MADRID.- Decenas de personas relacionadas con el
movimiento 'indignado' han reclamado durante este jueves en Delegación
de Gobierno el archivo de las sanciones policiales en las
manifestaciones y otro tipo de acciones de protesta desde el inicio de
este movimiento el pasado 15 de mayo de 2011.
Convocados por la Comisión de Legal de Acampada Sol, unas cuarenta
personas han hecho cola a partir de las 12 horas frente al registro de
la institución madrileña dirigida por Cristina Cifuentes, y en grupos de
seis han accedido a estas dependencias para entregar escritos, tanto si
habían recibido sanción como si no.
La entrega conjunta, denominada '#Cifuarchiva', tiene como
objetivo que la Delegación comunique el número de expedientes
sancionadores abiertos relativos a las acciones vinculadas con el
movimiento 15-M, así como la retirada de los mismos.
La acción ha estado fuertemente vigilada por la Policía, presente
con hasta seis furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en
las inmediaciones de Delegación del Gobierno.
Las sanciones aludían al cumplimiento a la Ley Orgánica 1/1992 de
Protección de la Seguridad Ciudadana, y la mayoría tenían una cuantía de
300 euros. Sin embargo, tal y como ha explicado un
miembro de la Comisión de Legal presente en el lugar, han conocido casos
de personas sancionadas con 3.600 euros por colocar carteles, al estar
moviendo o tapando señales, según la justificación de la Policía.
Desde la Comisión de Legal tienen constancia de más de 400
denuncias, además de las 350 personas que, según ha comunicado
Delegación de Gobierno, serán sancionadas por participar en las acciones
de protesta entre los días 12 y 15 de mayo.
Para esta comisión, el aumento de las sanciones va en consonancia
con una estrategia de "represión de baja intensidad" por parte de las
autoridades, mientras desciende el número de detenciones, al ser "más
visibles".
"Llaman más la atención. Es una represión más silenciosa",
han dicho. Así, han constatado que las concentraciones desarrolladas por
este movimiento se saldan con una horquilla de entre 20 y 80
identificaciones.
Según han comentado varias de las personas que esperaban a
entregar sus escritos, no todas las personas identificadas por la
Policía reciben finalmente su sanción. Tampoco todas las personas
presentes en las protestas son requeridas por su identificación.
Desde Legal también han criticado la cuestión económica que supone
pagar por estas sanciones, "especialmente en una situación de crisis".
"Parece que para manifestarte y exigir tus derechos va a ser necesario
preparar un fondo común", han ironizado.
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