MADRID.- La asamblea de la redacción de Informativos de la Cadena SER ha aprobado
un manifiesto en el que muestra su apoyo a la periodista de esta cadena
de emisoras, Pilar Velasco, cuya imputación ha sido forzada por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González,
quien ha recurrido a la Justicia hasta en tres ocasiones con este
objetivo.
Velasco, que ofreció una información veraz, como reconoce el
político madrileño, ha sido imputada por "insistir" en ejercer el
periodismo. Cien periodistas de la Cadena SER han rubricado el manifiesto,
en el que la redacción de informativos declara que "no permanecerá
callada" ante la "inadmisible persecución" y el "ataque a toda la
profesión". El documento, abierto también a nuevas firmas de los
compañeros de otros medios de comunicación, será remitido a las
distintas instituciones y asociaciones judiciales, colectivos de
periodistas y a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Expertos juristas y catedráticos de derecho penal consultados por la
Cadena SER coinciden en que la Constitución ampara el derecho del
periodista al secreto profesional y por tanto, a no revelar sus fuentes,
"en cualquier estado procesal" y "más aún" estando imputado.
El catedrático de derecho penal de la Universidad de Barcelona, Joan Queral, es contundente al respecto. Recuerda que "la Constitución prohíbe expresamente" que "se fuerce a revelar sus fuentes"
a un periodista imputado. Queral dice que "lo contrario" puede ser
constitutivo de un "apremio ilegítimo".
"Y no hay excepción", añade el
catedrático de derecha penal, "ni en estado de sitio o de excepción".
"Bajo ninguna condición", concluye.
Por su parte, el exmagistrado
del Tribunal Constitucional, Rafael de Mendizábal, incide en que el
secreto profesional del periodista, tal como figura en el artículo 20 de
la Constitución, "es un derecho absoluto" y puede alegarse "sea cual
sea" el delito y la posición procesal del periodista, a quien "le cubre en todo momento".
El exmagistrado del Constitucional dice que "lo mismo que se le exige
veracidad" al periodista -como sucede en este caso, en el que hasta la
acusación ha admitido que la información era veraz-, también "se le
protege para que no esté obligado a desvelar la fuente y pueda blindarse
ante cualquier intento por revelarla".
Y el catedrático de
derecho penal de la Universidad de Alcalá, Esteban Mestre, insiste en
que la periodista "no puede ser forzada" a revelar sus fuentes y que
está amparada por "el derecho a guardar silencio". Recuerda que el
imputado "es el dueño absoluto" de "todos los términos" de su declaración.
El poder político del Vicepresidente de Madrid, Ignacio González, no
debiera influir en la justicia, advierte la organización internacional
de periodistas, para quien Pilar Velasco no tiene que responder nunca ante la justicia por investigar un asunto de espionaje y
"haberse negado a desvelar sus fuentes". Llama la atención, y también
lo subraya la denuncia de Reporteros sin Fronteras, que la imputación se
produzca tres años después de la publicación de la noticia. Y que no se
acuse a otros medios que igualmente han desvelado informaciones sobre
el caso.
Han
pasado más de tres años desde que diversos medios de comunicación
publicaron la existencia de dosieres sobre el patrimonio y las
actividades del número dos de Esperanza Aguirre. La investigación,
encargada presuntamente a empresas de seguridad privada por un cliente
desconocido, incluía seguimientos y grabaciones con cámara oculta a
González durante un viaje oficial a Colombia. En concreto un viaje como
presidente del Canal de Isabel II, la empresa de aguas de Madrid. La
Cadena SER tuvo acceso al contenido grabado por las cámaras ocultas y lo
hizo público. La noticia no era el contenido o las conversaciones
mantenidos por González y sus interlocutores, sino el hecho y la confirmación de que el político estaba siendo vigilado fuera de España, desconociendo por completo la periodista las circunstancias o el procedimiento utilizado para obtener esas imágenes.
El vicepresidente Ignacio González, al que representan abogados de la Comunidad de Madrid, insiste en acusar a la periodista de la Cadena SER de revelación de secretos, ignorando noticias semejantes aparecidas en otros medios de comunicación. La Ser recurrirá la imputación.
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