El mastergate de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes,
no solo ha arruinado su carrera política sino que ha ocasionado un daño
irrecuperable en mucho tiempo a las universidades españolas y muy
concretamente a la madrileña Universidad Rey Juan Carlos.
El descrédito del centro a raíz del falso máster, el conocimiento de
que no ha sido el único caso y que habrá que seguir investigando y la
confirmación de las viejas sospechas de que el entorno del PP hacía y
deshacía a sus anchas para obtener titulaciones debería haber tenido
tres consecuencias, ninguna de las cuales se ha producido hasta la
fecha: en primer lugar, la dimisión de Cifuentes.
El hecho de que la
presidenta se aguante en el cargo al precio que sea después de todo lo
que se ha ido conociendo dice mucho de su catadura moral pero también de
las posaderas de su partido, capaz de encajar los golpes que haga falta
para conservar la poltrona.
En segundo lugar, dice también mucho de Ciudadanos que se mueve en
este asunto mucho más por asegurarse el voto de los madrileños
desengañados con el PP en las próximas elecciones que en beneficio de la
Comunidad y de la universidad. El partido naranja se siente cómodo en el cuanto peor mejor
y parece importarle un rábano cómo se ha degradado el buen nombre del
centro y lo que deben estar pensando sus alumnos, inmersos en un
conflicto que no han buscado pero que les afecta decisivamente ya que un
título de esta universidad no será a partir de ahora precisamente un
motivo de orgullo.
Una situación similar vivió la escuela de negocios
Esade cuando se vio implicada en el caso de Iñaki Undargarin, ya que el
exduque de Palma había sido alumno. El caso Nóos acabó teniendo
consecuencias graves para Esade más allá de la renuncia del secretario
general y la marcha de Diego Torres, uno de los profesores y condenado a
8 años y 8 meses de prisión. C's debía haberse sumado ya a la moción de
censura y aún anda haciendo sus cálculos.
La tercera consecuencia
tenía que haber sido una actuación más decidida del Ministerio de
Educación, pilotado por Íñigo Méndez Vigo,
que se ha limitado a ver los toros desde la barrera y huyendo de su
tono sarcástico y socarrón que solo parece guardar para cuando habla de
Catalunya. El hecho de que Cifuentes sea miembro de su partido no debe
ser casualidad, como tampoco la aparente lentitud de la fiscalía o el
hecho de que la policía no haya entrado a hacerse cargo de la
documentación correspondiente.
Quizás suceda que es mucho más difícil
reventar el globo del mastergate que inventarse relatos sobre
la violencia en Catalunya y acusar a los CDR de terrorismo. Por más que
la lista de pruebas encontradas contra la detenida en Viladecans se
reduzca a carteles, camisetas y elementos de color amarillo, entre ellos
un silbato. Y una imagen de Google Maps. ¡Qué tiempos estos!
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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