lunes, 30 de enero de 2012

El Ayuntamiento de Madrid ordena investigar un uso indebido de recursos públicos

MADRID.- El Gobierno municipal de Madrid ha ordenado a la Inspección General de los Servicios que investigue un presunto uso indebido de recursos públicos, en concreto de un vehículo cedido por una adjudicataria para realizar labores de mantenimiento, por parte de funcionarios del Ayuntamiento.

   Según informa este lunes 'El País', varios funcionarios del área de Circulación habrían estado utilizando con fines privados varios vehículos que la empresa que se encarga del mantenimiento de los semáforos de la capital habían puesto a disposición del Ayuntamiento para realizar inspecciones o acudir a incidencias o reparaciones. Además, habrían pasado las facturas de gasolina, multas o peajes derivadas de este uso privado e ilegal a la empresa contratada
   El vicealcalde de la capital y portavoz del Ejecutivo municipal, Miguel Ángel Villanueva, ha explicado en declaraciones a los medios antes de una reunión del Grupo Popular que, "ante las informaciones aparecidas en un medio de comunicación", el Ejecutivo local "actuará con total transparencia, contundencia y absoluta rapidez".
   "Por eso, se ha dado orden a la Inspección de los Servicios para que realice una investigación, una información detallada de lo que aparece hoy denunciado. A resultas de esa investigación se podrán tomar medidas cautelares, se podrá detectar o incoar expedientes disciplinarios o, si hubiera algún tipo de responsabilidad penal, dar traslado de la pieza al Ministerio Fiscal", ha señalado.
   Así, Villanueva ha considerado que "no es el momento" de abrir una comisión de investigación en el seno del Consistorio, tal y como ha pedido esta misma mañana el portavoz socialista, Jaime Lissavetzky, porque "lo que es razonable y responsable es dejar a la Inspección General de los Servicios que haga su trabajo".
   En este sentido, ha tachado de "desproporcionados algunos comentarios de la oposición, que en su momento tendrán adecuada respuesta" y ha considerado que "tampoco sería interesante establecer ningún tipo de juicio previo en este asunto".
   "Hoy toca decir que el Gobierno ha actuado con rapidez, contundencia y transparencia. Vamos a dejar a la Inspección que determine las responsabilidades que hubiere lugar y, en función de ese dictamen, seguro que podremos posicionarnos todos, el primero el Gobierno", ha apostillado.
   Así, una vez esté concluida esa investigación interna, el Ejecutivo local podrá "saber exactamente de qué se está hablando" y entonces "será el momento de determinar responsabilidades disciplinarias o políticas, si las hubiese".
  "Pero en este momento lo que toca es dejar trabajar a la Inspección General de los Servicios", ha insistido el vicealcalde, asegurando que todo el proceso se realizará con "un respeto escrupuloso a la ley".
   Por otra parte, Villanueva ha eludido avanzar si el Ejecutivo local tiene algún indicio concreto de cuántas personas podrían estar implicadas en este asunto o de cómo ha podido pasar tanto tiempo sin que se conociera, ya que según la información publicada los hechos se habrían estado produciendo desde 2007.
   "Lo más adecuado en estos momentos es dejar a la Inspección de los Servicios que realice su trabajo. Si creemos en el Estado de Derecho, lo que corresponde en estos momentos es que la Administración, a través de sus órganos, realice una investigación previa, y cualquier comentario mío no va ayudar a esa investigación", ha dicho.
   Por otra parte, Villanueva ha hecho hincapié en que "en cualquier caso no se está hablando de ningún tipo de irregularidad en la adjudicación" del contrato a la empresa Etramad, que mencionan las informaciones publicadas, sino de "la presunta utilización indebida de un recurso municipal, en este caso un automóvil, puesto a disposición para otro fin".
   Preguntado por las fotografías publicadas hace unos meses de la entonces delegada de Medio Ambiente y Movilidad y hoy alcaldesa, Ana Botella, saliendo de su coche oficial para ir a la peluquería, Villanueva ha señalado que "la utilización de un vehículo oficial por las personas que, por razones de seguridad, deben disponer de ese vehículo y de escolta a lo largo del día" no es en absoluto equiparable.
   "Me parece que, evidentemente, no estamos hablando de lo mismo y sería un absoluto disparate situar ambas cosas en un mismo plano. Me parece un absoluto disparate utilizar la necesidad de determinados cargos públicos de, en función de su cargo, usar medios como vehículo oficial o escolta y situarla en una presunta utilización indebida de un vehículo para realizar un desplazamiento privado. Creo que no procede establecer ese mismo plano de responsabilidad", ha zanjado.

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