MADRID.- El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado
este jueves, con 69 votos del PP y toda la oposición en contra, la Ley
de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid para
2013, que permite que la Comunidad de Madrid amplíe la externalización
sanitaria y que fomenta la instalación de proyectos como el de Eurovegas
en la región.
Esta norma a la que hoy ha dado el visto bueno la Cámara de
Vallecas cuenta con medidas que permiten que la Comunidad de Madrid
lleve a cabo la externalización los seis hospitales de gestión mixta de
la Comunidad, así como la de 27 centros de salud de la región, unas
iniciativas que al igual que la regulación del euro por receta, que
también contiene la ley, han sido muy discutidas, dentro y fuera del
hemiciclo.
En esta norma también se da más libertad a los comerciantes para
establecer sus periodos de rebajas y se crean los Centros Integrales de
Desarrollo (CID), con los que el Ejecutivo regional busca que se
instalen grandes proyectos en la Comunidad de Madrid y que la oposición
considera que están hechos para beneficiar al proyecto Eurovegas del
magnate Sheldon Adelson.
Asimismo, se modifica la ley del juego, se permite contratar a
profesores nativos en centros educativos públicos y, entre otras cosas,
se da la posibilidad a los trabajadores públicos de pedir una reducción
de jornada, pero no se obliga a la Comunidad a reponer este hueco.
"Esto no es una ley. Es un escándalo", ha afirmado el diputado
socialista Antonio Miguel Carmona en el atril de la Asamblea de Madrid,
donde ha propuesto un reto: "el reto de andar hacia delante y poder
hacer planes de empleo".
En primer lugar se ha centrado en los cambios sanitarios que
contiene la ley, que son "un escándalo para la sanidad pública" y que,
según ha asegurado, ya se veían venir. "En nombre de mi grupo
parlamentario le exijo solemnemente que presente su dimisión", le ha
pedido al consejero de Sanidad, Javier Fernández, Lasquetty, como
también lo ha hecho su homólogo de UPyD Luis de Velasco.
Asimismo, ha acusado al presidente de la Comunidad, Ignacio
González, de haber convertido la política "en un ataúd en busca de un
cementerio", y ha considerado que la ley "no es una ley", sino "una
inmoralidad" y un "salvoconducto a la corrupción".
Por ello, ha explicado, su posición es "un voto en contra de
Adelson, la privatización de la sanidad y en contra de los privilegios".
"Hagan juego con la sanidad, hagan juego", ha exclamado Carmona, que ha
criticado que con esta norma los populares están "haciendo juego con la
democracia".
"El black jack no nos va a traer la felicidad", ha insistido
Carmona, quien frente a esta política que atribuye al PP, ha asegurado
que sus enmiendas son a favor de la sanidad, la educación y los
servicios sociales.
Por su parte, la diputada de IU Libertad Martínez ha considerado
que la Ley de Acompañamiento es la "Ley Voldemort", en referencia al
personaje de Harry Potter que nunca debe ser nombrado. Y es que ha
criticado que detrás de esta norma está Adelson.
"Es la ley de la rabia y la ignominia", ha recalcado Martínez, que
ha puesto la vista en los miles de desahucios que se producen en la
región, porque, a su juicio, las medidas que lleve a cabo el Ejecutivo
regional no deben sólo buscar proveer de vivienda social a los
ciudadanos que estén pasando una mala situación, sino de tomar medidas
que eviten que se produzca esa situación.
"El PP perdona 1.800 millones anuales al casino y no pueden
dedicar 8 millones a impedir desahucios", ha criticado Martínez a
renglón seguido, para reclamar, como ya ha hecho en todo el debate
parlamentario, recuperar la fiscalidad que tenía anteriormente la
Comunidad de Madrid.
Por último, ha sostenido que los populares han gobernado para los
ricos, lo que ha generado "rabia, cabreo e indignación que han sido
incapaces de afrontar y responder con valentía". En este punto, ha
rechazado las palabras del presidente sobre el derecho de huelga y ha
dicho que ellos seguirán "haciendo huelga".
El portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, que
ha comenzado su intervención reclamando la dimisión del consejero de
Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, para poder llegar a una solución en
el "enquistado" conflicto sanitario, ha mostrado su oposición a la
"privatización" sanitaria.
Y es que en su opinión, "no es compatible" la búsqueda del
beneficio de una empresa con el derecho a la salud de los ciudadanos.
En otro orden de cosas, se ha referido a los apartados dedicados a
Eurovegas, a pesar de que la ley no les nombra, y ha considerado que la
norma lo que hace es "elaborar un traje a medida" a Adelson y así, crear
"la república independiente de juegolandia".
En este sentido, ha desgranado que con esta norma, "se permite que
intermediarios busquen personas para que jueguen o ir eliminando poco a
poco los adelantos realizados en cuando a la prohibición del consumo de
tabaco".
Asimismo, ha reclamado a la Comunidad de Madrid que inicie
"acciones para exigir responsabilidades penales" en el caso de Caja
Madrid.
En respuesta a los grupos, el portavoz presupuestario del PP,
Pedro Muñoz Abrines, ha explicado que cuando se habla de Eurovegas se
habla de un proyecto de ocio, que pretende invertir 18.000 millones de
euros, que son miles de puestos de trabajo.
Así, tras criticar el "repentino puritanismo progre" de los
socialistas, ha defendido que lo que busca la Comunidad de Madrid con
las medidas contenidas en esta norma es atraer inversiones extranjeras.
En materia sanitaria, el otro tema que ha copado la mayoría del
debate de este jueves, el popular ha aseverado que "la atención
sanitaria en la Comunidad de Madrid seguirá siendo pública, gratuita y
de la máxima calidad".
Además, ha defendido que busca la "transparencia" ya que obliga a
que las cuentas del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tengan que ser
remitidas a la Asamblea.
Por último, en materia de impuestos también ha criticado la
opinión de la oposición en la materia, que ha tildado de "carta a los
Reyes Magos". En concreto, se ha referido a la recuperación del impuesto
de patrimonio que reclama la oposición, una medida que, de aplicarse,
no permitiría recaudar nada.
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