», lamentan.

“Merecemos unos mercados de la fruta estables y con reglas justas, con un fuerte control de las importaciones y con visión a largo plazo, que proteja a los agricultores españoles, pues son ellos quienes aseguran la disponibilidad de producto y la soberanía alimentaria de nuestro país”, han concluido desde UPA en declaraciones a https://agroinformacion.com

Las abejas deben estar protegidas para garantizar el futuro de la alimentación humana

ROMA.- Hoy se celebra el primer Día Mundial de las Abejas, celebración declarada por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) con el propósito de concienciar sobre la importancia que tienen estos insectos polinizadores para el ser humano, las amenazas a las que se enfrentan, como el cambio climático, las enfermedades, la acción de los productos fitosanitarios que se emplean en la agricultura intensiva la contaminación o la pérdida de biodiversidad, así como su gran contribución al desarrollo sostenible.

Con motivo de esta celebración, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) lanza el siguiente mensaje: las abejas deben estar protegidas para garantizar el futuro de la alimentación humana. La organización insta a que los países realicen un mayor esfuerzo para proteger a las abejas y otros polinizadores, ya que de lo contrario la humanidad se arriesga a sufrir una caída de la diversidad alimentaria.
En este sentido, recordemos que el año pasado los expertos de la EFSA (Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea) que trabajan en el proyecto MUST-B, advertían que la pérdida de la población de abejas suponía una amenaza para la seguridad alimentaria y la biodiversidad. 

Según ha explicado la FAO anteriormente, del 90% de los 100 cultivos principales con los que se abastece la Humanidad, hasta un 71% de ellos son polinizados por las abejas, cuya actividad se traduce en seguridad alimentaria y un valor económico que supera los cientos de millones de euros.

La actividad polinizadora de las abejas está estrechamente asociada a la producción de alimentos, siendo esenciales para el desarrollo de numerosas plantas y árboles, además, en muchos casos existe una completa dependencia de las abejas. 

A esto es necesario sumar que producen un alimento muy valorado, la miel. Desgraciadamente, cada año se reduce el número de colonias y, por tanto, su producción en Europa, por lo que no es de extrañar que la producción comunitaria de miel no cubra el consumo interno y se recurra a la miel procedente de terceros países.

La ceremonia oficial de conmemoración del Día Mundial de la Abeja (World Bee Day) se celebró en Eslovenia, país soberano de Europa Central que ha impulsado esta celebración reconociendo a estos insectos por su habilidad para trabajar duramente y requiriendo a la vez muy poca atención. 

La FAO comenta que los países deben cambiar y desarrollar políticas y sistemas alimentarios, que sean amigables con estos polinizadores, recordemos que en Europa se dio un pequeño paso en este sentido al prohibir el uso de tres insecticidas neonicotinoides al aire libre (clotianidina, imidacloprid y tiametoxam), medida que se hará efectiva antes de que acabe este año.

La FAO explica que no es posible seguir centrándose en el aumento de la productividad en base al uso generalizado de pesticidas y otros productos químicos que amenazan a los polinizadores y a los propios cultivos, por ello, es necesario convertir las palabras en hechos y poner en marcha iniciativas concretas que permitan la conservación de las abejas y otros polinizadores, ya que cuidar su supervivencia es cuidar la supervivencia del ser humano. 

A nivel mundial, más del 75% de los cultivos dependen en mayor o menor medida de los polinizadores, su ausencia eliminaría productos como las almendras, el café, las manzanas, el cacao o los tomates, entre otros.

En este sentido, merece la pena retomar la lectura del post ¿Cómo sería la alimentación humana sin las abejas?, como explicábamos en él, siendo extremistas se podría responder a esa pregunta con la frase atribuida a Albert Einstein: “Si las abejas desaparecieran, a la humanidad le quedarían cuatro años de vida”. 

No sería así, pero la desaparición de los polinizadores supondría cambios profundos que amenazarían seriamente la seguridad y diversidad alimentaria. La perdida de biodiversidad afectaría al equilibrio ecológico, el precio de los alimentos aumentaría considerablemente, no podríamos disfrutar de alimentos tan preciados como la miel, etc.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura explica que todos tenemos la responsabilidad de proteger a las abejas y tomar decisiones que sean favorables a los polinizadores, abejas, mariposas, pájaros, murciélagos, etc. 

Pequeñas decisiones bastan, por ejemplo, cultivar flores que sirvan de alimentación a las abejas. Claro, que en realidad esto sirve de poco si no se acompaña con medidas como la agroecología, recordemos que en este sentido la ONU hace años que apuesta por este modelo de agricultura como el mejor para garantizar el abastecimiento alimentario en las próximas décadas.

La FAO advierte que el número de polinizadores y su diversidad han disminuido en las últimas décadas, las evidencias muestran que las causas principales son las actividades humanas y el cambio climático, de ahí que se abogue por las prácticas agrícolas sostenibles como la agroecología, ya que podría ayudar a proteger a las abejas al reducirse la exposición a los pesticidas y diversificar el paisaje agrícola. 

La organización ha puesto en marcha el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas como un marco para definir las mejores prácticas que pueden ayudar a disminuir la exposición de los polinizadores a los pesticidas.

Sobre la celebración del Día Mundial de las Abejas 2018, la ceremonia oficial se desarrolló en Eslovenia, concretamente en la localidad de Breznica, lugar en el que nació un 20 de mayo del año 1734 Anton Janša, apicultor y pionero de la apicultura moderna, de ahí que se haya elegido el 20 de mayo para la celebración. 

A través de la página oficial del World Bee Day 2018, se pueden conocer más detalles sobre este tributo.

El 21% del precio de un producto en Europa va al agricultor y el 51% a la distribución

MADRID.- El 21% del precio de un producto en Europa va destinado al agricultor o ganadero, el 28% para la transformación y el 51% para la distribución, según COPA-Cogeca, la organización que representa a los agricultores y cooperativas europeas. Estas cifras son, en opinión de UPA, la demostración de que “queda mucho por cambiar hasta configurar un sistema agroalimentario justo con los productores y con los consumidores”.

En este contexto, UPA ha valorado positivamente la propuesta de directiva que la Comisión Europea ha presentado esta semana para acabar con los abusos en la cadena alimentaria. “El plan europeo, aunque insuficiente, es un paso adelante positivo y un cambio de concepto muy importante para los agricultores y ganaderos de todo el continente”, han señalado desde la organización agraria.

Según UPA, Europa asume que no se puede dejar la lucha contra las prácticas abusivas sólo en manos de códigos de buenas prácticas o sistemas de regulación voluntaria. “Demasiados operadores en la cadena de valor de los alimentos llevan abusando demasiados años. Tiene que haber una legislación dura que les obligue a actuar con responsabilidad”, ha asegurado la organización agraria.

Para UPA, el plan de la Comisión es un avance “significativo”, aunque la legislación debería ser “aún más dura con los que abusan”.

Los productores proponen que se establezca un órgano supranacional que vigile y sancione, todo ello para conseguir cambiar el comportamiento del infractor, eliminar cualquier beneficio financiero derivado del incumplimiento de las normas y disuadir futuros casos de incumplimiento.

UPyD pide a la Comunidad de Madrid que "no deje morir" la labor investigadora que realiza el IMIDRA

MADRID.- El diputado y portavoz de UPyD en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la Asamblea de Madrid, Gabriel López, ha reclamado este lunes a la Comunidad de Madrid que "no deje morir" la labor investigadora que realiza el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).

    "La Comunidad de Madrid debe aclararse y decidir si es importante la existencia del IMIDRA. Si es así, el Instituto debería tener la dimensión, la calidad en equipos humanos y el presupuesto necesarios para su labor investigadora", ha sostenido en un comunicado.

   El diputado de UPyD ha mostrado su "preocupación" por la plantilla del IMIDRA "que ha descendido en 77 puestos de trabajo en los últimos años, a la vez que ha disminuido el número de investigadores y el personal de apoyo a la investigación".

 "Sin embargo, el número de puestos de libre designación han aumentado en 14 en el mismo período de tiempo", ha señalado.

   López ha insistido también en que la formación magenta "cree que el Instituto puede y debe contemplarse como una herramienta para promover el valor añadido que da el conocimiento, la excelencia investigadora y la creación de equipos de trabajo robustos desde una plataforma pública".

   "El IMIDRA debe ser una punta de lanza de una economía centrada en servicios de alto valor añadido en biotecnología e innovación tecnológica", ha concluido.

La superficie de producción ecológica se ha incrementado un 54% en la Comunidad desde 2007

MADRID.- La Comunidad de Madrid ha incrementado la superficie de producción ecológica en un 54 por ciento desde 2007, en tanto que el número de explotaciones ecológicas, tanto agrícolas como ganaderas, se ha triplicado en este mismo periodo.

   Como ha informado este viernes el Gobierno regional en una nota de prensa, mientras que en 2007 el número de explotaciones en la región era de 76, en la actualidad hay un total de 254.

   Según ha indicado el Ejecutivo autonómico, estas cifras ponen de manifiesto la "apuesta decidida" que mantiene por este sistema de producción beneficioso para el medio ambiente y para los consumidores, y cuyos productos gozan de una demanda creciente.

   En este marco, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Borja Sarasola, ha visitado la industria Chocolate Orgániko, ubicada en Alcalá de Henares. Se trata de una compañía pionera en España en la fabricación de chocolate ecológico formada a partir de un grupo de profesionales del sector del diseño industrial, la comunicación y el mundo del chocolate.

   Elaboran el producto de manera artesanal, utilizando únicamente materias primas de agricultura biológica, sin ningún aditivo graso externo, sin conservantes ni colorantes.

   "El hecho de que los alimentos ecológicos estén en la cuarta parte de los hogares españoles hace pensar que este mercado tiene por delante mucho recorrido. Además, en la Comunidad de Madrid, la cercanía de los operadores a centros con elevado número de consumidores potenciales ofrece una oportunidad adicional a nuestra región", ha señalado el consejero.

   En la región se comercializaron durante 2012 más de 3,5 millones de kilogramos de alimentos producidos de forma ecológica, lo que aportó en torno a 8 millones de euros en generación de riqueza a la economía madrileña. Esta cifra supone un incremento de casi un 70 por ciento respecto al valor económico de la producción ecológica en el año 2007.

   Entre las producciones ecológicas de la Comunidad de Madrid destaca el olivar, el viñedo, los cereales, las leguminosas, praderas y pastos y el aprovechamiento apícola, mientras que entre las explotaciones ganaderas destacan el vacuno y el caprino.

   Además, se producen de forma ecológica productos como el aceite de oliva, queso, yogur de cabra, vinos, mieles, conservas vegetales, panes o galletería.

   Actualmente, la superficie de cultivo alcanza las 7.593 hectáreas, un 13,7 por ciento más que en 2011 y una cifra récord en la región, en la que en 1996 apenas existían 217 hectáreas que practicaban este cultivo sostenible.

   La Comunidad de Madrid apoya directamente a la producción ecológica mediante programas de ayudas agroambientales a la agricultura y a la ganadería ecológicas y mediante subvenciones a la modernización y mejora de las condiciones de transformación y comercialización en las industrias agroalimentarias, enmarcados ambos dentro del Plan de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid. Estas convocatorias han supuesto ayudas por valor de casi 4 millones de euros entre 2007 y 2012.

   Como sostiene el Gobierno regional, este apoyo se manifiesta también en distintas campañas de apoyo a la promoción, difusión y comercialización de los productos ecológicos de la región entre los consumidores y comercializadores, así como en la investigación, desarrollo y formación a los productores o interesados en la producción ecológica.

   Para ello, la Comunidad hace uso de su red de centros de educación ambiental para la realización de programas y actividades formativas vinculadas con la agricultura ecológica.

   Además, desarrolla a través del IMIDRA varias líneas de investigación, como el control ecológico de plagas (sin uso de pesticidas ni productos químicos), experimentación de producción ecológica en vid y olivo o la producción del primer vino ecológico en España (año 2003).

   La producción ecológica presenta múltiples ventajas ambientales, como la mejora de la calidad de las aguas y la reducción de residuos de los alimentos por la restricción del empleo de químicos, la mejora de la fertilidad del suelo y el impacto positivo sobre el bienestar animal.

   El sistema de control de estos alimentos corre a cargo del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Este organismo se ocupa de verificar el cumplimiento estricto de los indicadores referentes al método de producción ecológica, establecidos a nivel comunitario en un reglamento.

   Para el desempeño de esta labor, así como la promoción de la cultura ecológica, la Comunidad de Madrid ha destinado 1,1 millones de euros desde 2007.