MADRID.- Una pareja de agentes de la Guardia Civil ha
asistido al juez Elpidio José Silva durante los últimos interrogatorios
efectuados con motivo de la investigación sobre el préstamo por valor de
26,6 millones de euros que Caja Madrid concedió al ex presidente de la
patronal Gerardo Díaz Ferrán mientras era consejero, según informaron fuentes jurídicas.
Los efectivos del Instituto Armado han estado presentes el
miércoles y el jueves en el interior del Juzgado de Instrucción nº 9
en el que se ha desarrollado la toma de declaración de varios ex
miembros del Comité Financiero imputados en el marco de este
procedimiento.
Este hecho ha motivado la perplejidad entre las partes personadas
que desconocen la condición en la que se encuentran los agentes habida
cuenta de que no había ningún detenido durante los interrogatorios.
Algunos achacan su presencia a una falta de funcionarios en el Juzgado
de Silva.
La ronda de declaraciones comenzó ambos días con retraso, por lo
que los imputados permanecieron en los pasillos de los Juzgados de Plaza
de Castilla hasta que algunos fueron llamados a comparecer y a otros se
les notificó que su citación se posponía para otro día.
El instructor despachó el jueves con el representante del
Ministerio Fiscal y con los agentes de la Guardia Civil antes de dar
comienzo a los interrogatorios. Llegado el momento, en la sala aguardaba
a cada imputado el magistrado, el fiscal, los abogados defensores, la
acusación popular ejercida por Manos Limpias, el secretario judicial
pero también dos guardias civiles vestidos de paisano.
Durante los interrogatorios, los agentes permanecieron sentados en
los últimos bancos de la sala y sin tomar notas. La Guardia Civil está
practicando las diligencias ordenadas por el juez instructor en el marco
de este procedimiento.
La Fiscalía investiga una queja emitida directamente por varios
funcionarios por conducta inapropiada del magistrado, sobre quien el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha incoado un expediente
disciplinario por falta de consideración a sus funcionarios, entre otros
motivos.
El juez Silva abrió diligencias a raíz de una denuncia presentada
por el sindicato Manos Limpias en la que se acusa a Blesa de conceder un
crédito "doloso" por importe de 26,5 millones de euros a Díaz Ferrán en
el que figuraba como "garantía un holding empresarial que se encontraba
en quiebra". Ambos están acusados de un delito societario y de falsedad
documental, mientras que el ex responsable de créditos a empresas de
Caja Madrid, Carlos Vela, está imputado por delito societario.
El instructor también investiga a Blesa por la compra, en abril de
2008, del 83% del City National Bank de Florida por 927 millones de
dólares. Caja Madrid se hizo con la totalidad de la entidad
estadounidense en 2010 aportando otros 190 millones de dólares. Silva ve
indicios "muy relevantes" de criminalidad, de los que se desprende un
posible delito societario de administración desleal o bien uno de
apropiación indebida con otro de falsedad de documento público.
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