domingo, 29 de enero de 2012

Secretarios judiciales temen que el juicio a Garzón tenga efectos intimidatorios

MADRID.- El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha mostrado hoy su apoyo a Baltasar Garzón y ha expresado su temor por que el proceso iniciado al juez por investigar los crímenes del franquismo pueda tener un "efecto intimidatorio" en la investigación de otros crímenes contra la Humanidad.

En un comunicado, el SISEJ se ha adherido a las diversas muestras de solidaridad que desde distintos colectivos se están produciendo a raíz de las tres causas abiertas en el Tribunal Supremo a Garzón: por las escuchas del "caso Gürtel", por investigar los crímenes de la Dictadura y por los cobros que recibió en los cursos que impartió en Nueva York.
Coinciden los secretarios judiciales con el temor expresado por la Comisión Internacional de Juristas de que el "proceso iniciado contra el magistrado Garzón pueda tener un efecto intimidatorio en la investigación de otros crímenes contra la Humanidad tanto a nivel estatal como internacional".
Para el sindicato, la actuación del juez al declarase competente para instruir la causa del franquismo se enmarca dentro de los "numerosos convenios internacionales suscritos por nuestro país" y normas de carácter supranacional que responden a las asociaciones que reclamaron "un reposo digno para sus familiares, víctimas de la contienda que enfrentó a los españoles".
No obstante, el SISEJ advierte de que con este apoyo a Garzón no quiere realizar un ataque a las decisiones del Tribunal Supremo, al que muestra su respeto "como órgano máximo de la jurisdicción, salvo la constitucional".
En su opinión, cualquier aplicación incorrecta de la ley por parte de jueces y tribunales debe resolverse mediante el "régimen de recursos ordinarios y extraordinarios", ya que "todo lo que va más allá supone un quebranto a la esencia que se preconiza para el tercer poder del Estado".
Los secretarios judiciales consideran imprescindible y necesario que los magistrados puedan aplicar la ley "con libertad e independencia" para que los ciudadanos "sigan confiando en la Justicia como máxima garantía de sus derechos".

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