MADRID.- El juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, ha
dictado un auto en el que rechaza archivar la causa contra la que fuera
jefa de los Servicios Jurídicos de la Asamblea de Madrid Tatiana
Sonsoles Recoder, como la defensa de ésta le había pedido. Esa
investigación se centra en la adjudicación del contrato de restauración y
cafetería de la Cámara madrileña al empresario Arturo Fernández,
decisión en la que participó Cristina Cifuentes y por la que la Guardia
Civil acusa de prevaricación y cohecho a la presidenta madrileña, según eldiario.es.
"Las presentes actuaciones tienen un dilatado proceso de instrucción,
pues los hechos que se instruyen tienen gran complejidad y calado para
establecer potenciales imputaciones", dice el auto, al que ha tenido
acceso eldiario.es. La Fiscalía Anticorrupción todavía no se ha
pronunciado acerca del informe de la UCO que se conoció con el
levantamiento del secreto del sumario de mayo de 2017.
En su declaración en la Audiencia Nacional, Recoder
exculpó a la presidenta madrileña, pero en este auto, fechado el pasado 6
de abril, el magistrado instructor asegura: "(Recoder) no apreció, sin
que pueda determinarse aún si por ignorancia o con intencionalidad, la
incompatiblidad de ser miembro de la mesa de contratación y del comité
de expertos de doña Cristina Cifuentes Cuenca".
La Guardia Civil tomó declaración a varias personas vinculadas al
proceso de adjudicación del contrato a Arturo Fernández. El juez
García-Castellón ha imputado por el momento a Recoder, quien prestó
declaración en la Audiencia Nacional el pasado octubre y exculpó a
Cifuentes. Está pendiente que las fiscales del caso Púnica, Carmen
García Cerdá y María Teresa Gálvez, siguen ahondando en los hechos y
propongan al juez seguir adelante o descartar los indicios contra
Cifuentes.
El objeto de la investigación son
los contratos de restauración de la Cámara madrileña al grupo del
empresario Arturo Fernández entre 2009 y 2011. Cifuentes formaba
entonces parte del comité de expertos que valoraba las ofertas.
Fernández, a su vez, es uno de los empresarios que financió la campaña
electoral del PP de Madrid en 2007 con 160.000 euros a través de
Fundescam, una fundación del partido. Cristina Cifuentes integraba el
patronato de esta fundación. Ella defiende que fue a dos reuniones del
patronato y que nunca participó de su gestión económica.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil habla de un proceso de
adjudicación plagado de irregularidades en la concesión a Arturo
Fernández. Y ata cabos.
Cifuentes se defiende con que su cargo de vicepresidenta de la Asamblea
le obligaba a integrar ese comité de expertos y que tomó la decisión
con PSOE, IU y UPyD.
La Guardia Civil tomó
declaración a varias personas vinculadas al proceso de adjudicación del
contrato a Arturo Fernández. El juez García-Castellón ha imputado por el
momento a una de ellas, la jefa de los servicios jurídicos de la
Asamblea, Tatiana Recoder, quien prestó declaración en la Audiencia
Nacional el pasado octubre y exculpó a Cifuentes. Está pendiente que las
fiscales del caso Púnica, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez,
siguen ahondando en los hechos y propongan al juez seguir adelante o
descartar los indicios contra Cifuentes.
El informe
de la UCO trascendió en mayo de 2017. Entonces, el juez Velasco trasladó
a varios medios, de manera informal, que él no apreciaba
responsabilidad penal en Cifuentes. Pero Velasco fue ascendido a la Sala
de Apelaciones de la Audiencia Nacional y sustituido por el juez Manuel
García-Castellón, quien deberá tomar una decisión sobre su eventual
imputación.
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