MADRID.- La Delegación de Gobierno en Madrid ha
acordado en una resolución sancionar con 6.000 euros de multa al
convocante de la manifestación del 25 de septiembre en torno al Congreso
de los Diputados, que acabó con 35 detenidos y 64 heridos, por "no garantizar la seguridad de la protesta", según han informado fuentes cercanas al caso.
El departamento que dirige Cristina Cifuentes fundamenta el
escrito, firmado el 15 de octubre, en el artículo 4.2 de la Ley que
regula del Derecho de Reunión, que especifica que la responsabilidad de
los actos derivados de una manifestación es de sus organizadores y que
éstos deben garantizar el buen orden y la seguridad de las protestas
para conseguir el buen curso de las mimas.
En concreto, según informes facilitados por la Jefatura Superior
de la Policía a la Delegación, la concentración del 25 de septiembre
derivó en importantes incidentes. Así, recuerdan que, aunque la
concentración transcurrió con normalidad hasta las 19 horas, "a partir
de entonces se produjo un lanzamiento de objetos contundentes contra la
Policía, intentos de traspasar el área de seguridad y agresiones a
policías".
"En ningún momento se pudo apreciar por parte de la Policía la
existencia de medidas de seguridad adoptadas por los organizadores de
los actos ni de la actuación de un servicio de orden que velase por los
mismos", apunta el escrito sancionador.
La Delegación señala que, de esta forma, el convocante de
la marcha no cumplió con lo indicado por la institución el 20 de
septiembre, donde se fijaban las condiciones de la manifestación
comunicada. Por tanto, considera que estos hechos pueden ser
constitutivos de una "infracción administrativa grave" del artículo 23.c de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
En base a todo ello, la Delegación del Gobierno en Madrid ha
acordado iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra el
convocante de la manifestación del 25-S. Esta persona podrá participar
de derecho de audiencia y presentar alegaciones en un plazo de 15 días
advirtiendo que si no lo hace recibirá automáticamente una multa de
6.000 euros.
Fuentes del departamento que dirige Cristina Cifuentes han señalado que esta multa "no es excepcional"
y que a lo largo del año se ha sancionado a numerosos promotores y
convocantes de protestas, entre ellos organizaciones políticas,
sindicales y particulares, por incumplir en cuanto al tiempo, ubicación,
recorrido o seguridad los términos dictados previamente por la
Delegación del Gobierno sobre una manifestación o concentración
concreta.
Por su parte, la Coordinadora 25-S, el colectivo que organiza los
actos de protesta frente al Congreso, ha publicado este miércoles en su
cuenta de Twitter que este domingo debatirán si asumir o no entre todos
la sanción de 6.000 impuesta al convocante de la marcha del 25 de
septiembre.
No obstante, han aclarado que la persona que comunicó a la Delegación del Gobierno dicha manifestación lo hizo por su cuenta "pasando y saltándose el consenso colectivo" de los miembros de la Coordinadora.
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