MADRID.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) devolvió el miércoles el caso Gürtel de corrupción a la Audiencia Nacional al considerar que ya no tenía competencia sobre él después de que los tres diputados madrileños del Partido Popular imputados renunciaran a sus actas.
El TSJ aceptó en marzo de 2009 la competencia para investigar a los diputados de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco por tener condición de aforados, sin embargo, los tres presentaron su renuncia a la Asamblea el pasado mayo.
Están siendo investigados por evasión de capitales y blanqueo de dinero fuera de España.
"La decisión natural de esta Sala debe ser la devolución de la causa al mismo juzgado que inicialmente asumió el conocimiento de la causa, que debe recuperar la competencia una vez que desaparecen las circunstancias excepcionales determinantes al aforamiento de algunos de los imputados", dijo el tribunal madrileño en un auto.
"Perdida la condición de diputados de la Asamblea de Madrid (....) debe este Tribunal cesar en el conocimiento de las actuaciones", agregó el auto.
El magistrado Baltasar Garzón, ahora suspendido, fue quien inició la instrucción del caso.
El caso Gürtel, en el que se investiga a decenas de personas, ha salpicado a altos cargos del PP - entre ellos al ex tesorero del partido Luis Bárcenas - por haber obtenido supuestamente dinero y regalos a cambio de adjudicar cuantiosos contratos a empresas dirigidas por el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa.
La semana pasada, el magistrado que instruye el caso en Madrid decretó libertad provisional bajo fianza de 15 millones de euros Correa, que ingresó en prisión en febrero de 2009 acusado de delitos fiscales, falsedades en facturas, contabilidad, blanqueo de capital, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.
Tras una petición de la defensa de Correa, el juez instructor Antonio Pedreira decidió mantener la prisión provisional pero eludible mediante el pago de la fianza - una de las más altas solicitadas en España - además de la comparecencia ante el tribunal los lunes y los viernes y en todos los casos en que sea requerido por el instructor y la prohibición de salir del territorio nacional.
El pasado febrero, Correa cumplió dos años en la cárcel, plazo máximo inicial que marca la ley, aunque el juez decidió ampliarlo al considerar que existía riesgo de fuga.
A principios de año, Pedreira dejó en libertad bajo fianza de 40.000 euros a otro de los sospechosos, Antoine Sánchez, bajo la condición de que se presentara dos veces por semana ante la autoridad judicial.
La trama de corrupción Gürtel está siendo investigada también por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, donde está implicado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
El tribunal valenciano se declaró en mayo competente para estudiar la vertiente del caso en esa comunidad tras la inhibición de Pedreira.
Camps está imputado por el delito de cohecho por haber obtenido supuestamente regalos en forma de trajes de firmas de lujo de parte de la trama corrupta a cambio de contratos.
Además de Camps, están implicados en la vertiente valenciana del caso Gürtel el entonces secretario general del PP en Valencia, Ricardo Costa - que se vio obligado a dimitir-; el ex vicepresidente valenciano Víctor Campos, y Rafael Betoret, que fue jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y responsable de protocolo de la Diputación Valenciana.
La entrada del TSJCV en el caso ampliará la investigación más allá de la causa de los trajes, por la que están a punto de ser juzgados Camps y otros cargos públicos. Según la investigación que avala el TSJV, la red utilizaba la entrega de regalos como una forma de engrasar la maquinaria corrupta.
El caso Gürtel saltó a la luz pública hace más de dos años con la detención de Correa, acusado de dirigir una red que habría cometido delitos fiscales, blanqueo de capital, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, entre otros, que en Valencia tenía como máximo representante a Álvaro Pérez, alías 'El Bigotes'.
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