MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo
Torres-Dulce, ha afirmado que los poderes públicos si lo consideran
"necesario" pueden regular aunque sólo "administrativamente" el derecho
de manifestación porque la restricción "excesiva" de los derechos
fundamentales puede complicar la convivencia democrática.
Torres-Dulce ha defendido que no se puede
"otorgar carta de naturaleza a la explotación de un legítimo malestar
social como un medio para deslegitimar en bloque" la forma de Estado,
las Cámaras legislativas o a los propios parlamentarios, con un
"frecuente gravísimo quebranto de la convivencia democrática".
El máximo representante del Ministerio Público ha destacado que su
departamento confiere una especial sensibilidad a la protección del
derecho de manifestación y al derecho de libertad expresión.
Sin embargo, ha advertido de las "imposibles consecuencias" de utilizar
del descontento social como forma de "deslegitimación en bloque de la
forma de Estado, las Cámaras o sus titulares.".
Según ha
recalcado, el Ministerio Público es garante de la estructura
constitucional pero también de los derechos individuales, entre los que
se encuentra el de la libertad de expresión. "He hablado de la necesidad
de proteger el derecho a la libertad de expresión incluso para las
ideas que odiamos o nos odian", ha añadido.
Es decir, a su
juicio, el "exceso" del ejercicio de los derechos constitucionales no
puede contribuir al "desarme de nuestro Estado institucional y del
Estado de Derecho". "El equilibrio del orden jurídico se basa en el
principio de proporcionalidad", ha añadido.
Torres-Dulce ha
puesto así de relieve la necesidad de permitir las manifestaciones y
reuniones pero de "reprimir a todos aquellos que utilizan esos derechos
de libertad de expresión o reunión para ir más allá y socavar los
cimientos del Estado de Derecho". Ha utilizado una anécdota
cinematográfica para ilustrar su idea de que el orden es demasiado, pero
"no demasiado orden".
Al ser preguntado sobre la propuesta de
la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de limitar el
derecho de manifestación, Torres-Dulce ha respondido que "si es
necesario" habría que regularlo administrativamente puesto que ya se
recoge en el Código Penal y en la Constitución. "Deben ser respetados y
observados por todos los españoles. Quien no guarde los límites está
sujeto a la implacable presencia de la constitucionalidad", ha añadido.
En este contexto, ha dicho comprender que los ciudadanos de Madrid
puedan verse afectados las continuas manifestaciones. Eso sí, ha
indicado que "restringir excesivamente" complica la convivencia
democrática.
Respecto a la actuación policial en las marchas
del 25-S y las concentraciones posteriores, el fiscal general del Estado
ha defendido la labor de la Policía, que está sujeta a la legalidad y
que a veces trabaja en condiciones "difíciles", aunque ha recordado que
los ciudadanos pueden denunciar cualquier exceso de los límites de la
legalidad que se haya cometido ante los tribunales.
En cuanto a la posición de la Fiscalía, Torres-Dulce ha recordado las
diligencias abiertas en torno a los organizadores de la manifestación
del 25-S por presuntos delitos contra las altas instituciones del Estado
y, respecto a los participantes, ha afirmando que "no todo el mundo
pudiera haber incurrido" en este tipo de delito puesto que los atestados
policiales hablan de actitudes de desobediencia, atentado a la
autoridad o resistencia.
"Hay ciudadanos que evidenciaron que
iban más allá y pretendían intentar llegar al Congreso de los Diputados y
esas conductas hay que depurar para decidir si esos ciudadanos pudieran
estar incursos en delitos contra las altas instituciones del Estado",
ha dicho, por lo que serían investigados por la Audiencia Nacional.
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