MADRID.- El diputado de la Izquierda Plural
(IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, pregunta al Gobierno si
tiene intención de modificar normativas como la del alcohol, el tabaco o
el juego para adaptarse a las peticiones de Sheldon Adelson para su
instalar su proyecto Eurovegas en España, y también cuáles serán las
exigencias que planteará en cuanto a la política de admisión de menores y
ludópatas en el complejo de ocio.
En una pregunta escrita, Llamazares alerta
de la posibilidad de que el Ejecutivo acepte una "legislación de
excepción" en materias como juego, tabaco o alcohol para Eurovegas, más
allá de posibles cambios en la normativa urbanística, laboral o fiscal
para atraer esta inversión.
Así, Llamazares pregunta al equipo de Mariano Rajoy cuál es su
posición en relación a la exigencia de los promotores de Eurovegas para
que puedan entrar menores y ludópata en los casinos, sobre la "práctica
de potenciar la relación alcohol y juego con la gratuidad de las
bebidas" y sobre la posibilidad de modificar la Ley del Tabaco para
exceptuar ciertas zonas de los casinos su prohibición en locales
cerrados.
Hace unas semanas, el diputado ya había registrado otra batería de
preguntas sobre este proyecto, alertando de que su puesta en marcha
supondrá crear "un paraíso legal lúdico" por los cambios normativos
exigidos por los inversores en materia de extranjería o laboral, unas
modificaciones que a juicio del diputado no se pueden justificar con el
argumento de creación de empleo.
Además, recordaba las advertencias de los técnicos del Ministerio
de Hacienda (Gestha) sobre que este macrocentro de ocio se podría
convertir en "un paraíso fiscal en el corazón de España, al generarse un
régimen excepcional de tributación casi nula en los tres niveles de la
administración tributaria" así como en "una zona franca para no liquidar
el IVA ni otros muchos impuestos" y en un foco de "lavado de cantidades
millonarias de dinero negro en los casinos" si se relaja la Ley de
Blanqueo de Capitales para adaptarse a las exigencias de los inversores.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó
el pasado 28 de marzo en el Pleno del Congreso, al ser preguntado por
este proyecto, que las normas españolas son "claras" pero "revisables en
un futuro", si es necesario, para atraer inversiones que creen puestos
de trabajo.
Aun así, apostilló que en ningún caso se concederán "patentes de
corso" y que en "las leyes de ningún ámbito, ni por supuesto las
fiscales, cabe albergar discriminación alguna". Además, insistió en que
"las normas tributarias son iguales para todos los sujetos pasivos, de
acuerdo con sus diferencias en términos de capacidad económica".
"La intención del Gobierno es hacer de España un lugar atractivo
para la inversión, y para ello necesitamos competir en el marco fiscal,
financiero, hacer atractiva también la legislación laboral para crear
empleo --que es el sentido de la reforma laboral--, en energía,
transportes, comunicaciones o servicios financieros, para que los
grandes inversores internacionales miren a España con fiabilidad y
confianza, como se merece España", añadió.
En otra respuesta escrita sobre este asunto el Ejecutivo afirmaba
que apoyará "todas aquellas inversiones extranjeras en España que,
dentro del marco normativo vigente, contribuyan al crecimiento
económico, la creación de empleo y el bienestar social".
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