MADRID.- Nuevo choque de trenes en operación Chamartín. El desarrollo urbanístico más importante de Madrid está actualmente en el aire por la disputa que mantienen Distrito Castellana Norte (DCN), promotora participada por BBVA y Grupo San José, y la empresa pública Adif, controlada por el Ministerio de Fomento, según han confirmado varias fuentes conocedoras a El Confidencial.
El origen de esta nueva batalla está en la decisión del ayuntamiento de volver a rebajar la edificabilidad
en cinco zonas al sur de la M-30, ajuste que cuenta con el respaldo del
operador de infraestructuras ferroviarias, el cual, conforme está
recogido en el acuerdo base sellado el pasado julio, deberá compensar a DCN con más terrenos ubicados en el entorno de la estación de Chamartín.
El
problema es que la promotora, tras más de un cuarto de siglo escuchando
todo tipo de promesas de las administraciones, quiere certezas y exige
que en esta nueva compensación se detalle no solo el número de metros con que se la compensará, sino todos los detalles sobre qué podrá hacer en esos terrenos.
En las negociaciones de las últimas semanas, Adif ha declinado
comprometerse a recoger en el nuevo plan este grado de puntualización,
alegando que no es posible hacerlo porque todavía se está terminando de
definir el proyecto arquitectónico de toda la estación. En cambio, donde
el banco sí parece que va a poder contar con mayores certezas es en el
uso de ese terreno, después de que el ayuntamiento haya accedido a incluir en el planeamiento que tengan carácter lucrativo.
"Tal
y como acordamos en julio, la compensación se hará con la cesión de
espacios en el edificio de la estación y ahora se está negociando si se incrementa el número de metros
cuadrados acordados entonces, los cuales tendrán ya un valor que a DCN
le permitirá patrimonializarlo", han reconocido desde Adif.
Desde
DCN han señalado: "Esperamos y deseamos que se cumpla el consenso del
pasado julio, porque es el compromiso que han alcanzado las
instituciones. Es la hora de aprobar el proyecto".
Este pacto contemplaba ya una edificabilidad que, en principio, solo podía modificarse si, por cuestiones técnicas,
algún elemento del proyecto no podía llevarse a cabo, algo que desde
DCN rechazan que ocurra, por lo que consideran que el nuevo recorte de
edificabilidad es un acto arbitrario del equipo de Manuela Carmena
y, por tanto, cualquier modificación debe quedar recogida en detalle en
el nuevo plan, para evitar estar siempre expuestos al libre albedrío de
los intereses políticos.
Lectura política
Este nuevo choque tiene detrás muchas implicaciones políticas,
tanto en las filas del consistorio, dividido entre su ala más radical y
la más posibilista, que lidera la alcaldesa, como en el Gobierno, ya
que el Ministerio de Fomento necesita imperiosamente el cheque de 1.000
millones que logrará con esta operación para abordar todo el plan de
mejora de Cercanías.
Juan Bravo, presidente del gestor de infraestructuras ferroviarias, cuenta con el pleno respaldo del ministro Íñigo de la Serna,
quien se ha implicado personalmente en desbloquear la situación. De
hecho, fuentes conocedoras aseguran que el titular de Fomento se ha
llegado a reunir con el presidente de BBVA, Francisco González, para sacar adelante el plan.
Los
más optimistas aseguran que, en el mejor de los escenarios, si los
puentes de plata que están intentanto tenderse entre todas las partes
funcionan, la próxima semana podría llegarse a un acuerdo que permita
superar este nuevo escollo, eso sí, a cambio de que el nuevo recorte de
edificabilidad sea inferior al que está defendiendo ahora mismo el
consistorio, aunque superior al pactado en julio.
Por lo que respecta al ayuntamiento, aunque el equipo de gobierno de Ahora Madrid está dividido
entre defensores y detractores de operación Chamartín, tanto la
alcaldesa, Carmena, como el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo,
son conscientes de la importancia que tiene para la capital cerrar esta
brecha que divide a la ciudad por el norte. Pero también saben que
sacar adelante el nuevo plan con el respaldo de toda la oposición y el
rechazo de la mitad de sus concejales es una foto difícil de ver.
Lograr
un nuevo ajuste de edificabilidad permite a Ahora Madrid vender a sus
bases más radicales el mensaje de que han impedido una operación
especulativa, al tiempo que solucionan una de las operaciones
urbanísticas más enquistadas de la historia de España. El problema es hasta dónde puede tensarse la cuerda, sobre todo cuando en el fondo ninguna de las tres partes quiere que se rompa.
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