MADRID.- El Defensor del Pueblo ha incluido las
quejas ciudadanas por identificaciones policiales callejeras basadas en
criterios raciales en el 'informe sombra' enviado al Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, una información
que complementará la remitida por el Gobierno y por una veintena de ONG y
que servirá a este organismo para examinar el cumplimiento en España
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Esta cuestión podría ser, por tanto, una de las que tenga que
aclarar la delegación española cuando el próximo lunes se someta al
examen oral del Comité. Durante dos jornadas, deberán defender el
informe elaborado por el Gobierno sobre el cumplimiento del Pacto y
responder, a demanda de los expertos, sobre las cuestiones planteadas
por las ONG y el Defensor del Pueblo en sus respectivos trabajos al
respecto.
El texto de la Alta Institución recoge diversos casos analizados
en sus informes anuales durante el periodo 2007-2010, como las citadas
redadas racistas, sobre las que referencia las "numerosas quejas de
ciudadanos de origen extranjero que han sido detenidos como consecuencia
de controles de identificación realizados de manera sistemática en
distintos lugares de Madrid".
"Antes de recibir estas quejas, el Defensor ya había iniciado una
investigación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para
conocer cómo se estaban realizando las diligencias de identificación en
la vía pública tras la entrada en vigor de la Circular 1/2010, de 25 de
enero. No obstante, de las quejas recibidas parecía desprenderse que se
estuviera haciendo una interpretación de la circular restrictiva con los
derechos de los ciudadanos extranjeros en función de sus rasgos
étnicos", explica la Alta Institución al Comité.
El texto del Defensor del Pueblo, en el que se recogen otros
asuntos como las quejas recibidas en 2007, 2008, 2009 y 2010 sobre
insuficiencia de recursos destinados a Educación, contesta al informe
del Ejecutivo destacando "el insuficiente tratamiento de determinados
aspectos como consecuencia de la no incorporación de más información
procedente de los gobiernos de las Comunidades Autónomas, competentes
constitucionalmente para la gestión material de muchos de los derechos
económicos, sociales y culturales concernidos".
En cuanto a los textos de las ONG, están implicadas un total de 20
y presentarán dos informes, uno elaborado por Amnistía Internacional y
otro firmado por una coalición de 19 entidades entre las que se
encuentran la Asociación Española para el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos (AEDIDH), el Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI) o la Fundación Secretariado Gitano,
entre otras.
Sus trabajos concluyen que "en España no se protegen los derechos
sociales", como trasladarán ante el Comité este lunes antes de que
empiece el examen a la delegación española, que comparece por primera
vez en 8 años.
Aunque los informes sólo abarcan hasta 2009/2010, las entidades
confían en poder trasladar preocupaciones sobre cuestiones más
recientes, como los recortes a cuenta de la crisis económica, a fin de
que los expertos de la ONU puedan preguntar a España sobre estos
asuntos, conforme han explicado hoy fuentes de estas
entidades.
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