MADRID.- La Comisión Legal de Sol, formada a raíz del Movimiento 15M, ha presentado un escrito en el registro de la Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid para hacer un llamamiento a esta institución para que "respete, de una manera real y efectiva, el derecho de todos los ciudadanos a su participación en la actividad política".
De esta manera, le piden respeto para este derecho "sin inmiscuirse ilegítimamente en sus formas de organización, ni pretender imponer la censura previa de sus reuniones" después de que la nueva delegada de Gobierno, Cristina Cifuentes, haya pedido a este movimiento que informe en la Delegación de sus reuniones.
Tras afirmar que ya lo hacen, la Asamblea General que se reúne semanalmente en Sol denunció hace unos días que en su último encuentro, el pasado 22 de enero, varios efectivos de la Policía Nacional les comunicaron que a partir de este domingo multarían a quienes acudan si no se comunica previamente a las autoridades la celebración de la asamblea.
Tras esta "amenaza" de sancionar a los promotores de las asambleas que no estén oficialmente comunicadas, la Comisión Legal Sol ha elaborado un comunicado en el que entiende que si la Delegación hace una "interpretación excesivamente restrictiva del derecho de reunión, exigiendo un requisito administrativo omitido durante meses, se estaría contraviniendo" un mandato constitucional.
En concreto, el que obliga a los poderes públicos a "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social" (artículo 9).
Esto, a su juicio, "supondría un grave retroceso en la conquista de los derechos fundamentales que tanto esfuerzo ha requerido en la Historia reciente de la sociedad".
Por otro lado, han explicado que se trata de un movimiento asambleario "en el que a nadie se le puede adjudicar el papel de organizador, promotor o inspirador, que serían las personas objeto de sanción, salvo a la totalidad de la ciudadanía que de una u otra forma participa en las mismas".
En este sentido, aseguran que la "amenaza" por parte de las autoridades públicas de "imponer sanciones de hasta 30.000 euros por participar en una asamblea en la que se debaten los problemas que actualmente más afectan a la ciudadanía (...), ensancharía aún más la brecha existente entre la ciudadanía y la clase política".
Entre otras cosas, la Comisión recuerda que el llamado movimiento 15-M ha supuesto, entre otros muchos aspectos, "un salto cualitativo y cuantitativo importantísimo en cuanto a la concepción, el ejercicio y la reivindicación por parte de la ciudadanía, tanto de los Derechos Sociales reconocidos como los Derechos Fundamentales".
Los 'indignados' destacan que entre estos últimos derechos resalta el de participar en los asuntos públicos directamente, sin intermediarios, (artículo 23 de la Constitución), que se viene realizando con el ejercicio del derecho de reunión pacífica y sin armas (artículo 21).
Asimismo, recuerdan que en las asambleas que se reúnen desde el pasado 15 de mayo son "miles de ciudadanos" los que están ejerciendo su derecho fundamental a participar en los asuntos públicos, en definitiva, haciendo política, conscientes de que las víctimas de un sistema socioeconómico injusto tienen el derecho a participar directamente en las soluciones".
Según han asegurado, estas asambleas son "ampliamente comunicadas a la ciudadanía, a través de los más variados medios de información", y que las autoridades "tienen pleno conocimiento de las celebraciones de todas y cada una de ellas". De hecho, han indicado que en "numerosas ocasiones" agentes de la autoridad se sitúan en las cercanías.
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