MADRID.- El Colegio de Abogados de Madrid ha advertido
este viernes a la Comunidad de Madrid de que los letrados del turno de
oficio no podrán garantizar la asistencia inmediata a los más
desfavorecidos y se verá afectada la tramitación de los procedimientos
judiciales ante los recortes previstos por el Gobierno regional en la
nueva Ley de Presupuestos, ha informado el ICAM en un comunicado.
Este organismo ha asegurado que los recortes afectan
"gravemente a la prestación de un servicio público que garantiza
derechos fundamentales para los ciudadanos y cuyo coste debe afrontar en
su totalidad la administración competente, en este caso la Comunidad de
Madrid".
"La reducción que se pretende aprobar, prevista en un 20%,
será aplicable sobre unos baremos que no se actualizan desde el año
2003, lo que supondrá una pérdida del poder adquisitivo para los
abogados de turno de oficio de entorno al 50%, a lo que se añade el
retraso endémico en el pago por parte de la Comunidad de Madrid de las
actuaciones ya realizadas y debidamente justificadas, cuestión que ha
supuesto al Colegio un coste añadido de dos millones de euros", señala el
colegio.
Respecto a los colegios profesionales, el colegio indica que
les supondrá "una merma considerable en las cantidades que destinan al
eficaz funcionamiento del servicio y que le impedirá prestarlo con la
misma calidad y eficiencia, afectando en última instancia al correcto
funcionamiento de la administración de justicia, que en una gran parte
precisa de las designaciones de profesionales de turno de oficio para
garantizar el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva".
"Desde el año 2001 hasta 2011, el Colegio de Abogados ha
aportado de sus propios recursos 2,5 millones de euros para completar la
dotación, siempre insuficiente, que recibe de las instituciones
públicas obligadas por ley a sufragar el coste de este servicio
público", agrega.
Así, ha señalado que solo de 2012, el déficit que soportará el
Colegio por "la prestación del servicio ascenderá a 1,7 millones de
euros, pero un nuevo recorte haría imposible garantizar la asistencia
inmediata a los ciudadanos más desfavorecidos, lo que afectará a la
tramitación de los procedimientos judiciales, y por consiguiente al
correcto funcionamiento de la Justicia en la Comunidad".
"Las propuesta debe ser reconsiderada para evitar que los
ciudadanos con muy escasos recursos afectados por desahucios o despidos,
las victimas de violencia de género o los imputados por delitos comunes
que no pueden pagarse una defensa, todos ellos en situaciones de
especial vulnerabilidad en el momento en el que nos encontramos y a
quienes no se podrá garantizar, con la misma eficacia que hasta ahora,
la presencia inmediata de un abogado, sufran situaciones de desigualdad
en el acceso a la justicia", concluye.
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