MADRID.- El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) y rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Daniel Peña, ha asegurado que la intención de los rectores es tratar las condiciones laborales del personal universitario con el "mayor consenso posible".
Decenas de delegados sindicales permanecen encerrados desde ayer en los rectorados de las seis universidades públicas madrileñas para buscar las líneas de actuación a seguir contra la aplicación de la Ley de Acompañamiento de la Comunidad de Madrid, que recoge las condiciones de los empleados públicos y que se deben aplicar también a estos centros.
En un comunicado, Peña ha recordado que fue el pasado mes de diciembre cuando tanto el Gobierno central como el regional promulgaron una serie de normas que modifican las condiciones de trabajo para el personal en el sector público, donde se incluyen, "de manera expresa, las universidades públicas".
Ante esta situación, "en la que las universidades públicas ni han sido consultadas ni han participado en su elaboración", ya el 9 de enero se reunieron los rectores de la CRUMA para estudiar la normativa y los informes existentes.
Durante el encuentro, ha explicado Peña, se constató que, con independencia de su opinión sobre su conveniencia, según la información de la que disponen, "esta normativa es de obligada aplicación en las universidades".
Por esta razón, solicitaron a los gerentes que estudiaran y consensuaran su aplicación común en todas las universidades, "intentando causar el menor perjuicio posible para todos". "No obstante, estamos a la espera de conocer directrices más concretas de la Comunidad de Madrid en la aplicación de algunas de estas medidas", ha explicado.
En este sentido, ha señalado que "dentro de la flexibilidad que pueda derivarse de la interpretación del texto de las normas y de su desarrollo", es su intención que la aplicación de estas normas "se haga con el mayor consenso posible y defendiendo los derechos legales de todo el personal".
"Como siempre, la representación de los trabajadores va a ser informada puntualmente de todas las novedades que se produzcan, y confiamos en poder acordar conjuntamente la mejor forma de aplicar los cambios que la normativa prevea, normativa que no tiene su origen en los órganos de gobierno de las universidades", ha añadido.
Peña considera que en una situación como la actual, "en la que las universidades públicas de Madrid, como toda la sociedad, se ven afectadas por la grave crisis económica", la comunidad universitaria "actuará, como en otras ocasiones, de manera responsable", evaluando la situación relativa, "tanto dentro del sector público como en comparación con otros sectores, y defendiendo la calidad del servicio público que prestamos a la sociedad".
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