MADRID.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves recurrir la liquidación de la participación en los tributos del Estado correspondiente al ejercicio 2009, medida que ya adoptó con respecto a la liquidación de 2008, al considerar que el Ejecutivo central no ha mantenido "lealtad institucional" con la capital y además que no "garantiza la suficiencia financiera" de la Corporación.
En un comunicado, el Consistorio explica que, según el principio de lealtad institucional, "el Gobierno central debería descontar de la liquidación definitiva el efecto originado por sus propias decisiones fiscales".
Es decir, que de la diferencia entre lo ingresado por los impuestos del Estado en 2009 y lo que realmente se recaudó se deberían descontar todos los ingresos no efectivos como consecuencia de deducciones fiscales y otras medidas adoptadas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero sin contar con otras administraciones afectadas.
Así, el objetivo del Ayuntamiento es que el Ministerio de Economía y Hacienda elimine de la liquidación el impacto de medidas tales como los 400 euros de deducción del IRPF, el 'cheque bebé'..) y que, para este año, "pueden estimarse en torno a los 12.500 millones de euros" en el conjunto del país.
La capital se suma así a otras ciudades como Málaga, Huelva, Valencia o Santander que ya han iniciado la tramitación del recurso, como se hizo también con la liquidación de 2008, aún pendiente de resolución.
En caso de prosperar este recurso, la devolución de la capital a las arcas estatales se reduciría en unos 166 millones de euros, pasando de 434,31 a 268 millones de euros.
Del total que la capital debe devolver al Estado, 384,43 millones corresponden al Fondo Complementario de Financiación (FCF) y 49,88 millones, a la cesión del IRPF, IVA e IIEE. La devolución deberá realizarse en cinco años, a razón de 86,86 millones de euros anuales. En el conjunto de las entidades locales españolas, la devolución correspondiente a 2009 alcanzaría los 4.378,72 millones de euros.
Según ha señalado el Consistorio, "la devolución está motivada por la caída en 2009 del 41,5 por ciento con respecto a 2007 de los ingresos estatales que se consideran para determinar el índice de evolución de la mayor parte de la financiación local". Estas cifras sitúan la financiación local en 2009 en el 80 por ciento de su valor en 2004.
"Este menor crecimiento de los ingresos del Estado origina que la financiación local definitiva de 2009 sea muy inferior a la que se percibió como entregas a cuenta en dicho ejercicio. Como consecuencia las entidades locales deben reintegrar al Estado esta diferencia: 434,31 millones sólo Madrid y 4.378,72 millones el conjunto nacional", especifican desde el Ejecutivo municipal.
Además, en el próximo ejercicio las entidades locales tendrán que devolver también la segunda anualidad de la liquidación negativa del año 2008, que supone en el caso madrileño unos 25 millones de euros y, en el conjunto de las entidades locales, 302 millones.
De esta forma el total de las devoluciones de las entidades locales al Estado asciende a 5.892 millones de euros, por lo que el próximo año este conjunto de devoluciones supondrán 1.178 millones de euros menos en los presupuestos locales.
Ante estos datos, el Ayuntamiento de Madrid justifica la presentación de este recurso judicial en la coherencia, ya que también recurrió la liquidación de 2008 por estos motivos, que no fueron atendidos por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Y es que el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón considera que las decisiones fiscales adoptadas por el Gobierno central deberían haberse financiado vía gasto y no a través de "beneficios fiscales en el IRPF", que "merman de forma directa la financiación local sin adoptar además ninguna medida compensatoria".
"Si lo hubieran hecho, Madrid no tendría que devolver 384 millones de euros (del FCF, sin contar la cesión de tributos) correspondientes a 2009, sino tan sólo 220 millones, es decir, 163 millones menos", señala el Ejecutivo local, que aporta además datos de cómo ha afectado esta situación a otras ciudades.
Así, Barcelona debería devolver 118 millones menos, Málaga, 25 millones menos; Sevilla, 33 millones menos; Valencia, 36 millones menos; y Zaragoza, 27 millones menos. "Es decir, solamente las seis grandes ciudades deberían devolver casi 405 millones de euros menos al Estado sin contar con la parte de la cesión de IRPF, IVA e IIEE", asegura el Ayuntamiento madrileño.
Con respecto al principio de lealtad institucional el Consistorio de la capital recuerda que, pese a no tenerlo establecido los municipios en la Ley de Haciendas Locales, "existe como regla general de relación entre las diferentes administraciones públicas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre", por lo que para Madrid es "plenamente aplicable a esta liquidación de 2009".
"Según ese principio, el Estado, al adoptar medidas como las antes citadas, debería haber tenido en cuenta la totalidad de los intereses públicos implicados y en especial aquéllos cuya gestión está encomendada a las haciendas locales. Es decir, a la hora de calcular la liquidación definitiva del 2009, el Estado debía de haber descontado el efecto causado por sus propias decisiones fiscales. Al no hacerlo, parte de los beneficios fiscales concedidos han sido financiados por la hacienda local sin que esta lo hubiera decidido", argumentan.
Sin embargo, el no haber compensado estas deducciones y bonificaciones nacionales ha repercutido negativamente en el principio de la suficiencia financiera, reconocida para todos los niveles de la Administración en la Constitución española y recogida también por el artículo 142 de la Ley de Haciendas Locales.
Según este principio, el Ejecutivo central está obligado a "garantizar los recursos suficientes para que las entidades locales puedan desempeñar sus funciones".
Finalmente, el recurso recuerda que "la Administración del Estado ha procedido en el pasado a compensar el efecto de diversas medidas y situaciones que han influido en la financiación de las entidades locales y de las comunidades autónomas" por lo que "no hacerlo ahora supone una arbitrariedad de la Administración, prohibida a nivel constitucional".
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