MADRID.- El magistrado Santiago Torres ha procesado a
un total de veintiséis personas, seis de ellas técnicos municipales, en
el denominado 'caso Guateque' en el ha investigado desde hace cinco años
una presunta trama de licencias exprés en el Ayuntamiento de Madrid.
Este caso se remonta al 14 de noviembre de 2007 cuando se
produjo la detención de 16 personas por orden del juez Santiago Torres,
al frente del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid. Entre los
apresados, figuraban funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, la
Concejalía de Medio Ambiente y varias Juntas Municipales.
En un auto fechado el pasado 21 de junio, Santiago Torres transforma las diligencias de
investigación de la pieza principal del 'caso Guateque' en procedimiento
abreviado ante los "indicios racionales" de delito que encuentra, lo
que supone el fin de la instrucción. Contra la resolución, cabe recurso
de reforma ante el propio juez.
Entre los procesados, figuran los empresarios Carmelo G.S. y
Santiago C.M., quienes según el juez eran los intermediarios entre el
empresario y el funcionario encargado de la gestión administrativa.
Además, se encargaban de la captación de clientes.
Asimismo, hay varios técnicos municipales como el
exfuncionario del área de Disciplina Urbanística Fernando R.T., el
exempleado público Luis O., Fernando Z.M. --de la Junta municipal de
Centro--, Manuel A.H. --de la Junta municipal de centro--, José Antonio
J.D. -- de Urbanismo--, y Juan Luis E. --Junta municipal de Tetuán.
Se les imputa a todos los procesados delitos de cohecho,
contra la ordenación del territorio, falsedad en documento público,
tráfico de influencias e infidelidad en la custodia de documentos.
Según el juez, Santiago C.M. era propietario de un estudio de
arquitectura encargado de la tramitación de expedientes de licencias.
Así, Carmelo y Santiago se ponían en contacto con los clientes para
ofrecer la agilización de licencias en materia de disciplina urbanística
y licencias de apertura, entre otras materias.
Todo ello lo hacían "previa solicitud de cantidades de dinero
muy superiores al coste inicial de la tramitación de los expedientes de
forma legal". "Estas cantidades de dinero tenían repartidas en mayor o
menor medida entra las distintas personas, tanto funcionarios como
particulares, que intervienen en la gestión", señala el auto.
"Estas gestiones consistían principalmente en acortar
notablemente los tiempos en la tramitación de los expedientes y que la
decisión definitiva fuera favorable a obtener dictámenes favorables",
añade el texto.
En concreto, los expedientes se refieren a los locales
ubicados en la calle Piamonte 7, Lavapies 50, Flor Baja 1, Núñez de Arce
14, Manuel Fernández Y González y, Presidente Carmona, 7, Ana Marta 20,
San Marcos 17, Zabaleta 36, Concha Espina 39, Columena 5, Juan Bravo
49, Plaza de Jesús 7, Illescas 98 y Santa Lucía 21, entre otros.
Finalmente, el juez Santiago Torres no ha procesado a los que
eran los principales imputados Joaquín Fernández de Castro y Victoriano
Ceballos, entre otros funcionarios.
Así, el juez emplaza ahora a las partes a formular en el plazo
de diez días sus escritos de acusación para la formulación de la
apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa.
La resolución se ha dictado pocos días antes de que Santiago
Torres abandone el Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid debido a
su traslado a la Audiencia Provincial de Madrid.
El magistrado tiene pendiente un expediente sancionador
impuesto por el CGPJ debido a las dilaciones en la investigación del
'caso Guateque'.
La investigación se abrió a instancias de una denuncia
de Manos Limpias.
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