MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado este jueves que el Gobierno regional va a retirar el proyecto de ley de Protección de Animales aprobado hace pocas semanas por el Consejo de Gobierno debido a la falta de "consenso" que se han encontrado con las organizaciones defensoras de los animales, sobre todo, en las redes sociales.
"Al amparo del artículo 153 del reglamento de la Asamblea, el Gobierno ha acordado retirar el proyecto de ley de protección de los animales domésticos", ha apuntado Aguirre en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, pues ha indicado que creían "que gozaba del consenso generalizado de todas las asociaciones amantes de los animales" y no es así.
Aguirre ha explicado que según este reglamento pueden retirar cualquier proyecto en cualquier momento mientras no se haya producido el acuerdo final, que no es "urgente" y que merece un "debate más en profundidad" que lleve a elaborar "un proyecto más consensuado" después de haber comprobado el descontento en las redes sociales.
Preguntada por esta decisión del Gobierno, Aguirre ha reconocido que creían que "había un consenso absoluto y resulta que no".
"Hemos visto en las redes sociales que hay bastante disenso en todos los aspectos de la ley", ha señalado la presidenta, quien se ha calificado como "gran amante de los animales "y muy especialmente de los domésticos" y no quiere que haya disenso en esto.
Por eso, ha apuntado que a diferencia de otros proyectos de ley, como el de la liberalización del comercio que va a suprimir las licencias por declaraciones de intenciones por parte del empresario, este no es "urgente", por lo que insta a que "de verdad se medite" y se vea "qué es lo mejor para los animales en cada momento".
El proyecto de ley aprobado el pasado 6 de octubre modificaba la Ley de Protección de Animales Domésticos de 1990 con el fin de adaptar su contenido a la actualidad y prohibía, entre otras cosas, alimentar a animales abandonados, exhibir mascotas en escaparates de las tiendas o su entrada a zonas destinadas a juegos infantiles. Tampoco se podían vender cachorros menores de dos meses.
Además, los dueños tenían tres días para comunicar a la Administración el extravío, muerte o cambio de titularidad de su mascota y el mismo plazo para recogerlos en los centros de acogida si se han perdido, abonando los gastos causados por su recogida, estancia y cuidados veterinarios.
Las sanciones también se endurecían en esta modificación del texto y la Comunidad de Madrid iba a poner multas que oscilaban entre los 300 y los 1.500 euros en el caso de las leves, entre los 1.500 y los 6.000 euros cuando fueran graves y hasta 30.000 euros en el caso de las más graves.
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