MADRID.- UGT, CC.OO, CSIT Unión Profesional y CSI-F han cifrado este miércoles en 11.000 los puestos de trabajo que se perderán en la Administración regional como consecuencia del aumento de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales de los empleados públicos aprobada por la Asamblea de Madrid.
En una rueda conjunta con el resto de representantes sindicales, el secretario general de la Federación del Sector Público de UGT, Santiago Tamame, ha concretado que sólo en Sanidad se perderán 5.314 empleos, 3.000 en Educación y otros 3.000, aproximadamente, en el resto de la Administración regional.
Tomando como referencia el sector de la Sanidad, en el que trabajan 78.050 empleados públicos, tras la Ley de Acompañamiento, las jornadas añadidas que tendrá que trabajar cada empleado al año serán 16, lo que supone un total de 1.248.800 horas lo que, según sus datos, se traduciría en 5.314 empleados perdidos sólo en este sector.
Por su parte, el coordinador del Área Pública de CC.OO., Manuel Rodríguez, se ha referido a los recortes de las bajas por enfermedad. Así, ha indicado que en un mes de baja un trabajador del nivel más bajo, que de base 1.086 euros, cobrará 519,90, "un descuento casi del 50 por ciento, mientras suben las hipotecas y otros gastos".
Por todo ello, los sindicatos presentes han animado a los trabajadores a participar en la manifestación el día 7 de febrero contra los recortes en los servicios públicos "y al hecho de que se haya usado la Ley de Medidas Fiscales para usurpar la negociación colectiva".
El coordinador de negociación colectiva de CSI-F, Pedro Poves, ha defendido la labor de los funcionarios, y se ha quejado que "siempre se pague con ellos la crisis económica". "Los funcionarios son un personal muy calificado que han aprobado unas oposiciones y que han pasado unas pruebas muy duras, y que siempre hemos sufrido los recortes, primero con el Gobierno de (José María) Aznar y luego con el de (José Luis Rodríguez) Zapatero", ha apuntado.
Poves ha apostado por defender el prestigio de los empleados públicos frente "a las declaraciones desafortunadas y el desprestigio" que, a su juicio, les ha causado los gobernantes de la Comunidad de Madrid. "Ahora van a destruir 11.000 puestos de trabajo, mientras se han creado empresas privadas con empleados públicos y se siguen pagando colegios concertados", ha añadido.
Los representantes de los trabajadores han indicado que estos recortes no sólo les afectarán a ellos, sino a la calidad y la atención de los servicios públicos, la disminución del tiempo de atención al paciente en los centros sanitarios o la ampliación de las listas de espera, "también en la asistencia a dependientes, menores, residencias públicas de mayores, administración de justicia, medio ambiente, servicios públicos de empleo, lucha contra el fraude fiscal, atención al ciudadano, servicios de emergencias y protección ciudadana o en los transportes y medios de comunicación públicos".
Con motivo de la manifestación del próximo martes a las 18.30 horas de la Plaza de Neptuno a la Puerta del Sol de Madrid, los cuatro sindicatos han elaborado un manifiesto en el que defienden el Estado del Bienestar y critican que actualmente se está produciendo "una ofensiva muy visible en el terreno de los servicios públicos que son objeto preferente de las políticas de recorte, que afectan de forma drástica a la educación, la sanidad, los servicios sociales, los medicamentos o la protección por desempleo, entre otros".
Paralelamente, consideran que los mercados presionan en la lógica de favorecer la externalización de servicios, "que aspiran a gestionar desde intereses privados, viendo en los servicios públicos privatizados una enorme oportunidad de negocio".
"La privatización y los recortes en los servicios públicos destruyen empleo, deterioran su calidad, empeoran las condiciones laborales de los empleados públicos quiebran la igualdad de oportunidades y la cohesión social y ponen en cuestión la gratuidad y la universalidad de las prestaciones. Todo ello es más grave en una etapa de crisis en la que los servicios públicos deberían jugar un papel determinante para garantizar la cohesión social y en la que, tanto el gasto y el empleo público son decisivos en la dinamización de la economía", han indicado.
En el contexto de la Comunidad de Madrid, los cuatro sindicatos han señalado que los recortes aplicados son "injustificados por cuanto se producen en paralelo al incremento del presupuesto que financia a los servicios que han sido externalizados".
"Así mientras se detraen importantes recursos de la Educación pública, que suponen la pérdida de 3.000 profesores, se subvenciona mediante desgravaciones fiscales a las familias que llevan a sus hijos a la enseñanza privada y se incrementa significativamente el número de unidades concertadas", han abundado. En las Universidades, aluden al "deterioro" de las condiciones laborales del personal docente e investigador.
Respecto a Sanidad, los firmantes del manifiesto aseguran que los recortes también suponen la pérdida de personal y la sobrecarga de trabajo de los que permanecen en el sistema, "con el consiguiente empeoramiento en la calidad de la prestación, mientras en el presupuesto de 2012 se aumenta más de un 30 por ciento la partida que financia los conciertos con entidades privadas".
"Después de 35 años de luchas y esfuerzos para alcanzar un cierto nivel de protección laboral, comprobamos cómo los derechos adquiridos en ese largo proceso son arrasados en una semana. Tener la mayoría parlamentaria no debería servir para cometer atropellos de esta magnitud", han señalado los agentes sociales.
Según han explicado, todos los recortes se engloban "estrategia privatizadora de los servicios públicos que lleva a cabo el Gobierno de Esperanza Aguirre que pasan por deteriorarlos para ponerlos luego en manos de la iniciativa privada". "Esta política privatizadora, que descapitaliza al Estado y deja derechos básicos de los ciudadanos en manos de empresas privadas con ánimo de lucro, amenaza también a empresas públicas emblemáticas como el Canal de Isabel II, RadioTelevisión Madrid, o el Metro", han añadido los sindicatos.
Por todo ello, CC.OO., UGT, CSIT y CSI.F han indicado que trabajarán para promover la más amplia convergencia con aquellas organizaciones que compartan estos objetivos en el marco de una Plataforma para la Defensa de los Servicios Públicos en la Comunidad de Madrid.
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