MADRID.- El ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa
rechaza haber mantenido una relación de amistad con el que fuera
presidente de la patronal y copropietario del Grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán,
y asegura que el crédito de 26,6 millones que la entidad concedió al
empresario superó todos los filtros y contó con el aval de la Comunidad
de Madrid.
Así consta en la declaración que prestó Blesa el pasado diciembre
ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, José
Silva, como imputado de delitos societarios y de falsedad documental por
el préstamo concedido por Caja Madrid al conglomerado empresarial de Díaz Ferrán cuando éste era miembro del Consejo de Administración de la caja de ahorros.
En su declaración, Blesa destaca que "jamás" tomó ninguna decisión relativa a Díaz Ferrán por motivos de amistad porque "no la tenían"
y que además nunca coincidieron en el consejo de administración de
ninguna empresa. Sólo tuvo relación con él cuando eran consejeros de la
caja madrileña.
En su época de presidencia de Caja Madrid, el imputado enfatiza que no se abrieron líneas de crédito a favor de Díaz Ferrán
sin garantías, aunque desconoce si ésto se llegó a hacer con
posterioridad. Reconoce que se aprobaron varias operaciones de crédito
para la familia del ex presidente de la CEOE y cree que éstas también
las debió aprobar el Consejo de Administración, por lo menos si éste
aparecía como avalista.
Blesa ostentó la presidencia del Consejo de Administración de Caja
Madrid desde el 11 de septiembre de 1996 hasta enero de 2010. Por
aquellas fechas, afirmó que siempre había mantenido una buena relación
con el empresario hasta que éste defraudó su confianza al incurrir en el
impago del crédito millonario en 2009, algo que prohibían expresamente
los estatutos de la entidad y por lo que se le abrió un expediente.
El ex presidente de Caja Madrid se retrotrajo en sede judicial a
la concesión del préstamo que es objeto de cuestión e hizo hincapié en
las garantías impuestas cuando el destinatario es miembro del propio
consejo.
Blesa subrayó así ante el juez que la entidad disponía de
protocolos sobre conflictos de intereses y que, en virtud de ello, el
crédito fue estudiado por el comité de riesgos, el comité financiero y
el Consejo de Administración de la entidad, así como por la misma
Comunidad de Madrid.
Precisamente, el artículo 56 de la Ley de Cajas de Ahorros de la
Comunidad de Madrid exige la autorización de la consejería de Hacienda
cuando se trata de un crédito a un consejero. En 2009, la Comunidad de
Madrid autorizó una segunda operación de crédito sobre el préstamo
inicial solicitada por Díaz Ferrán, aunque ésta no llegó a materializarse porque la notaría alegó que las acciones de Marsans habían sido pignoradas por Banesto.
Al ser preguntado por el juez si la entidad cobró el crédito
valorado en 26 millones de euros, Blesa respondió que desconoce este
extremo, si bien agregó que la devolución no se había producido antes de
que abandonara la presidencia. Por esas fechas, se iniciaron dos
procesos, uno destinado al cobro, y otro en el que se abría expediente
contra Díaz Ferrán por no hacer frente al préstamo.
En este punto, Blesa apuntó que cesó en su cargo antes de que la
empresa Marsans entrara en concurso, el cual se produjo en 2012. Dos
años antes, en 2010, Díaz-Ferrán logró la renovación del crédito vencido
cuando la caja aceptó nuevas garantías para respaldar el préstamo.
El juez está a la espera de recibir la documentación de requirió
el pasado diciembre a la Dirección General de la Policía, al Banco de
España, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al
Consejo General del Notariado y al propio presidente de Bankia, José
Ignacio Goirigolzarri, sobre el patrimonio y las salidas al extranjero
de los imputados, entre otras cuestiones.
Las defensas de Díaz Ferrán y Blesa solicitaron durante los
interrogatorios la deducción de testimonio contra la denunciante, Manos
Limpias, por un delito contra la Administración de Justicia al alegar
que los hechos son falsos y sólo buscan generar "de una manera espuria un titular periodístico", lo que supone, a su juicio, un manifiesto abuso de derecho.
Manos Limpias acusa a Blesa de conceder un crédito doloso por importe de 26,6 millones de euros a Díaz Ferrán en el que figuraba como "garantía un holding empresarial que se encontraba en quiebra".
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