MADRID.- Más de 300 políticos españoles están imputados
en presuntos casos de corrupción que se despliegan por todo el
territorio y que afectan sobre todo a las comunidades del arco
mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza
seguidas de cerca por otras regiones como Cataluña o Galicia. Además,
están en marcha investigaciones sobre la gestión de distintas entidades
financieras como Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), de
cuyos consejos de administración formaban parte diversos políticos.
Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la
administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes
han sido miembros del Gobierno --como el exministro José Blanco,
relacionado con la 'Operación Campeón'--, como a dirigentes autonómicos y
numerosos alcaldes y responsables municipales.
Alguno de los casos más llamativos de corrupción descubiertos en
el seno de una comunidad autónoma son los abiertos en Baleares y que
suman casi un centenar de imputados entre cargos y ex altos cargos
públicos. La mayoría tuvieron lugar durante la última legislatura del
expresidente Jaume Matas, imputado por alrededor de una docena de casos
relacionados con la corrupción y la financiación irregular del PP balear
durante su mandato.
Entre las operaciones en marcha en las Islas Baleares destacan
casos como el que investiga las actividades presuntamente irregulares
cometidas a través del Instituto Noós, que presidía Iñaki Urdangarin, o
el caso Over Marketing, en el que está implicado el 'popular' Pere
Rotger, que recientemente dimitió de su cargo como presidente del
Parlamento autonómico aunque mantiene el escaño.
También en el ámbito autonómico son numerosos los casos abiertos
en la Comunidad Valenciana. De hecho, en las Cortes autonómicas hay
nueve diputados del PP con imputación formal por casos relacionados con
delitos de corrupción, mientras que Pedro Hernández renunció a su escaño
el pasado día 4 tras ser condenado a tres años de prisión por su
gestión al frente del ayuntamiento de Torrevieja.
Hace pocas semanas dimitió también en la Comunidad Valenciana José
Manuel Vela como conseller de Hacienda por la presunta filtración de un
documento que había pedido el juzgado. Diversos ex altos cargos de la
administración de Francisco Camps están implicados también en los
numerosos casos abiertos en la comunidad, entre los que destacan
investigaciones tan importantes como la operación Gürtel o el caso Noós.
Otro de los procesos con más repercusión pública durante los
últimos meses es el de los ERE fraudulentos de Andalucía, en el que hay
imputadas cerca de 70 personas entre ellas el exconsejero de Empleo de
la Junta Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá, los
exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social, un exparlamentario
socialista o el exdelegado provincial de Empleo.
Sin embargo, la mayoría de los casos de corrupción abiertos en
España se despliegan por sus más de 8.000 municipios, en los que hay
casi medio centenar de exalcaldes y una treintena de alcaldes en el
poder que están siendo investigados judicialmente. Algunos de estos
mandatarios envueltos en casos judiciales son alcaldes de ciudades tan
importantes como Murcia, Alicante, Lugo, Valladolid o Sabadell. A estos
se suman varias decenas de concejales también implicados en estos
escándalos locales.
La mayoría de los regidores municipales están imputados por
delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude o
tráfico de influencias, casi todos por causas relacionadas con el
urbanismo y la adjudicación de obras públicas. Es el caso de los casos
Pretoria o Mercurio, abiertos en Cataluña, que investigan presuntas
tramas de corrupción en Santa Coloma de Gramanet, Sant Andreu de
Llavaneres y Sabadell.
También en Galicia son numerosos los casos judiciales que afectan a
diversos municipios y que han llevado a la imputación a alrededor de
una docena de sus alcaldes; además de provocar la dimisión de otros
alcaldes como los de Santiago de Compostela, Gerardo Roa, que dejó el
cargo después de no haber declarado 291.000 euros en concepto de IVA de
la venta de unas viviendas de su promotora.
También concentran varios casos de corrupción los municipios de
Canarias, donde hasta una decena de regidores están imputados en
diferentes casos judiciales, además de varios que ya han dejado el
bastón de mando.
Mientras, en la Comunidad de Madrid el caso de mayor corrupción
abierto es Gürtel, que ha salpicado a cuatro alcaldes de la comunidad y
tres exdiputados autonómicos. También está imputado el exalcalde de
Getafe y ex alcalde de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), Pedro Castro.
Los escándalos de corrupción afectan además a numerosas
localidades como Camas (Sevilla), donde el exalcalde y dos concejales
han sido condenados a 14 meses de cárcel; Piélagos (Cantabria),
Plasencia (Cáceres), La Muela (Zaragoza), Cabrales (Asturias) o Águilas
(Murcia).
La mayoría de estas operaciones están relacionadas con delitos
urbanísticos, aunque hay casos curiosos como el del municipio gallego de
Melón, con sólo 1.400 habitantes y en el que la alcaldesa --que relevó
en el cargo a su marido inhabilitado-- ha sido imputada por
supuestamente participar en la manipulación de una hoja de control de
trabajos comunitarios a un vecino que no los cumplía.
También en Galicia, el exalcalde de la localidad coruñesa de Santa
Comba fue inhabilitado para cargo público por conceder hasta 43
licencias de 'tablaos' flamencos en el municipio para prolongar la hora
de cierre de los locales de hostelería.
También está el caso del municipio cántabro de Las Rozas de
Valdearroyo, en el que el alcalde nombró al inicio de la legislatura
actual como concejal del Medio Ambiente a Juan Carlos Lantarón Pérez,
condenado en febrero de 2006 a seis meses de cárcel y el pago de una
multa tras declararse culpable de un delito de incendio forestal.
También hay casos más llamativos, como el del concejal de Burgos
que dimitió tras gastar 207.000 euros en dos meses con el teléfono móvil
del Ayuntamiento, o el del Ayuntamiento de Torrevieja, en el que
algunos ediles utilizaron sus terminales para hacer llamadas a
prostitutas o suscribirse a un canal porno.
En algunos casos, la corrupción afecta al seno de los partidos
políticos, como es el caso de la ya extinguida formación Unió
Mallorquina, desaparecida después de que sus dirigentes, con Maria
Antonia Munar a la cabeza, estén relacionados con hasta nueve casos de
corrupción.
En Cataluña está abierto el caso Millet, que estudia la presunta
financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música y del
enriquecimiento de la cúpula de esta centenaria institución cultural
barcelonesa. Además del expresidente de la entidad, Fèlix Millet, y el
exdirector financiero, Jordi Montull, están imputado el extesorero de
CDC, Daniel Osàcar, y el exsecretario de Comunicación y actual director
de Comunicación del Ayuntamiento de Barcelona, Mar Puig.
Dentro de los casos que están siendo investigados en España hay
que destacar los del Bankia y la CAM, en los que están imputados
exmiembros de sus consejo de administración que han ostentado cargos
públicos, entre ellos los exministros Rodrigo Rato y Ángel Acebes, ex
secretarios de Estado, exdiputados o exalcaldes. También está en manos
de la Audiencia Nacional investigaciones sobre el Banco de Valencia,
Novacaixa Galicia y Caja Castilla-La Mancha.
