MADRID.- El juzgado de instrucción número 41 de Madrid no ha admitido a trámite la querella contra el equipo del popular Alberto Ruiz-Gallardón por los contratos relacionados con el Open de Tenis.
Los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer
junto a la exconsejera delegada de Madrid Destino Ana Varela
presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, denuncia en la
que se basó el Observatorio de los Derechos Humanos para presentar esta
querella que no se ha admitido a trámite, según el auto que ha adelantado El País.
La denuncia de los concejales -presentada en calidad de miembros del
consejo de administración de Madrid Destino- se basaba en sospechas de
malversación en los contratos suscritos entre el Consistorio y la
empresa Madrid Trophy Promotion (MTP), que según sostiene el juez no
fueron contrarios a la legalidad.
En su auto fechado en el 12 de marzo, el juez asegura que no ha
quedado acreditada “ni siquiera indiciariamente la comisión por parte de
los querellados de los delitos que les son imputados” y por ello no procede admitir a trámite la querella.
La querella se presentó contra el exvicealcalde del PP Manuel Cobo
Vega y los exdirectivos Pablo Bautista Nicolás y José Ignacio Fernández
González sin pormenorizar los “motivos concretos” ni su participación en los hechos, según indica el juez, que añade que la querella se basaba “en informaciones obtenidas en los medios de comunicación”.
Los concejales presentaron la denuncia como miembros del consejo de
administración de la empresa municipal Madrid Destino -de donde fueron
después destituidos- sin que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena,
tuviese conocimiento de su registro, según dijo ella misma.
Los ediles sostenían que los convenios suponían “un importante menoscabo de las arcas públicas” con el fin de enriquecer a la empresa MTP, unos argumentos que reprodujo el Observatorio de los Derechos Humanos en la querella.
Tanto en la denuncia como en la querella se sostenía que la
aceptación de “condiciones contractuales arbitrarias” podrían constituir
delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales
públicos, para lo que se amparaban en lo recogido por los informes de
dos bufetes de abogados que llegaron a “conclusiones distintas” al emitido ahora por la Fiscalía, según indica el juez.
Precisamente el encargo ‘a dedo’ de esos informes para denunciar los contratos del Open de Tenis motivó la presentación por parte del PP de una querella contra Mayer y Sánchez Mato
por la que tuvieron que declarar como querellados en septiembre por los
presuntos delitos societario, de malversación de fondos y
prevaricación.
En su auto, el juez señala que no puede imputarse a los querellados
el delito de prevaricación puesto que no hay ninguna ilegalidad, y en ese sentido remarca la existencia de “informes que respaldan los convenios firmados” por el equipo de Gallardón.
Tampoco entiende el juez que haya indicios de malversación de
caudales públicos ya que de los documentos analizados “no se desprende
que el gasto realizado por el Ayuntamiento tuviera destino distinto al
pago de la actividad objeto de los mismos”.
Contra la inadmisión a trámite de la querella se puede interponer un recurso de apelación en un plazo de cinco días.
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