martes, 19 de febrero de 2013

IU denuncia que hay 13.519 solicitantes de ayuda a domicilio en Madrid

MADRID.- La portavoz de IU de Familia y Servicios Sociales, María del Prado de la Mata, ha denunciado este martes en la comisión ordinaria del ramo que en la actualidad hay 13.519 solicitantes de ayuda a domicilio en la capital cuando el área de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid "ha desviado 4 millones de euros a tapar agujeros financieros".

   De la Mata ha llevado a la comisión el caso de una mujer, de 81 años y que vive sola. Hace un año fue informada por la Junta de Moncloa-Aravaca de que aprobaban su petición de solicitud de ayuda a domicilio. Han pasado más de 365 días pero esta anciana sigue sin recibir la prestación mientras que su distrito "dejó de gastar en este concepto más de 176.000 euros".
   Con este panorama, como ha expuesto IU, el Ayuntamiento de Madrid ha desviado 4,1 millones de euros millones 'sobrantes' de esta partida a otra denominada Servicios Nuevos. Se trata, en palabras de la coalición de izquierdas, de "tapar algunos de los incontables agujeros financieros del municipio".
   El coordinador de Familia y Servicios Sociales, Carlos Martínez Serrano, ha hecho un recorrido por la aportación del área al servicio de ayuda a domicilio. Así, ha recordado que el contrato expiró el 30 de septiembre del año pasado, sin posibilidad de más prórrogas.
   En el pasado ejercicio se contó con un crédito total de 149 millones de euros repartidos en partidas entre los distritos y la dirección general del área. De esos 149 millones, un total de 54,5 millones se financiaban por la Comunidad con destino al servicio de ayuda a domicilio para dependientes.
   El Ayuntamiento se encontraba de este modo con un crédito comprometido para 2012 entre enero y septiembre y otro, a partir de diciembre, dotado con 80 millones de euros ampliable si se firmaba un nuevo convenio con la Comunidad, como así fue, por valor de 50 millones. De octubre a diciembre se dio luz verde a una disponibilidad de crédito por parte de la Junta de Gobierno permitiendo que el servicio "se prestase sin interrupción alguna".

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