MADRID.- El protocolo general de colaboración entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y el Consorcio Regional de Transportes (CRT) blinda el carácter público del Metro al limitar a un máximo del 49 por ciento la participación de privados en el accionariado.
El documento incluye una cláusula por la cual, si en el futuro se obligara al Consistorio a prestar de nuevo el servicio de transporte de viajeros en suburbano y hubiera cambiado el capital social de la empresa, la capital tendrá derecho a recuperar el 51 por ciento del accionariado de la compañía para garantizar así la titularidad pública.
Así, se establece que, "si por Ley se transfiriera la competencia (del servicio de transporte de Metro) a la ciudad, el Ayuntamiento recuperaría la titularidad del conjunto de bienes y derechos inherentes a la prestación del servicio" o, en su caso, del "valor contable actualizado", así como "la titularidad de las acciones transmitidas, sin que en ningún caso el valor neto contable de las acciones recibidas actualizado el IPC sea inferior proporcionalmente al de las transmitidas, correspondiendo de no ser así a la Comunidad de Madrid abonar al Ayuntamiento la diferencia resultante".
Además, si en el momento de efectuar ese proceso de reversión, y "como consecuencia de modificaciones en el capital social, las acciones recuperadas no representasen la mayoría del mismo, la Comunidad de Madrid se obliga a transmitir al Ayuntamiento la titularidad de un número de acciones que representen al menos el 51 por ciento del capital, sin perjuicio de mantener el mismo valor neto contable de las transmitidas".
Posibilidades que, según el delegado de Hacienda y presidente de Metro, Juan Bravo, son muy "improbables" porque "la decisión que se está tomando (ahora) es irreversible". En cualquier caso, el delegado ha insistido en que si "desde el Estado o la Comunidad se cambia la normativa y se considera que el transporte en las ciudades o el Metro es competencia exclusiva de los municipios, este acuerdo blinda la posición del Ayuntamiento".
También ha manifestado que no sabe si la Comunidad de Madrid tiene intención de que entre o no capital privado en la compañía.
"Así que si somos obligados a prestar el servicio lo podremos hacer con medios adecuados y suficientes para garantizar el servicio público. Es improbabilísimo que eso suceda, pero es una garantía en defensa de los intereses de Madrid. Y lo mismo con respecto al capital social: el Ayuntamiento exige que, si sucede eso, se le entregue al menos una mayoría en el accionariado de la empresa para garantice que, si entra capital privado, la empresa Metro de Madrid tendrá como mínimo el 51 por ciento de titularidad publica", ha añadido.
Así, ha considerado que las condiciones incluidas en este protocolo son "razonables" y que además la transferencia de la titularidad de las acciones municipales a la Comunidad permitirá un ahorro de 159 millones de euros que ayudarán al Consistorio a "seguir prestando otros servicios públicos de los que es plenamente competente y que tiene que garantizar".
"Y no veo que en nada perjudique este acuerdo al servicio que Metro seguirá prestando a los más de 500 millones de viajes que se realizan al cabo del año", ha zanjado, defendiendo una vez más que esta decisión supone poner negro sobre blanco la realidad supramunicipal actual del suburbano madrileño.
Por otra parte, el protocolo estipula también la resolución de los convenios de transferencia de derechos sobre las acciones de Metro de Madrid, tanto entre el Ayuntamiento y el Consorcio, como entre este organismo y el Gobierno regional, "sin perjuicio de que posteriormente la Comunidad ceda los derechos al Consorcio de Transportes".
Así, el Ejecutivo autonómico incluirá, "a través de una propuesta de enmienda a la Ley de Acompañamiento, el reconocimiento del procedimiento para ceder los bienes y derechos inherentes a la prestación del servicio, además de las acciones, al Consorcio", por lo que hasta que no se apruebe esa normativa en la Asamblea de Madrid y hasta que el Pleno de la capital no dé el visto bueno al acuerdo no tendrá validez.
En cualquier caso, Bravo ha asegurado que el Consistorio seguirá contribuyendo a financiar el Consorcio en lo relativo a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) con unos 98,5 millones de euros, mientras que el resto de la aportación municipal que existía hasta el momento (159 millones) deberá asignarlos la Comunidad.
"El texto del protocolo es corto pero contundente y garantista ante cualquier eventualidad que pudiera surgir en el futuro", ha concluido Bravo.
Por su parte, los tres grupos de la oposición (UPyD, IU y PSOE) han decidido abstenerse en la votación en comisión y reservar su posición de voto para el debate de este asunto en el Pleno, que se celebrará previsiblemente el 22 de diciembre.
En cualquier caso, los tres partidos han expresado sus dudas con respecto a las cláusulas relativas a la reversión del servicio a la capital y al cambio en el capital social. El portavoz de IU, Jorge García Castaños, ha sido el más claro al preguntar que si "queda previsto que las modificaciones en el capital social puedan suponer la entrada de cualquier otra empresa privada".
"Aquí nada garantiza que el capital social no pueda cambiar sustancialmente entre lo público y lo privado en los próximos años", ha reprochado, señalando que los motivos que hay detrás de este acuerdo entre los responsables municipales son únicamente el ahorro de 159 millones y no la defensa del servicio ni la garantía de su mejor efectividad.
Por su parte, la portavoz socialista, Noelia Martínez, se ha pronunciado en la misma línea diciendo que este acuerdo no se deriva de "las necesidades de los madrileños o del Consorcio para dar una solución global al transporte público, sino que las razones se llaman 159 millones".
"El argumento es que busca que le cuadren las cuentas.. Si hubiera un análisis de que hay que reorganizar el transporte público en la región y centralizarlo en el Consorcio lo entenderíamos, pero eso no se ha hecho", ha añadido.
Asimismo, ha criticado la forma "oscurantista" en la que se ha llevado a cabo todo el proceso, con una negociación a dos bandas entre los ejecutivos local y autonómico y sin informar a la oposición más que por los medios de comunicación. "Se ha negado a explicar en este Ayuntamiento su posicionamiento sobre este protocolo, pero ahora vienen a ratificarlo con los grupos de la oposición", ha reprochado Martínez.
Por último, la edil ha apuntado que aunque los presupuestos de la capital para 2012 ya no incluyen la transferencia al Consorcio correspondiente al Metro, las cuentas del CRT ya aprobadas sí consignan la misma partida, sin que haya sido incluida sin embargo en el proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid.
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