MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, considera que la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, debió abstenerse de participar en la adjudicación, en el año 2009, del contrato de los servicios de restauración de la Asamblea de Madrid
al Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal CEIM Arturo
Fernández. Así se desprende de un auto del 6 de abril, en el que
mantiene la imputación de Tatiana Recoder, jefa de los servicios jurídicos de la Cámara autonómica, que también participó en aquel concurso, publica hoy El País.
El juez y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que tras la
adjudicación a Cantoblanco de aquel contrato se esconde una maniobra
para financiar ilegalmente al PP madrileño. Cifuentes participó en aquel
concurso para la explotación del comedor y la cafetería de la Asamblea
cuando era vicepresidenta de la Cámara. La Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil investiga si el contrato fue amañado a cambio
de una comisión que el empresario hizo llegar a la supuesta caja b del
PP de Madrid camuflada como donación de 160.000 euros a Fundescam, la
fundación ligada al partido entonces liderado por Esperanza Aguirre y en
cuyo patronato figuraba la presidenta.
Recoder y Cifuentes formaban —junto con María Merino, jefa de
protocolo del Gabinete de la Presidencia regional, y el funcionario
Isaac Arturo Zubiri— el comité de expertos que realizó la licitación.
Recoder, letrada de la Asamblea, elaboró el informe jurídico de
aprobación de los pliegos de condiciones administrativas particulares
del contrato público y asumió como tal que este documento se ajustaba a
la legalidad. Según la investigación, Cifuentes intervino en las
supuestas “valoraciones arbitrarias” de la mesa de contratación de la
Asamblea de Madrid que desembocaron en la adjudicación, en 2009, de la
gestión de los servicios de comedor de la Cámara al Grupo Cantoblanco.
En su declaración ante el juez, en noviembre, Recoder negó cualquier
irregularidad en la adjudicación del contrato y en la actuación de
Cifuentes. El pasado 31 de enero, presentó un escrito en el que
solicitaba su sobreseimiento en la causa. El auto del juez
García-Castellón conocido ayer rechaza esta pretensión y recalca que
Recoder “no apreció, sin que pueda determinarse aún si por ignorancia o
con intencionalidad, la incompatibilidad de ser miembro de la mesa de
contratación y del comité de expertos de doña Cristina Cifuentes
Cuencas”.
Dos informes de UCO
La investigación sobre esta adjudicación se inició a principios de
2017, y Cifuentes no ha sido imputada por ello. Dos informes de la UCO
fechados en marzo del año pasado apuntaban que la hoy presidenta
madrileña —en un volcán político por la falsedad del máster que le
otorgó la Universidad Rey Juan Carlos— pudo haber cometido delitos de
prevaricación y cohecho por esta adjudicación. En su segundo informe, la
UCO destacaba que Recoder y los otros dos asesores cayeron en
“significativas y evidentes contradicciones” cuando fueron interrogados,
lo que consideraba un indicio de las irregularidades. También recalcaba
que Cifuentes, en cuyo despacho se celebró la reunión, estaba al tanto
de todo ello.
Cuando ambos documentos policiales salieron a la luz dos meses
después, la política negó cualquier irregularidad y compareció en el
Parlamento regional para dar explicaciones. Desde su entorno se cargó
entonces con dureza contra la Guardia Civil. El silencio del juez
instructor, Eloy Velasco, que estaba a punto de abandonar su puesto, y
de la Fiscalía Anticorrupción, comandada en aquel momento por Manuel
Moix, parecieron paralizar esta línea de investigación.
Tras la llegada de García Castellón al juzgado y el nombramiento del
fiscal Alejandro Luzón como nuevo responsable de Anticorrupción, las
pesquisas se reactivaron. Fuentes cercanas a la investigación siempre
las han considerado clave para probar la supuesta participación de
Arturo Fernández en la financiación irregular del PP, así como el papel
jugado por Fundescam.
No hay comentarios:
Publicar un comentario