MADRID.- La Audiencia Provincial de Madrid ha
ordenado a la titular del Juzgado de Instrucción número 39, Belén
Sánchez, que investigue a dos testigos protegidas de los atentados del
11-M por si pudieran haber cometido un delito de falso testimonio en su
declaración contra Jamal Zougam, condenado a 42.917 años de cárcel por
la Audiencia Nacional como autor material de la masacre.
Así consta en un auto dictado por la Sección Cuarta de la
Audiencia madrileña que admite el recurso de apelación presentado por la
defensa de Zougam y su madre contra las testigos rumanas J70 y C69, a
las que acusa de "confabularse para obtener beneficios personales y
económicos", y revoca la decisión de la juez instructora de no admitir a
trámite la querella que presentó contra ellas.
La resolución judicial señala que en la querella "se relatan
indicios que bien pudieran avalar razonablemente la verosimilitud de la
apariencia delictiva de la conducta" de las dos testigos protegidas, por
lo que, "de ser ciertos", podrían ser "constitutivos de un delito de
falso testimonio" y provocar "un juicio de revisión" sobre la situación
de Zougam.
También sostiene que esta hipótesis no es "ni mucho menos
descartable" ni "descabellada", por lo que la querella "debió ser
admitida" a trámite en función de la "transcendencia" de los testimonios
"ahora controvertidos", que fundamentaron una "pena de prisión de
extrema gravedad".
"La querella no sólo contiene el relato pormenorizado de un
hecho penalmente relevante, sino que de la misma se desprende además un
dato de especial trascendencia que dota 'prima facie' de consistencia a
la incriminación realizada", señala el tribunal, formado por los jueces
Eduardo Jiménez-Clavería, Mario Pestaña y José Joaquín Hervás.
El escrito de Zougam también "se hace eco", según el auto de
la Audiencia de Madrid, de "nuevas revelaciones que no pudieron ser
tenidas en cuenta en el momento del enjuiciamiento del atentado del 11-M
por el tribunal enjuiciador". Si eso hubiera ocurrido, el tribunal
sostiene que las testigos habrían faltado "a la verdad en las
manifestaciones que realizaron en la vista del juicio oral".
La querella especifica que C-65 manifestó en abril de 2004
ante el Consulado que viajaba en el tren que explotó en Santa Eugenia
junto a una compatriota llamada Florentina, "de la que nunca más se supo
ni fue comparecida como víctima", mientras en el juicio aseguró que
quien le acompañaba era J-70.
Esta testigo no declaró nada sobre el reconocimiento de Zougam
cuando acudió en marzo de 2004 a la Comisaría General de Extranjería
para solicitar un permiso de residencia y trabajo y sólo lo hizo el 7 de
febrero de 2005, 11 meses después de los atentados.
Según la defensa del terrorista, ambas habrían coordinado su
relato con la finalidad de ser reconocidas como víctimas y con ello,
alcanzar "beneficios económicos y personales" como "indemnizaciones,
permiso de trabajo, reagrupamiento y nacionalidad".
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