MADRID.- La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha
indicado este martes sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC) de
que los gobiernos locales estén formados sólo por concejales electos,
cuestión que afectaría a los delegados Fernando Villalonga y Juan
Antonio Gómez-Angulo, que el Consistorio tiene que esperar al contenido
de la sentencia.
"Tendremos que esperar al Contenido de la sentencia", ha dicho al
respecto la alcaldesa de Madrid preguntada por los medios de
comunicación sobre si va a prescindir de los delegados no electos.
Fuentes municipales han explicado que el Ayuntamiento no está
personado como parte en este proceso y que, en consecuencia, la
sentencia no le ha sido notificada al Consistorio. Por tanto, se debe
esperar a tener la publicación de la sentencia en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) para conocer su contenido concreto.
Ayer se conoció que el pleno del Tribunal Constitucional ha dado
la razón a la Generalitat catalana, de modo que los gobiernos de
ayuntamientos de grandes ciudades únicamente podrían estar formados por
concejales que hayan sido elegidos en una lista electoral, una decisión
que afecta directamente al Consistorio madrileño.
De esta forma se impediría que los municipios puedan nombrar como
miembros de la Junta de Gobierno local a quien no haya concurrido a unas
elecciones, es decir, a los delegados.
Esta situación afecta de modo directo a dos miembros de la Junta
de Gobierno de la capital, concretamente al delegado de Las Artes,
Deportes y Turismo, Fernando Villalonga, y al de Medio Ambiente y
Movilidad, Juan Antonio Gómez-Angulo.
Este último regresó en febrero al
Ayuntamiento --fue concejal con José María Álvarez del Manzano como
alcalde-- tras la dimisión de otro delegado, Antonio de Guindos, después
de ser imputado por el caso Madrid Arena.
El gobierno catalán presentó un recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley de Grandes Ciudades de 2003, que reformó la Ley de Bases
de Régimen Local, por la que se regulaba la organización de los
ayuntamientos españoles y en la que se contemplaba que también podrían
ser miembros del gobierno local aquellos que no se habían presentado en
listas electorales. La Generalitat catalana alegó que esta reforma
lesionaba sus competencias.
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