Un vocal del CGPJ dice que modular la Ley de manifestación, "propio de regímenes autoritarios"

MADRID.- El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Manuel Gómez Benítez ha asegurado este miércoles que la propuesta de la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de modular la Ley de manifestación es "propio de regímenes autoritarios y dictatoriales".

   En declaraciones a la Cadena Ser, Gómez Benítez ha señalado que es "bastante posible" que Cifuentes se haya situado "fuera del marco constitucional".

   "Lo que le molesta al parecer a Cifuentes es el número, la constancia y la permanencia de las manifestaciones, pero eso se produce porque cada vez hay más ciudadanos que no confían en que las personas a las que han elegido o que se encuentran en la oposición defiendan sus intereses y en consecuencia buscan una vía directa de manifestar su crítica", ha subrayado.

   Desde su punto de vista, el poder manifestarse es "un contrapeso fundamental en cualquier democracia frente a los excesos o arbitrariedades del poder". El vocal entiende que lo que se pretende con esta propuesta es "limitar ese ejercicio de derecho de los ciudadanos", por lo que considera que la reacción de la delegada del Gobierno en Madrid es "típica de regímenes autoritarios y dictatoriales, no de un estado democrático".

   Gómez Benítez ha recordado que la Ley prevé que hay formas de modular los itinerarios de las marchas "cuando puedan existir intereses públicos contrapuestos o peligros para las instituciones, los bienes y las personas".

   "Pero más allá de lo que dice la Ley, que es bastante razonable, el derecho de manifestación se debe de producir allí donde es visible. No es razonable excluir el centro de la ciudad de las manifestaciones. Lo que hay que preocuparse es de las causas por las que hay tantas manifestaciones", ha zanjado.

   En otro orden de cosas, el vocal se ha referido a la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sobre los antecedentes de la convocatoria de manifestación del 25S frente al Congreso y ha precisado que estos trámites son normales si el magistrado intuye que puede estar en "vías de delito".

   Finalmente, ha apuntado que en este caso se está haciendo "una investigación normal que se le exige a un juez de instrucción cuando existe apariencia de que se ha podido producir un hecho delictivo".

Los sindicatos policiales afirman que el derecho a manifestarse está perfectamente regulado

MADRID.- Los sindicatos policiales han pedido hoy contención a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y han defendido el derecho constitucional de manifestación, que está perfectamente regulado en la ley y, por tanto, no se tiene que modular ni recortar.

Así lo han manifestado los responsables de los sindicatos policiales en referencia a las palabras de Cifuentes, quien ayer consideró necesario "modular" el derecho de manifestación.

No obstante, la delegada ha aclarado hoy que con su propuesta de "abrir un debate" para "modificar" la ley orgánica que regula el derecho de manifestación no ha planteado "una restricción del derecho de reunión o de manifestación".

Tras esas declaraciones, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, ha valorado que Cifuentes haya matizado su propuesta, pero le ha recordado que el de manifestación es un derecho "fundamental" que "no se tiene que modular ni recortar, sino respetarse y protegerse".

En cualquier caso, Benito cree que abrir un debate como pide la delegada está bien, porque hablar siempre es "positivo y enriquecedor", pero advierte de que una discusión sobre este asunto no debe llegar a la conclusión de limitar el derecho.

Desde la Confederación Española de Policía (CEP), su secretario general, Ignacio López, tampoco ve necesario regular un derecho que está consagrado en la Constitución y que la ley "modula estupendamente bien".

Son los tribunales los que tienen la capacidad de marcar los límites a las normas, ha dicho López, quien entiende que este momento de conflictividad social no es el más adecuado para plantear recortes a ese derecho constitucional, porque, además, a muchas personas lo único que les queda es el derecho a protestar.

Ha criticado la falta de sensibilidad política de la delegada del Gobierno, a quien, sin embargo, ha agradecido que haya dado "marcha atrás" y a la que ha aconsejado que "no siga por esa vía, y haga un ejercicio de contención porque "bastante tiene con lo que tiene".

Por su parte, el portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Serafín Giraldo, también ha recordado que manifestarse es un derecho fundamental y se desarrolla por Ley Orgánica, con lo que la posibilidad de cambiarla "es bastante difícil a nivel legislativo".

Además, el representante de la UFP considera que los problemas de movilidad que genera el derecho de manifestación "tienen que solventarse de alguna otra forma que no sea la restricción de derechos fundamentales".

Giraldo no ve mal que se abra un debate, pero siempre teniendo en cuenta que es un derecho recogido en la Constitución que no debe limitarse y ha pedido a la delegada del Gobierno que explique, o al menos aclare, cuáles son las líneas generales de esa discusión.

Interior asegura que no se plantea modificar la ley sobre manifestaciones

MADRID.- El Ministerio del Interior no se plantea modificar la ley que regula el derecho de manifestación, según han asegurado hoy fuentes de este Departamento.

La posibilidad de modificar esa normativa ha sido planteada por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, quien ha aclarado posteriormente que con su propuesta de abrir un debate sobre la modificación de esa ley no propone una restricción del derecho de reunión o de manifestación

Las fuentes del departamento que encabeza Jorge Fernández han asegurado que este Ministerio no tiene sobre la mesa un cambio de esa ley ni que se lo ha planteado, y ha rechazado hacer más comentarios sobre la propuesta de Cifuentes.

Las fuentes citadas se han limitado a señalar que la reforma del Código Penal ya prevé endurecer las sanciones contra los que muestren actitudes violentas en las manifestaciones, pero que en ningún momento se prevé algo sobre la convocatoria de las mismas.

Ante ese debate, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha considerado que hay "caminos a explorar" para intentar frenar el "abuso" en el derecho de manifestación, que es lo que, a su juicio, ha propuesto la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.

El despilfarro continúa: 200 millones de euros para autopistas que no van a ninguna parte / Asier Martiarena

No hay dinero para becas, ni para ayudas en material y comedor escolar... pero sí que hay 200 millones de euros para rescatar negocios ruinosos como las autopistas y autovías del Estado. Así se desglosa en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 donde el Ministerio de Fomento dispondrá de esa cifra para otorgar préstamos a las concesionarias de autopistas que actualmente están en quiebra o en riesgo de quebrar.

 

En la actualidad, de la decena de las sociedades concesionarias de autopistas que afrontan desde hace tiempo el riesgo de quiebra, cuatro ya se han acogido a procesos concursales. La Madrid-Toledo y la R-4 Madrid-Ocaña han solicitado el concurso, y la Cartagena-Vera y las radiales de Madrid R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, el pre concurso.

Estas cuatro sociedades, que suman un pasivo de 2.171 millones de euros, realizaron una inversión en la construcción y puesta en marcha de las vías de 3.338 millones de euros. En todos los casos, se trata de autopistas que entraron en servicio en los últimos años.

¿Por qué fracasan las nuevas construcciones y funcionan las antiguas? La respuesta no entraña demasiada dificultad. En los últimos tiempos se han construido carreteras de pago innecesarias. En algunos casos simplemente son trazados paralelos a vías ya existentes y gratuitas como las radiales de Madrid.

Y en otros casos se han elegido trazados que únicamente beneficiaron a los expropiados -rumores sobre favoritismos con amigos y familiares de altos cargos no faltan-.

Pero lo sorprendente es que se ha llegado a construir carreteras que no van a ninguna parte como la autovía A-14. Una autovía fantasma que lleva abierta más de cuatro meses y que no es utilizada por nadie salvo por los curiosos por recorrer los 7 kilómetros de trazado desierto.

La carretera une Alguaire y Almenar (entre ambas apenas 6.000 habitantes) pero ni siquiera sus vecinos la usan porque hay que dar un rodeo enorme para tomarla. La crisis hizo el resto paralizando la construcción de nuevos trazados. De ahí que los 37 millones de euros invertidos hayan servido para hacer una autovía en medio de la nada. Ni va a Lleida -supuesto inicio del recorrido-, ni llega al Valle de Arán -supuesto final-.

El fiscal general Torres-Dulce aboga por regular administrativamente el derecho de manifestación

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado que los poderes públicos si lo consideran "necesario" pueden regular aunque sólo "administrativamente" el derecho de manifestación porque la restricción "excesiva" de los derechos fundamentales puede complicar la convivencia democrática.

  Torres-Dulce ha defendido que no se puede "otorgar carta de naturaleza a la explotación de un legítimo malestar social como un medio para deslegitimar en bloque" la forma de Estado, las Cámaras legislativas o a los propios parlamentarios, con un "frecuente gravísimo quebranto de la convivencia democrática".

   El máximo representante del Ministerio Público ha destacado que su departamento confiere una especial sensibilidad a la protección del derecho de manifestación y al derecho de libertad expresión.

   Sin embargo, ha advertido de las "imposibles consecuencias" de utilizar del descontento social como forma de "deslegitimación en bloque de la forma de Estado, las Cámaras o sus titulares.".

   Según ha recalcado, el Ministerio Público es garante de la estructura constitucional pero también de los derechos individuales, entre los que se encuentra el de la libertad de expresión. "He hablado de la necesidad de proteger el derecho a la libertad de expresión incluso para las ideas que odiamos o nos odian", ha añadido.

   Es decir, a su juicio, el "exceso" del ejercicio de los derechos constitucionales no puede contribuir al "desarme de nuestro Estado institucional y del Estado de Derecho". "El equilibrio del orden jurídico se basa en el principio de proporcionalidad", ha añadido.

   Torres-Dulce ha puesto así de relieve la necesidad de permitir las manifestaciones y reuniones pero de "reprimir a todos aquellos que utilizan esos derechos de libertad de expresión o reunión para ir más allá y socavar los cimientos del Estado de Derecho". Ha utilizado una anécdota cinematográfica para ilustrar su idea de que el orden es demasiado, pero "no demasiado orden".

   Al ser preguntado sobre la propuesta de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de limitar el derecho de manifestación, Torres-Dulce ha respondido que "si es necesario" habría que regularlo administrativamente puesto que ya se recoge en el Código Penal y en la Constitución. "Deben ser respetados y observados por todos los españoles. Quien no guarde los límites está sujeto a la implacable presencia de la constitucionalidad", ha añadido.

   En este contexto, ha dicho comprender que los ciudadanos de Madrid puedan verse afectados las continuas manifestaciones. Eso sí, ha indicado que "restringir excesivamente" complica la convivencia democrática.

   Respecto a la actuación policial en las marchas del 25-S y las concentraciones posteriores, el fiscal general del Estado ha defendido la labor de la Policía, que está sujeta a la legalidad y que a veces trabaja en condiciones "difíciles", aunque ha recordado que los ciudadanos pueden denunciar cualquier exceso de los límites de la legalidad que se haya cometido ante los tribunales.

   En cuanto a la posición de la Fiscalía, Torres-Dulce ha recordado las diligencias abiertas en torno a los organizadores de la manifestación del 25-S por presuntos delitos contra las altas instituciones del Estado y, respecto a los participantes, ha afirmando que "no todo el mundo pudiera haber incurrido" en este tipo de delito puesto que los atestados policiales hablan de actitudes de desobediencia, atentado a la autoridad o resistencia.

   "Hay ciudadanos que evidenciaron que iban más allá y pretendían intentar llegar al Congreso de los Diputados y esas conductas hay que depurar para decidir si esos ciudadanos pudieran estar incursos en delitos contra las altas instituciones del Estado", ha dicho, por lo que serían investigados por la Audiencia Nacional.

El Gobierno traslada a las CCAA que su problema es financiarse y no aliviar el déficit

MADRID.- El Gobierno ha respondido a las CCAA que han reclamado un reparto diferente de la carga del déficit entre el Estado y las regiones, que el problema no es poder tener más o menos déficit, sino de que no se pueden financiar en los mercados, según informaron fuentes del Ejecutivo.

   Todas las CCAA han mostrado durante la reunión de hoy de la Conferencia de Presidentes, que se está celebrando desde esta mañana en el Senado presidida por Mariano Rajoy, su compromiso con el cumplimiento de los objetivos de déficit público.

   Sin embargo, varias de ellas, sobre todo las presididas por dirigentes socialistas y Cataluña, han pedido que se redistribuya la carga del déficit y que el Gobierno reparta el 'oxígeno' que le da Bruselas al ampliarle el cumplimiento de los objetivos.

   Pero la respuesta del Gobierno a este planteamiento ha sido negativa, ya que, según las fuentes consultadas, el problema no está tanto en que las regiones puedan tener un déficit mayor o menor, sino que está en que no se pueden financiar en el mercado.

   Fuentes de Moncloa han reconocido que es "legítimo" que cada autonomía quiera "mejorar" su posición a la hora de repartir la carga del déficit pero subrayan, además, que "no toca" llevar este tema a la Conferencia de Presidentes sino al Consejo de Política Fiscal y Financiera. En cualquier caso, creen que no es factible abrir esa discusión en plena senda de consolidación fiscal.

Se revisarán los criterios de reparto del déficit

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que la Conferencia de Presidentes ha acordado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) establezca un procedimiento de cara al 2013 para determinar los criterios de reparto de los objetivos de déficit público a partir del año 2014.

   Rajoy ha hecho este anuncio en una multitudinaria rueda de prensa en el Senado al término de la reunión de la V Conferencia de Presidentes, que ha concluido con un acuerdo unánime de todos los presidentes en torno a una declaración sobre la situación económica de España y el futuro de la Unión Europea.

   Los criterios de reparto sobre el cumplimiento del déficit ha sido uno de los caballos de batalla de algunas comunidades en esta cita autonómica, en especial de las gobernadas por los socialistas, además de Cataluña y Canarias, según fuentes del Gobierno. De hecho, la Junta de Andalucía anunció públicamente que presentaría una propuesta formal con esa petición para redistribuir mejor el esfuerzo.

   Ese documento arranca con el compromiso de la Administración central y autonómica de "superar los desequilibrios" y "recuperar la senda del crecimiento", haciendo hincapié en el argumento de que las comunidades autónomas "no son el problema sino parte de la solución". En este punto, expresan su "compromiso" con la consolidación fiscal, "imprescindible para recuperar la confianza" en la economía española.

  "Esto es muy importante porque ayuda a la confianza en nuestro país", ha enfatizado Rajoy, tras recordar que es "bueno" lanzar este mensaje porque España es un país "fuertemente descentralizado". A su entender, reducir el déficit "nunca es malo" sino que lo que es malo es "gastar lo que no se tiene".

   El presidente del Gobierno se ha mostrado convencido de que todas las administraciones "van a hacer cuánto esté en sus manos para cumplir los objetivos de déficit". Ha subrayado que eso es un "buen mensaje de cara a los mercados" y ha recordado que, aunque ahora España tiene un "déficit público muy elevado", llegó a tener superávit "no hace muchos años".

   En ese marco de corresponsabilidad y cooperación, las comunidades se han comprometido cumplir los objetivos de reducción del déficit estructural y han acordado que "el Consejo de Política Fiscal y Financiera establezca un procedimiento de cara al próximo año para determinar los criterios de reparto entre las administraciones públicas de los objetivos de déficit derivados de la senda de consolidación fiscal fijada en el seno de la UE", analizando los conceptos de gastos y servicios sostenidos por cada una de ellas, según reza en el documento suscrito en esta reunión.

   Rajoy ha querido dejar claro que en 2013 no se va a aplicar un nuevo reparto del déficit porque "no es bueno de cara a los mercados". 

"Por eso no se va a producir en 2013 sino que se trata de plantearlo en 2014 a la vista de la evolución de la Administración General del Estado y de las propias comunidades autónomas", ha explicado.

   Tras insistir en que el "objetivo capital" es que España cumpla con sus compromisos con la Unión Europea, ha señalado que "no tiene inconveniente" en que se produzca un debate sobre el reparto de la carga en 2014. "Ahora no tendría sentido y, desde luego, tanto la Administración central del Estado como las comunidades y la Seguridad Social tienen que hacer un esfuerzo conjunto para superar esta situación", ha añadido.

   El presidente de Gobierno ha destacado la "importancia" de la Conferencia de Presidentes porque, según ha dicho, se ha ocupado de los temas que "preocupan" a los ciudadanos con el fin de "afrontar la crisis y resolver los problemas de los españoles".

   Además ha expresado su satisfacción por el documento que han apoyado todos los asistentes aunque se trate de "puntos de encuentro que son generales".

 "A mi me reconforta y creo que nos debe reconfortar a todos", ha exclamado, tras recordar que había personas de partidos políticos diferentes.

  "Creo que hoy España da un buen mensaje, hay acuerdo y puntos de encuentro en temas muy importantes. Todos hablamos de la necesidad de hacer reformas, de la consolidación fiscal, del déficit público. Le doy mucho valor y por eso agradezco el esfuerzo de todos", ha destacado.

   Aparte de expresar su compromiso con el déficit y establecer un nuevo sistema para determinar los sistemas de reparto, el documento apoyado por todos los presidentes abre la puerta a revisar la financiación autonómica. Así, señala que corresponde al Comité Técnico Permanente de Evaluación analizar el efecto de la aplicación del sistema de financiación e informar sobre los resultados de ese análisis al Consejo de Política Fiscal y Financiera que, "tomará, en su caso, la decisión oportuna".

   Asimismo, el texto señala que es imprescindible seguir avanzando en la puesta en marcha de medidas a fin de favorecer el crecimiento y la creación de empleo. También apoya las reformas estructurales en Europa, en el marco del 'Pacto por el Crecimiento y el Empleo' recogido en las Conclusiones del Consejo Europeo de 28 y 29 de junio.

   Igualmente, sostiene que la actual tensión financiera y las dudas sobre la viabilidad de la moneda única, hacen necesaria la disponibilidad de instrumentos - como el Banco Central Europeo- que "garanticen el acceso a una financiación adecuada", no solo a las Administraciones Públicas, sino también al sector privado, con especial consideración a las pequeñas y medianas empresas.

    Finalmente, se constata que la actual crisis económica ha puesto de relieve las deficiencias de la arquitectura institucional de la zona euro. Por ello, respalda la iniciativa del Consejo Europeo del pasado mes de junio de "avanzar sin reservas en la integración europea".

 "El presidente del Gobierno y los presidentes de las comunidades comparten sin reservas el objetivo común de contribuir al avance de Europa y la estabilidad del euro, como fundamento y marco para la recuperación económica y la prosperidad futura de nuestro país", finaliza el documento.

SUP replica a Cifuentes que "no es necesario" modular la ley de manifestación y CEP dice que es "un derecho sagrado"

MADRID.- Los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, han replicado este martes a la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que "no es necesario" modular la ley que regula el derecho de manifestación al tiempo que le han recordado que se trata de un "derecho sagrado".   

   Cifuentes, ha afirmado este martes que la Ley es "muy permisiva y amplía" con el derecho de reunión y manifestación y ha apostado por "modularla" para "racionalizar el uso del espacio público". Ha afirmado que Madrid es "una ciudad complicada porque las manifestaciones son permanentes y su cifra desmesurada".

   "No hay que modificar nada, lo que habría es que aplicar la ley que tenemos de reunión y manifestación y cuando no cumpla con los requisitos no autorizarla", ha dicho el secretario de comunicación del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José María Benito, para quien "no es necesario un cambio normativo de un derecho fundamental".

   Se ha mostrado de acuerdo con Cifuentes en que Madrid es el "manifestódromo" y el "espejo nacional donde todo el mundo quiere manifestarse", pero insiste en que eso no es suficiente para pretender modificar la Ley de reunión y manifestación".

   "No estamos en absoluto de acuerdo. El derecho de reunión y manifestación debe ser un derecho sagrado en un país democrático", ha enfatizado el secretario general de la Confederación Española de la Policía (CEP), Ignacio López, quien ha cuestionado a Cifuentes preguntándose si pretende modular la ley sólo en Madrid, dejando el resto de ciudades con un espacio jurídico diferente.

   Según ha dicho, esta "es una época de conflictividad donde una parte de la ciudadanía está en una situación complicada".  

"No se debe restringir ningún derecho y menos el de reunión y manifestación", ha concluido.

Para jueces para la Democracia: "Cristina Cifuentes se sitúa fuera de la Constitución"

MADRID.- El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha respondido a la propuesta lanzada por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Para Bosch, "la delegada se sitúa fuera de la Constitución". "Como ella misma debería saber, la única manera de recortar ese derecho es recortar la Constitución."

Según ha explicado a eldiario.es el portavoz de esta asociación de jueces, Cifuentes "pretende limitar la discrepancia". 

 "A la delegada le molestan las protestas ciudadanas", afirma Bosch. "El derecho a manifestación está muy vinculado a la libertad de expresión, que es fundamental en una democracia". Ante quienes comparan ese derecho con las urnas, el portavoz de Jueces para la Democracia argumenta que "hay que recordar que muchas de las medidas que provocan estas protestas no estaban en el programa electoral".

Para Bosch, Cristina Cifuentes "debería preocuparse más por evitar excesos policiales como los que hemos visto estos días, que esa sí es su labor", unas "actuaciones policiales desproporcionadas que han generado un problema mayor".

El portavoz de Jueces para la Democracia también ha criticado que la delegada "no haya sido aún capaz de dar una explicación sobre por qué los antidisturbios no iban debidamente identificados, como es su obligación".

 "Lo mínimo que se le puede pedir a una delegada del Gobierno es que haga cumplir la ley", dice Bosch.

Las trabajadoras de limpieza de la Universidad Complutense se movilizan contra los impagos

MADRID.- CC.OO. de Madrid ha iniciado una campaña de movilizaciones para denunciar los continuos retrasos que vienen sufriendo las trabajadoras del servicio de limpieza de la Universidad Complutense de Madrid, cuyas empresas concesionarias son Soldene y Clece, ha informado el sindicato en un comunicado.

   Según CC.OO., lo continuos retrasos se han convertido en el impago de la nómina del pasado mes de septiembre. Por ello, las trabajadoras se concentrarán cada día a partir de mañana miércoles, 3 de octubre, frente al Rectorado de la UCM al finalizar su jornada laboral, y además han empezado los trámites administrativos para convocar una huelga indefinida

   Las trabajadoras de la empresa Soldene han realizado en el día de hoy una multitudinaria asamblea en la Facultad de Filosofía para luego marchar andando hacia el Rectorado donde esperaban las compañeras de Clece.

   Según ha señalado el sindicato, las empresas concesionarias justifican estos impagos con la deuda contraída con ellas por el Rectorado, lo que les ha llevado a dejar de abonar las nóminas desde el mes de septiembre.

Un 22% de españoles convive con niveles ilegales de aire contaminado

MADRID.- El 94 por ciento de la población española (44,3 millones de personas) respira habitualmente un aire contaminado por encima de los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud, aunque son el 22 por ciento quienes conviven con niveles por encima de los límites que marca la legislación, es decir, 10,4 millones de personas en España.

   Así se desprende del informe anual sobre la calidad del aire en España elaborado por Ecologistas en Acción con las mediciones oficiales de 2011. Según explica, la situación, a pesar de su gravedad, se mantiene en unos niveles estables en los últimos años, lo que la organización atribuye especialmente al efecto de la crisis ya que según afirma, no se han tomado medidas orientadas a la mejora de la calidad del aire.

   En este sentido, indica que al igual que en los años siguientes a 2007, en 2011 se registró una "pequeña reducción" de los niveles de contaminación, algo que para Ecologistas en Acción tiene que ver con "razones coyunturales" como la reducción de la movilidad originada por la crisis que refleja el descenso en el consumo de combustibles, la disminución de la actividad industrial y la evolución del parque automovilístico hacia vehículos más pequeños y eficientes.

   El informe recuerda que, aún así, la principal fuente de contaminación en áreas urbanas --donde vive la mayor parte de la población-- es el tráfico rodado y concreta que los contaminantes que más problemas de salud originaron el año pasado fueron las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), el ozono troposférico (O3), el dióxido de azufre (SO2) y el dióxido de nitrógeno (NO2).

   "La contaminación del aire es un asunto muy grave: estudios de la Comisión Europea cifran en 19.940 fallecimientos prematuros al año en España por esta causa. A pesar de ello, las Administraciones no están tomando las medidas necesarias para solucionarlo", denuncia la organización, para incidir en que la superación de los límites legales se repiten de forma sistemática en los últimos años.

   Además, recuerda que España está a punto de ser llevada ante el Tribunal de Justicia Europeo por el procedimiento de infracción abierto en 2009 desde la Comisión Europea por el incumplimiento de la normativa sobre calidad del aire, denuncia que la información al ciudadano no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema y afirma que los Planes de Mejora de la Calidad del Aire y los Planes de Acción para reducir esta contaminación, obligatorios, en muchos casos no existen y en otros apenas si tienen efectividad por falta de voluntad política de acometer medidas estructurales.

El desempleo aumenta en la región madrileña un 1,74% en septiembre

MADRID.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) de la Comunidad de Madrid creció en 9.196 personas en el mes de septiembre, un 1,74 por ciento más que el mes anterior, lo que sitúa el número de desempleados madrileños en 536.457 personas.

   En comparación con el mismo mes del año anterior, el paro en la región ha subido en 51.251 personas, lo que supone un 10,56 por ciento más, según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

   A nivel nacional, el número de parados registrados subió en 79.645 desempleados en septiembre, un 1,72 por ciento respecto a agosto, lo que situó la cifra total de parados otra vez por encima de los 4,7 millones después de tres meses por debajo de esta barrera. En concreto, el desempleo alcanzó al cierre de septiembre la cifra de 4.705.279 personas.

   La subida del desempleo en septiembre, mes en el suele aumentar el paro por el fin de la campaña de verano, es la segunda consecutiva tras la de agosto y el cuarto peor registro en este mes dentro de la serie histórica, iniciada en 1996, tras los de septiembre de 2008 (+95.367 desempleados), septiembre de 2009 (+80.367) y septiembre de 2011 (+95.817 parados).

Crece la afiliación a la SS

La Seguridad Social ganó una media de 12.883 afiliados en septiembre, un 0,48 por ciento más que el mes anterior, con lo que el total de ocupados en la Comunidad de Madrid se situó en 2.718.725 cotizantes, según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

   Si se comparan estos datos con los registrados en el mismo periodo de tiempo del año anterior, se observa que el sistema ha perdido 57.795 cotizantes, lo que supone una caída del 2,08 por ciento.

   Del total de afiliados, 2.364.609 pertenecían al régimen General, 349.792 al de autónomos, 94.721 eran empleados del hogar, 3.465 cotizaban en el régimen Agrario, 3.701 en el Marítimo y 9 en la Minería y el Carbón.

   A nivel nacional, la Seguridad Social registró en septiembre un descenso medio de 86.174 afiliados respecto a agosto, con lo que se situó en un total de 16.809.803 ocupados al finalizar el mes. Con el descenso de septiembre, el sistema encadena dos meses consecutivos de pérdida de afiliados.

   En términos interanuales, la Seguridad Social redujo en septiembre su número de cotizantes en 625.759 personas (-3,59 por ciento), aproximadamente la mitad de la caída de septiembre de 2009, cuando se perdieron 1.085.265 trabajadores en tasa interanual (-5,71 por ciento), según ha resaltado el Ministerio.

Cifuentes:"En las redes sociales se dice muchas cosas sin contrastar, como las que leo sobre la actuación policial"

MADRID.- La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este martes que es partidaria de las redes sociales, porque son "un espacio de debate para los ciudadanos", pero ha precisado que en ellas "a veces se dicen cosas que no se contrastan, como las que se encuentran estos días sobre la actuación policial" en torno a las convocatorias del 25-S. 

   En una entrevista en RNE, Cifuentes ha asegurado que en las redes sociales "se dicen muchas cosas, algunas con razón y otras muchas sin ninguna".

   La delegada ha calificado de "correcta" la actuación policial de estos días, "que además ha conseguido con carácter general lo que pretendía, en unas circunstancias muy difíciles, que es mantener el orden público, garantizar la seguridad de los ciudadanos y preservar el Estado de Derecho".

   "Ha habido personas que han tratado, como ellos mismos han publicitado, de llamar a ocupar el Congreso literalmente, no rodearlo, ocuparlo. Y creo que la obligación de la Policía es preservar la democracia y el Estado Derecho. Lo que no puede ser es que un muy reducido grupo de personas quieran imponer su criterio por la fuerza frente a los 24 millones de personas que votaron hace menos de un año", ha añadido.

   La delegada ha defendido poder explicar lo que pasó el 25 de septiembre porque "en algunos foros las cosas que se decían no obedecen a la realidad".

 "A mí me asustó mucho cuando vi en algún medio digital que la Policía había dejado paralítico a un manifestante y cuando luego veo la realidad es que era una persona --que en estos momentos ha recuperado completamente la movilidad-- que había tenido cuadros previos de tetraplejia, que había tenido un accidente de tráfico y de caída de escaleras y presentaba un patología médica de estenosis del conducto del canal medular", ha apuntado.

   "Las informaciones de Internet hay que explicarlas al ciudadano. Por eso creo que es importante salir a los medios. Salir en los medios tiene una parte de desgaste y yo sé que estoy en el punto de mira de muchas personas, pero como no me importa porque no tengo ambición política", ha apostillado.

   La delegada del Gobierno en Madrid ha señalado, por ejemplo, que tras la manifestación del 25-S se recogieron 300 kilos de piedras y en la del sábado por la noche se decomisaron "latas rellenas de cera con mechas, con todo tipo de artefactos".

 "Ahí la labor de la Policía fue impecable", ha añadido.

   Igualmente, según ha explicado, en estas manifestaciones había grupos, de personas, algunos llegados de fuera de Madrid, "muy radicales, antisistemas que vinieron a provocar incidentes".

   "En algunos casos están identificados a través de los servicios de información de la Policía. Controlados es más complicado porque no se puede controlar preventivamente. Puedes saber que hay un grupo de personas que tienen intenciones dudosas. De hecho, había foros en los que llamaban a cometer todo tipo de delitos contra la propia Policía, que si los ciudadanos los conocieran se asustarían", ha señalado.

   Cristina Cifuentes también ha reconocido que recibe amenazas de muerte y de agresiones de todo tipo desde hace meses, "la mayoría provienen de personas que aprovechan el anonimato que les da Internet para ello".

 "No me asustan y ninguna amenaza va a impedir que cumpla con mi obligación. Quienes quieran seguir a través de Internet amenazando e insultando que lo sigan haciendo, no le voy a dar tiempo a eso", ha concluido.

Las CCAA del PP insisten en la imagen de unidad en el cumplimiento del déficit

MADRID.- Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han insistido en que el fin último de la Conferencia de Presidentes que se está celebrando en el Senado es lanzar un "mensaje de unidad" dirigido a los ciudadanos y a la Unión Europea de cumplimiento de los compromisos de déficit y consideran que existen otros foros en los que plantear modificaciones sobre estos objetivos.

   En rueda de prensa en la Cámara Alta cuando la reunión había cumplido las cuatro horas de duración, los consejeros de Presidencia de Castilla-La Mancha y Galicia, Leandro Esteban y Alfonso Rueda, respectivamente, han asegurado que todas las comunidades del PP --incluidas las que protestaron por la inversión estatal en sus comunidades-- han expresado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su "compromiso firme, decidido e irrenunciable a cumplir los objetivos de déficit", así como la agenda de reformas emprendida por el Ejecutivo.

   En este sentido, han hecho un llamamiento al resto de autonomías para que se unan para lanzar "unidos" este mensaje de cara a la sociedad española y las instituciones europeas. "La unidad es fundamental, básica. Si no la hay, nuestra imagen en el exterior también sufrirá y no servirá para resolver problemas", ha advertido Esteban.

   Rueda ha añadido que "lo que los ciudadanos esperan" de las administraciones públicas es que sean "responsables" y demuestren que están "unidas" para hacer frente al objetivo común que es la salida de la crisis, por lo que ha dicho que espera que el resultado de la Conferencia de Presidentes sea ese mensaje de unidad.

   A la pregunta de si esta advertencia va dirigida a la Generalitat de Cataluña en concreto, el consejero gallego ha respondido que no es "bueno identificar hacia quién va dirigido esto", sino que "va hacia todos" los presentes en la reunión. "Todas las comunidades deberíamos, y las del PP lo vamos a hacer sin ninguna duda, estar convencidas de que este cumplimiento de los objetivos de déficit es fundamental y debemos hacerlo", ha subrayado.

   En cuanto a si algunas comunidades han solicitado en la reunión hacer alguna modificación en los objetivos de déficit, Esteban ha manifestado que "hay otros lugares" donde abordar "debates muy profundos" como este, como puede ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así, ha hecho hincapié en que hoy es "mucho más importante dar una imagen de unidad" a Europa y los ciudadanos españoles y "conseguir una igualdad sustancial, no sólo formal, sin perjuicio de que se puedan abordar otro tipo de debates en otros órganos".

   "Hablando en nombre de todas las comunidades autónomas del PP, ese compromiso es firme y al que todos nos tenemos que aplicar. Un compromiso expresado públicamente que tiene que quedar mucho más remarcado y mucho más firme" en esta Conferencia de Presidentes, han reiterado los consejeros castellano-manchego y gallego, cuyos presidentes serán los portavoces de las autonomías 'populares' cuando finalice la reunión.

El Banco de España obliga a la banca a detallar activos adjudicados del 'ladrillo'

MADRID.- El Banco de España obliga desde mañana a la banca a detallar la naturaleza de los activos del 'ladrillo' adjudicados a cambio de deudas que podrán segregar en sociedades de gestión independientes, conocidas como 'banco malo' en argot financiero, con una indicación del volumen y del valor en libros de éstos.

   Las entidades nacionalizadas por el Estado (Bankia, Novacaixagalicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia) están obligadas a traspasar sus activos inmobiliarios dañados al 'banco malo' creado por el Gobierno a falta de desarrollo normativo, pero para el resto de bancos se trata de una opción voluntaria, caso del Banco Popular.

   Asimismo, las entidades deberán avanzar en la transparencia sobre la calidad de sus créditos al revelar el importe de las operaciones refinanciadas y reestructuradas con detalle de su clasificación como riesgo en seguimiento especial, subéstandar o dudoso. Toda esta información deberá publicarse al menos una vez al año en las cuentas a 30 de junio.

   Así figura en la modificación de la circular contable para adaptarla al segundo decreto ley de saneamiento financiero aprobado por el Gobierno el pasado mes de mayo (Guindos II) que el Banco de España puso a consulta de las entidades hace más de tres meses, y que publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

   Las sociedades de gestión de activos (SGA) aglutinarán los activos adjudicados a cambio del pago de una deuda relacionada con el suelo o la construcción, incluidas las acciones o participaciones en sociedades inmobiliarias.

   La aportación se llevará a cabo por su valor razonable, y a falta de éste o cuando sea difícil obtenerlo, los activos se valorarán por su valor en libros, para lo que se tendrán en cuenta las provisiones que deban tener constituidas, dice el texto.

   En este punto, la norma aprobada este martes establece que la aportación a las sociedades no supondrá que se dejen de constituir las provisiones previstas en los últimos decretos de saneamiento de febrero y mayo.

   En cuanto a las refinanciaciones y reestructuraciones de deuda, la circular establece que "se deben reconocer inmediatamente las cantidades que se estimen irrecuperables", y que deben enfocarse a la recuperación de todos los importes debidos.

   Asimismo, especifica que este tipo de operaciones no interrumpen su morosidad, salvo que exista una "razonable certeza" de que el cliente pueda hacer frente a su pago en el calendario previsto o se aporten nuevas garantías. En ambos casos, incide, "se percibirán al menos los intereses ordinarios pendientes de cobro, sin tener en cuenta los intereses de demora".

   El Banco de España resalta que la utilización de la refinanciación o de la reestructuración con otros objetivos, "como pueda ser el retrasar el reconocimiento inmediato de las pérdidas, es contraria a las buenas prácticas de gestión".

   Las entidades financieras deben incluir un breve resumen de su política de refinanciación y reestructuración de operaciones, indicando cuáles son las medidas que utiliza para los distintos créditos y los criterios para valorar la sostenibilidad de éstas.

   También han de desgranar la información sobre su concentración de riesgos en función de su área geográfica de actuación y de su finalidad, ya sea construcción y promoción inmobiliaria, empresarios individuales y hogares, entre otras.

Cifuentes pide "modular" el derecho de manifestación

MADRID.- La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este martes que la Ley es "muy permisiva y amplía" con el derecho de reunión y manifestación y ha apostado por "modularla" para "racionalizar el uso del espacio público".

   En una entrevista en RNE, Cifuentes ha afirmado que Madrid es "una ciudad complicada porque las manifestaciones son permanentes y su cifra desmesurada". Así, ha detallado que en lo que llevamos de año se han producido casi 2.200.

   "El tema de las movilizaciones es una cuestión puntual que viene dada por el momento político y propiciado porque hay grupos que tratan de conseguir en la calle lo que no han conseguido en las urnas", ha esgrimido.

   Aunque ha asegurado que el derecho de manifestación es constitucional "y no se necesita autorización previa", apuesta por compatibilizarlo con el derecho que tienen el resto de la población "de poder estar en una ciudad que sea habitable". 

 "Significa poder circular con tranquilidad, que no haya incidentes, disturbios, que no haya problemas de orden público. Es muy objetivo y trato de conseguirlo", ha agregado.

   En este sentido, Cifuentes defiende un cambio legislativo, aunque no tiene claro cómo se realizaría. "Lo que quiero es abrir un debate porque cualquier modificación tiene que ser adoptada por un amplio consenso. El derecho manifestación lo recoge la Constitución es su artículo 21 y no creo que haya que cambiar la Constitución. Este derecho tiene que seguir siempre en todo caso un derecho constitucional. Estamos en una sociedad democrático y los derechos de los ciudadanos no se pueden recortar", ha avanzado.

   Sin embargo, considera que el derecho de reunión hay que "modularlo" porque la Ley Orgánica que lo recoge, de 1983, "tiene muchos años".

 "Habría que modificarla, no para recortar derechos, pero sí para racionalizar el uso del espacio público. No puede ser que en un mismo día en Madrid haya diez manifestaciones en la misma zona. Los comerciantes y vecinos del Centro de Madrid están desesperados con toda la razón", ha dicho.

   La delegada del Gobierno en Madrid ha apuntado que la reforma debería dar a la Administración "cierto margen para modificar las horas, cambiar determinados lugares para compatibilizar el derecho de manifestación, que no hay que restringirlo en absoluto, sino para garantizar el derecho de los ciudadanos a no estar en una ciudad que es ocasiones es inhabitable".

   "La ley es muy permisiva y amplía con el derecho de manifestación y cuando la Delegación ha intentado en diversas ocasiones no prohibir sino modular este derecho cambiando itinerarios o de día una manifestación porque creíamos que podía suponer un peligro de orden público, sistemáticamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid siempre ha fallado en nuestra contra y nos ha condenado a costas", ha añadido.

   "Lo que dice la Ley es que sólo se puede prohibir o modificar una manifestación cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para bienes o personas, cosa que yo he apreciado que existían en algunas ocasiones y en todas ellas los tribunales nos han quitado la razón", ha proseguido.

   Cifuentes ha señalado que lo único que pueden hacer contra, por ejemplo, los cortes indiscriminados de tráfico que todos los viernes protagonizan "grupos de liberados sindicales que trabajan en los Ministerios que van cortando de manera indiscriminada las calles" es identificarles y sancionarles administrativamente.

   No obstante, ha indicado que la mayoría de las manifestaciones que ha habido en estos meses han sido pacíficas y la gran mayoría de sus participantes han ido pacíficamente a protestar. "Muchas de las actuaciones que hace la Policía Nacional son para proteger el derecho de la manifestación y no está para reprimir derechos", ha indicado.

   Por otro lado, la delegada ha señalado que los nueve meses en su cargo "han sido muy intensos" y le han parecido "nueve años".

 "He aprendido muchas cosas, la mayor parte buena, que tiene que ver con el excelente trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil", ha agregado.

   Igualmente, ha apuntado que en este tiempo no ha tenido presión de ninguno de sus superiores y le han dejado trabajar "con total libertad".

 "Lógicamente, en algunos momentos he tenido que consultar determinadas cosas. Quien crea que tiene siempre la razón está equivocado. Cuando hago las cosas de una manera y mis colaboradores me dicen que es mejor de otra, pues se corrige y no hay ningún problema", ha precisado.