MADRID.- La Comunidad de Madrid y la Guardia Civil, en
un operativo conjunto, han clausurado en la Cañada Real Galiana las dos
mayores escombreras ilegales de residuos de construcción y demolición
(RCD) que existían en la región.
Este operativo se enmarca en el convenio de colaboración y
coordinación entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid
para la protección medioambiental de la región, ha informado el Gobierno
regional en un comunicado.
Las investigaciones efectuadas por los agentes del Servicio de
Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y los agentes
ambientales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio permitieron constatar cómo en la zona de la Cañada Real se
asentaban dos empresas que a pesar de haber sido denunciadas en varias
ocasiones continuaban con su actividad ilegal, recibiendo a los
transportistas en el interior de una nave, donde se les permitía dejar
los escombros, que tras el correspondiente cobro eran almacenados.
Cuando se quedaban sin espacio físico, y después de recuperar
aquellas fracciones de residuos que tienen más valor (metal, madera)
sacaban los escombros fuera mediante camiones, actividad que realizaban
durante la noche, deshaciéndose de los residuos en distintos puntos
próximos y adyacentes a la Cañada Real.
De forma paralela al cierre, la Guardia Civil ha intensificado su
presencia en la zona para controlar e impedir que los camiones que
lleguen hasta allí con los residuos puedan verter en dichas
instalaciones o en zonas próximas.
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha iniciado una campaña de
inspección a través de los agentes ambientales para controlar la
producción de estos residuos de construcción y demolición en las mismas
obras. Se van a inspeccionar las grandes obras con el fin de controlar
que el productor de los residuos los gestiona adecuadamente, y a la vez
concienciarle de su responsabilidad en el destino final de los mismos.
El productor de RCD en estos casos debe tener un plan de gestión y
debe conocer dónde tienen su destino final, en cumplimiento de la
normativa, responsabilizándose de ello.
Desde el año 2007 hasta la actualidad, la Comunidad de Madrid ha
efectuado más de 580 inspecciones relacionadas con la gestión de los
residuos de construcción y demolición (RCD). El 72% de estas actuaciones
estaban planificadas en los Programas de Inspección Ambiental de la
Comunidad, de carácter anual, mientras que el resto de inspecciones
estuvieron motivadas por denuncias.
Además de las labores propias de los cuerpos de inspección
ambiental de la Comunidad, en la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, que dirige Borja Sarasola, se recibe un gran
volumen de denuncias en materia de RCD formuladas por las policías
locales y por el Seprona de la Guardia Civil, ha informado la
Consejería.
Como consecuencia de ello, en este periodo se han tramitado una
media anual de unos 380 expedientes sancionadores por infracciones
relacionadas con la mala gestión de esos residuos. Entre ellos, destacan
por su magnitud los procedimientos sancionadores iniciados contra
vertederos e instalaciones ilegales de recuperación de RCD.
Se han dictado 13 órdenes de suspensión inmediata de la actividad
en otros tantos vertederos e instalaciones ilegales, y se han resuelto
40 expedientes sancionadores con multas cuya cuantía está comprendida
entre 25.000 y 600.000 euros.
La cantidad total impuesta en concepto de multa en los
procedimientos resueltos contra vertederos e instalaciones ilegales de
RCD es de 4,7 millones de euros. El resto de expedientes sancionadores
se corresponde con vertidos de RCD de menor magnitud y con el transporte
ilegal de dichos residuos.
Pese a las enormes dificultades que entraña perseguir los vertidos
ilegales por su carácter clandestino, desde la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio se han llevado a cabo diferentes
actuaciones para reducir esta mala praxis, dañina para el medio pese a
tratarse de residuos no peligrosos. Además, impide el aprovechamiento de
los recursos contenidos en los recursos y perjudica a las plantas de
reciclado autorizadas por la Consejería por ejercer una competencia
desleal.
En la región existen 13 instalaciones dedicadas en exclusividad al
reciclaje y la eliminación de residuos procedentes de la construcción y
demolición, cuatro de ellos de iniciativa pública situados en
Navalcarnero, El Molar, Moralzarzal y Arganda del Rey. Situados en
distintos puntos de la Comunidad para abarcar toda su geografía de
manera más ágil, la capacidad total de tratamiento de las citadas
instalaciones asciende a casi 6 millones de toneladas al año. Por su
parte, la capacidad de depósito llega hasta los 25,5 millones de metros
cúbicos.
Todo ello se complementa con otros 14 centros autorizados, de
iniciativa tanto pública como privada, que tienen como función el
almacenamiento y la clasificación de los residuos generados en las
labores de la construcción y la demolición para facilitar su posterior
reciclaje. Así pues, en la Comunidad de Madrid hay un total de 27
instalaciones autorizadas para el almacenamiento, la clasificación, el
reciclaje o, cuando lo anterior no es posible, la eliminación de este
tipo de material.
A todas estas acciones de vigilancia, inspección y control hay que
sumar el esfuerzo de la Comunidad de Madrid para recuperar los espacios
que antes estuvieron destinados al vertido de este tipo de residuos.
Así, desde el año 2006 el Gobierno regional ha clausurado y restaurado
74 vertederos de residuos inertes, con una inversión en torno a los 10
millones de euros, destinada a integrar estos puntos en su entorno y a
mejorar los equipamientos dotacionales.
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